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(27 de septiembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, denunció la falta de atención por parte del Estado al conflicto interno en el ejido Ricardo Flores Magón en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, derivado del posicionamiento que mantienen un grupo de ejidatarios de ese lugar de no permitir el paso de compañías mineras por esa comunidad.
Ya que en estos momentos los empresarios mineros insisten en reactivar un proyecto minero que se logró detener en 2003, ya que se practicaba la minería a cielo abierto, acción que está comprobada es de las más peligrosas para el medio ambiente. El 12 de mayo cuando el Comité tuvo una reunión con instancias de gobierno estatal, se llegó al acuerdo que por el momento no se facilitaría ningún permiso de explotación minera.
Bajo el argumento que la empresa que anteriormente explotaba dicha mina no cumplió con una sanción que se le impuso a su salida en diciembre de 2009. Cabe señalar que, esta negativa surge de la experiencia que vivieron en el año 2007 cuando permitieron el paso de la minera canadiense Blak Fire, con la cual fueron afectados, con daños que van desde el deterioro de sus carreteras, hasta daños a su salud; por lo que hasta el día de hoy mantienen firme su decisión de no permitir el paso de compañías mineras, se explica.
En tanto, el 14 de mayo pasado, cuando un grupo de ejidatarios participaba en labores de vigilancia para prohibir la entrada a mineros a sus territorios junto a otras personas de otras localidades fueron amenazados de muerte por una persona que responde a nombre de Isidro López Alvarado, vecino del mismo lugar quien portaba un arma de fuego.
Hechos que fueron del conocimiento del Ministerio Publico de Chicomuselo por el cual se abrió el Registro de Atención Número 016-030-0605-2017, cabe señalar que Alvarado reconoció los hechos y se comprometió a respetar la integridad de las personas, turnando el archivo como caso concluido por conveniencia de las partes.
“Estos hechos nos recuerdan el caso de Mariano Abarca Roblero, asesinado en el año 2009 por oponerse a la explotación minera en Chicomuselo, que operaba la empresa canadiense Blak Fire, quien fue amenazado de muerte y aunque denunció los hechos ante la Fiscalía del Ministerio Público quince días después fue asesinado, caso que hasta el momento sigue sin esclarecerse”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Francisca González Gutiérrez, miembro del El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”.
Además, señala que la insistencia de compañías mineras por explotar minerales en distintas localidades del municipio de Chicomuselo, sigue provocando división del tejido social.
“Y es que estas empresas se aprovechan de la pobreza de los habitantes para ofrecerles apoyos económicos para que acepten el proyecto minero, situación que provoca aumento de la conflictividad entre los que rechazan la actividad minera y de quienes están a favor.
A principio de año y en todas las festividades como día de las madres o del niño o del padre, llevar juguetes, regalos y ya con eso la gente se siente convencida que si entran habrán más cosas como esas y dinero, pero no es verdad ya se vivió. Prometen y después solamente usan las minas en su beneficio y a nosotros nos acaban”, señala la defensora ambientalista.
Además, indica que, por información que proporcionan las comunidades se tiene conocimiento que la empresa Minera Barita de Chiapas, representada por Alfonso Alarcón, supuesto propietario de las concesiones mineras en Chicomuselo, es la que se encuentra negociando el paso por el ejido Ricardo Flores Magón y en el ejido Grecia donde pretenden explotar los recursos minerales que hasta la fecha se mantiene suspendido.
González Gutiérrez, indica que la minera también ha regalado dinero a los pobladores, señalando que en algunas ocasiones son 500 pesos, “estos mineros, juegan con la pobreza de las comunidades. Además, como en años atrás ofrecen escuelas, carreteras, hospitales pero nunca construyen nada, solamente obtienen ganancias para ellos. Después cuando se les reclama dicen que ‘el gobierno no los dejó’, total que nunca cumplen con lo que prometen aunque haya papeles firmados”.
A su vez, la activista vuelve a retomar el tema de sus compañeros amenazados de muerte, señalando que aun cuando han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público para que sepa que sus vidas corren peligro, nada ha cambiado en cuanto a la seguridad.
“Tememos por la vida de estos promotores de derechos humanos que por defender la tierra y la población de las mineras, puedan ser asesinados cualquier día. Lamentablemente aun cuando los mismos pobladores ya padecieron enfermedades, escasez de agua, contaminación y otros daños, se les olvida cuando estos nuevos empresarios les dan dinero. A pesar de lo que se sufre, ellos dan permiso a estas empresas mineras en gran parte por la necesidad”, puntualiza.
Cabe mencionar que actualmente el municipio de Chicomuselo tiene 12 concesiones mineras con vigencia hasta el año 2059, mismas que fueron otorgadas a diversas compañías sin el consentimiento libre, previo e informado de sus habitantes tal y como se establece en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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