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Vivimos en un conflicto armado, el Estado con las armas y nosotros con los muertos y los desaparecidos: Eugenia Rodríguez
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(16 de agosto, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Ser víctima de una detención arbitraria en la mayoría de los casos es garantía de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, en el menor de los casos tortura. Es el método usado por policías y fuerzas armadas, éstas últimas con suficiente poder para decidir qué hacer y cómo con un detenido o detenidos sin que exista temor a ser denunciados.
Están lo suficientemente empoderados que cualquier elemento puede cometer detenciones arbitrarias a plena luz del día sin que le preocupe los testigos. Esa prepotencia se la ha otorgado el gobierno que a su vez se ha convertido en elemento clave para ser un factor aun más importante que el mismo mandatario en turno”, señala a Revolución TRESPUNTOCERO la defensora de derechos humanos, Eugenia Rodríguez.
Chablekal es una comunidad en su mayoría maya que se encuentra al norte de la ciudad de Mérida, Yucatán. Sus habitantes atestiguaron, el 3 de mayo de 2016, la entrada de un gran contingente de la policía estatal que acudía por segunda ocasión ese mismo día para cumplir una orden judicial de desalojo en una casa.
La primera vez que lo intentaron algunos pobladores los repelieron de diversas formas e incluso algunos les arrojaron piedras. Ese día los policías arrestaron, golpearon y amedrentaron a varias personas, aunque muchas no tenían nada que ver con el desalojo.
Los policías entraron a la iglesia y a varias casas sin contar con una orden judicial, entre ellas, a la casa de la familia Euan, que no tenía relación alguna con el proceso de desalojo, informó Amnistía Internacional.
Allí destruyeron muebles y otros objetos; lanzaron gases lacrimógenos en el jardín e incluso dentro de la casa; amenazaron a las personas que estaban ahí; golpearon y arrestaron a Pedro Euan Flores e hirieron a uno de sus hijos, quien se recuperaba de una lesión y estaba en muletas.
“A otro de sus hijos, Pedro Antonio Euan Santana, lo sacaron por la fuerza de su hogar y lo golpearon en la calle, durante esta acción perdió su calzado y parte de su vestimenta y fue forzado a caminar descalzo sobre el asfalto ardiente, las quemaduras que sufrió le impidieron caminar durante varias semanas”, señalaron en su testimonio.
Pedro Antonio Euan y otros pobladores fueron detenidos arbitrariamente por la policía. Tras su arresto, no les explicaron qué pasaba o por qué los detenían, y los llevaron en patrullas a la ciudad de Mérida. Ahí estuvieron detenidos sin recibir atención médica por dos días hasta que sus abogados consiguieron su libertad.
Se informó que durante los hechos, la policía obstaculizó el trabajo de documentación de la organización de derechos humanos Indignación, y arrestó momentáneamente a dos de sus integrantes.
Se presentaron denuncias en la Fiscalía General del Estado de Yucatán contra los policías, sin embargo no hubo ningún avance de la investigación que debió haberse realizado.
“Las consecuencias de las detenciones arbitrarias son físicas, porque siempre son golpeados, si son mujeres posiblemente abusadas sexualmente, traumas psicológicos, físicos, y también problemas económicos porque si se llega a prisión les inventan o delitos graves o alguno del que se requiera pagar una alta suma de dinero como fianza a cambio de la libertad.
Lo cierto es que si México es la gran fosa clandestina, también es la gran casa de seguridad donde se tortura y el territorio donde todo el que decida la policía o las fuerzas armadas ha sido ‘detenido en flagrancia’, porque miente vilmente el gobierno y los titulares de Sedena y Marina, al decir que se conoce de Derechos Humanos, cuando son precisamente esos los que están siendo atacados y aniquilados, la estrategia es precisamente violarlos”, agrega Rodríguez.
Amnistía Internacional señala que existen casos que se inician con un arresto arbitrario y culminan con graves violaciones a los derechos humanos. “Cuando una persona es detenida arbitrariamente no sólo se afecta su derecho a la libertad personal sino que se ponen en riesgo muchos otros derechos como el derecho a la integridad personal y las garantías de un juicio justo”, se reitera.
Y es que, se detalla, que estar privado ilícitamente de la libertad, causa inseguridad, malestar y zozobra en la persona que no sabe qué es lo que puede ocurrirle sobre todo cuando se prolonga el tiempo de puesta a disposición y en ausencia de registro de detención y otras salvaguardas. “En algunas ocasiones, estas mismas afectaciones alcanzan a sus familiares u otras personas cercanas y pueden constituir una violación al derecho a la integridad personal”.
“No podemos esconder ni negar que la administración de Calderón y la de Enrique Peña Nieto, usaron como principal móvil el combate del narco contra el pueblo, no contra los capos y sus cárteles, eso era solamente una excusa para violar los derechos humanos y tener el control por miedo de terror.
Vivimos entre levantones y detenciones arbitrarias, entre ejecuciones extrajudiciales y el miserable discurso de las cabezas de Marina, Ejército y gobierno federal. Todo esto cada vez más sangriento y burlón -en casa caso-. Vivimos dentro de un conflicto armado, el Estado con las armas y nosotros con los muertos, los desaparecidos, las fosas clandestinas las ponen ellos y nosotros, el pueblo los cadáveres”, señala Rodríguez.
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