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Violaciones graves a DH contra familias de desaparecidos, derrumbaron escenario que Gobierno intentaba maquillar: ONG
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(07 de agosto, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “En este arduo caminar por la defensa y promoción de los derechos humanos, nunca vislumbramos que la violencia e impunidad de las autoridades se antepondrían de manera atroz ante los derechos humanos universalmente reconocidos.
La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe de país que México vive ‘una grave crisis de derechos humanos y violencia, que lo ha llevado a niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada de las víctimas y familiares’”, señala el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
A su vez, menciona que dicho informe -refutado por el Gobierno Federal- afirmó también que la “estrategia militarizada” iniciada por Felipe Calderón para combatir el narcotráfico, se intensificó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto sería un obstáculo mayúsculo para avanzar en la lucha tenaz de los familiares de desaparecidos para alcanzar la verdad y lograr justicia.
Ante este panorama sombrío, “han sido las familias de las personas desaparecidas, torturadas y/o ejecutadas extrajudicialmente, quienes a costa de su dolor dejaron sus casas para alzar la voz; para ir en busca de sus familiares; exigir justicia y verdad ante las instancias nacionales e internacionales para contener esta vorágine delincuencial consentida por las autoridades.
Las voces de las víctimas han sido desoídas por las autoridades que se han obstinado por ocultar la verdad, sin embargo, la fuerza incontenible de las familias han desmontado esta estructura delincuencial para desenmascarar los argumentos falaces de la ‘verdad histórica’”, se indica.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), existen alrededor de 32 mil personas no localizadas (de acuerdo a las averiguaciones previas del fuero común y del fuero federal) sin embargo, “las cifras no son 100% confiables, pues no existe una metodología clara que pueda arrojar un diagnóstico de la magnitud del problema que enfrenta nuestro país en este sentido”, señala Tlachinollan.
A su vez se reclama que son las madres, esposas, padres, hijas e hijos quienes acuden a los servicios médicos forenses, a los Ministerios Públicos. “Se han armado de gran valor para subir a los cerros y buscar fosas clandestinas. En medio de los riesgos que corren por la delincuencia protegida por las autoridades, las familias escarban en los cerros para desentrañar la verdad”.
“A ese clamor se unieron las 43 familias de los normalistas desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de 2014. Las violaciones graves a sus derechos humanos derrumbaron el escenario que el Gobierno Federal intentaba maquillar con la versión falaz de la verdad histórica”.
Por este motivo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organiza el Foro “Contra el dolor y el miedo: Un grito de esperanza”, los días 8 y 9 de agosto en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
El objetivo de este encuentro es propiciar un diálogo entre los diferentes colectivos de familiares de desaparecidos retroalimentado con la reflexiones de colegas que han demostrado un compromiso probado en favor de las víctimas de desaparición forzada.
Y se contará con la presencia de familiares de víctimas y personas que a nivel estatal, nacional e internacional trabajan contra la desaparición y la desaparición forzada de las personas y en defensa de los derechos humanos.
Estarán presentes: Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH); Luis Raúl González, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Blanca Martínez, Directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Santiago Corcuera, Ex miembro presidente del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas; Ariel Dulitzky, Ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas; Dolores González Saravia, Servicio y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Miguel Álvarez Gándara (SERAPAZ); Alejandra Nuño, Subdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Luis Tapia Olivares, Abogado en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; Humberto Guerrero, Coordinador en Fundar Centro de Análisis e Investigación y Miguel Nieva, Consultor Forense e Internacional.
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