Tragedia de los 72 es producto del narco Estado terrorista; Ejército mexicano estuvo involucrado: Fray Tomás

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By Redacción Revolución

(24 de agosto, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Hace siete años en México se registró la que posiblemente sería la puerta de entrada a una serie de masacres posteriores, que iniciaron en San Fernando, Tamaulipas, cuando 72 migrantes fueron ejecutados.

Siendo esto solamente la primera parte de una larga tragedia donde la violación a Derechos Humanos de las víctimas y sus familiares ha sido cometida tanto por las dependencias del Estado encargadas de impartir justicia hasta, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a decir por activistas y organizaciones. 

Sobre la masacre, Fray Tomás González Castillo, director del albergue de migrantes “La 72”, en Tenosique, Tabasco, comenta en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO, que la tragedia de los 72 migrantes es producto de vivir en un “narco Estado terrorista”. “A partir de la adjetivación se deriva todo lo que es el Estado mexicano, que tiene como política pública el terror; un Estado cínico que no le importa la justicia y por lo tanto es un estado impune, pero además también es corrupto”, indica.

A su vez, indica que no hay masacre reciente en México, sea de indígenas como en Acteal, sea de estudiantes, de profesores, de migrantes o de sociedad civil donde no esté involucrado el ejército. “En todas las masacres recientes en nuestro país el ejército mexicano está involucrado”, sentencia Fray Tomás.

Y agrega que “el narco Estado terrorista utiliza al ejército como una de sus políticas para ejercer la represión, el dominio, el miedo, para eso usan las Fuerzas Armadas”.

Este miércoles, en una de las salas del museo Memoria y Tolerancia, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho llevó a cabo un conversatorio a propósito del séptimo aniversario de la muerte violenta de 72 víctimas migrantes, entre las que se encontraban hombres y mujeres oriundos de México, Brasil, Guatemala, El Salvador y Honduras, precisamente entidades con altos índices de homicidio. 

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación, inició el acto asegurando que son ausencias que duelen y que no solamente han marcado al país, sino al continente mismo, así como la conciencia internacional de lo que tiene que enfrentar la población migrante cuando trata de llegar a otro país para tener acceso a una vida digna. 

“Se quiere la reparación pero sobre todo obtener lo más difícil que es la verdad. La cual cruza por una de las cosas fundamentales y es simplemente saber si los restos recibidos por las familias realmente pertenecen a los migrantes. La verdad también cruza por 10 restos humanos que siguen sin identificarse”, señala Delgadillo.

El 24 de agosto de 2010, la Marina localizó 72 cuerpos de migrantes en Tamaulipas y a partir de ahí las familias han emprendido un camino sinuoso por el acceso a la verdad y a la justicia. A decir por Delgadillo, si es complicado para las familias de desaparecidos en México obtener verdad y justicia, lo es aún más para los seres queridos de aquellos migrantes. 

Uno de los impedimentos es no estar en el país y además, lamentó que la voluntad estatal y la voluntad de las autoridades debiera estar presente en todas las necesidades de las familias y aún falta mucho camino por recorrer, señala.

Dentro de las principales características del caso, es el camino largo y sinuoso camino de litigios que se han llevado a cabo solamente por tratar de obtener la copias de los expedientes de la masacre, para que las familias que están en otros países sepan cuál es el contenido de las investigaciones y qué se ha hecho hasta el momento. Incluso se han realizado litigios para que el Estado investigue al Estado, para conocer si está o no implicado, se dio a conocer.

Sobre el tema del expediente de la investigación negado, Fray Tomás comenta a este medio que, “yo no creo que tengan ningún expediente que sea veraz. El Estado también falló en esto, en el cuidado de los cuerpos, de la documentación y de las entrevistas. Para muestra el Ministerio Público que se encargó del caso fue ejecutado dos o tres días después de ser nombrado para estar al frente del caso”.

A su vez, señala que no hay ningún tipo de seguimiento y se suma la alta corrupción, el encubrimiento que da como resultado la impunidad, indica. “En caso que tengan expedientes seguramente están tachados en negro, para que no se den cuenta de lo que hay. 

Por eso no creo que el Estado vaya a generar justicia. Tenemos que hacer un rompecabezas de aquellas personas que fueran testigos de la masacre desde fuera, tal vez sacerdotes de la iglesia católica y la sociedad civil e ir reconstruyendo esta historia doliente, donde sí se puede lograr saber la verdad”.

En tanto, durante la conferencia de prensa se mencionó que la CNDH emitió una recomendación en diciembre de 2013 “y de las grandes ausencias de esa recomendación es que no hay ninguna investigación donde diga si el Estado violó por acción u omisión el derecho a la vida de los 72. Tenemos noticias que posiblemente el 20 de septiembre el caso que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia será resuelto posiblemente”, señala Delgadillo.

Durante la entrevista por aparte, Fray Tomás señaló que la CNDH terminó criminalizando a las víctimas. “Después de la recomendación tardía que llegó con tres años de atraso, al no aceptarla, la Comisión comenzó a recriminar a las familias. Ese fue el papel de la CNDH”. 

En tanto, durante su participación, Mirna Solórzano, madre de Glenda una de las víctimas de la masacre de San Fernando, recordó que su hija salió de El Salvador el 10 de agosto con rumbo a Estados Unidos, pero fue hasta el 14 de ese mismo mes que se comunicó con su familia, asegurando que se encontraba bien, ya en México. 

“Después de ese día seguimos esperando que me llamara pero ya nunca más lo hizo. Fue hasta el 26 de agosto cuando me visitaron de la cancillería para avisarme qué había pasado con mi hija. También se informó que la única justificación para asegurar que uno de los cuerpos correspondía al de mi hija era que cerca de ahí estaba tirada una credencial que era de ella”, afirma.

Dicho sea de paso, a Mirna la llevaron a realizarse las pruebas de ADN, y fue pocas horas después cuando aseguraron que ya estaban listos los resultados. A Mirna le afirmaron que se trataba del cuerpo de su hija, aunque ella nunca lo creyó, principalmente porque nunca le entregaron algún tipo de documento que lo avalara, además de los resultados ‘exprés’. Y los supuestos resultados se los dieron en cuestión de horas.

“Siempre tuve dudas, por eso en la PGR me dijeron que me iban enseñar unas fotos de cómo habían encontrado a mis familiares; ahí me dijeron que tenía una caja con todas las pertenencias de las 72 personas. Y que de mi hija solamente tenían la credencial y por estar junto al cuerpo que me entregaron asumían que ella era mi familia, y aunque también había estudios de ADN, fueron demasiado rápidos los resultados como para creer que eran veraces”, indicó Mirna.

Sobre ese punto, Fray Tomás señala que “a las familias de las víctimas mortales que ahora visitan el país no les entregaron el cuerpo de su familiar. Lo que indica un evidente descuido nuevamente del Estado. No tuvieron tampoco ningún cuidado en el traslado de los cuerpos mucho menos ningún respeto por las víctimas. Ningún respeto por entregarle a la familia el cuerpo entero, a algunos les entregaron otra cosa, y otros más polvo. Porque hablamos de un Estado cínico y burlón”.

Por su parte, Glenda García, hija de Efraín, hermana de Richard y Nancy, todos ellos de nacionalidad guatemalteca, contó que aquel 2010 le informaron que su padre se encontraba dentro del grupo de masacrados, en Tamaulipas. “Por eso estoy aquí. Esta tragedia es como un monstruo que me está pisando fuerte y saber que al Estado no le conmueve nada preocupa aún más, porque los derechos de mis tres familiares fueron violados cuando buscaban un futuro mejor”. 

Richard le dijo a Glenda que regresaría en un año, y aunque un mes después supuestamente volvió a su ciudad dentro de un ataúd, su hermana afirma que aún no ha llegado. Esto porque tanto como el cuerpo de sus dos hermanos como el de su padre no pudieron ser vistos. 

“Mi hermana Nancy dejó a sus dos niños, buscó un futuro mejor para que ellos recibieran estudios, atención, médica para que tuvieran un techo pero sus sueños fueron cortados aquí en México. Tampoco sé si a mi las autoridades me entregaron o no los restos de mi hermana. Me entregaron agua y unas bolas de papel, me dijeron que ahí estaba mi hermana. No les creí”, señala Glenda.

Además, recuerda que, “hace un año veníamos con muchas esperanzas de escuchar muchas respuestas de las autoridades sin embargo solamente estuvieron reunidos con nosotros siete minutos. Y lo que nos dijeron fue la información que nosotros fácilmente hubiéramos podido conseguir en Internet. Viajamos de tan lejos para escuchar noticias de esperanza, saber qué hicieron, cómo lo hicieron y qué lograron, sin embargo el Estado sigue sin hacer algo. Seguimos esperando justicia y la verdad”.

Durante su participación, Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, cuenta tres historias; en un primer momento una de horror por la forma en que se perpetra con un alto grado de violencia.

Pero también es una historia de vergüenza, señaló, porque las familias tuvieron que ampararse para que se reconocieran como víctimas, porque hasta hoy ni siquiera se ha podido tener acceso al expediente para saber qué ha pasado con el caso y las investigaciones. 

También mencionó que se vive una historia de hipocresía, porque el gobierno mexicano mantiene la defensa de los migrantes, pero los mexicanos, señaló, puesto que a la hora de hablar de migrantes de otros países de Latinoamérica no solamente no les brinda protección, sino que los deja sin acceso a la verdad y a la justicia.

Jiménez añadió la historia de la solidaridad asegurando que tanto Amnistía como otras organizaciones y activistas se mantendrán a lado de las familias colaborando en su lucha para lograr la justicia que han buscado desde hace ya siete años. 

Entrevistada por aparte, Marta Sánchez Soler, presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, indica a Revolución TRESPUNTOCERO que, la tragedia de los 72 es una de las mayores masacres, pero posiblemente no la más importante. “Porque a partir de ahí cambiaron las estrategias y comenzaron a trabajar en forma hormiga. 

Hay una enorme cantidad de desaparecidos que probablemente también están muertos, los números son engañosos porque en la nueva modalidad puede haber muchísimos más que los 72 en un tiempo determinado. Pero sin duda San Fernando tuvo la enorme importancia que fue un parteaguas en el tema migratorio. Y logró que el gobierno dejara de negar que sí estaban sucediendo estas problemáticas”.

Sánchez afirma que San Fernando ha sido la peor de las pesadillas de los familiares de las víctimas. El panorama ella lo observa “muy azaroso, el camino tiene muy poca transparencia y muy largos tiempos de espera. Recordemos que algunos recibieron cuerpos que no eran y por supuesto que el derecho a la verdad y la reparación del daño parece que no llega a buen fin. 

Recordemos que pasó mucho tiempo antes que se aceptara que hubo participación de policías municipales y eso solamente porque hubo una filtración en Wikileaks solamente así se reconoció que había este tipo de elementos involucrados. Y ahora están en la cárcel pero ellos no son la punta mayor de la cadena de mando. Nada más son operadores no son quienes dan las órdenes. Por eso todavía continuamos en la ignorancia de no saber quién lo hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo”.

Para Sánchez Soler explica que la de los 72 es una tragedia también en la manera en que evidencia las profundas problemáticas que están detrás de las muertes violentas y que provocan que se den estos acontecimientos.

“Ahora mismo se están descubriendo tantas fosas clandestinas que pensamos que además de mexicanos también hay muchos migrantes ahí. Sobre todo en los sitios que son de paso de migrantes, pero ahora los incineran sin sacar pruebas de ADN entonces ya te dejaron para siempre jodido, porque ya nunca vas a tener la certeza de si era o no el familiar”, sentencia Sánchez Soler.

En tanto, Fray Tomás señala que a siete años “seguimos padeciendo la violencia extrema, insufrible e invivible que no ha cesado en torno a grupos vulnerables. Ésta es una guerra de exterminio en contra de los pobres. No hay más para revertir esta historia que la organización y la solidaridad de las propias víctimas. No creo que por parte del Estado vayan a conseguir justicia las familias de las víctimas, si no se hace presión a este Estado cínico y burlón”, puntualiza.

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