Somos enemigos del Estado porque buscamos justicia; evidenciamos lo que el gobierno le hace a la sociedad: activista

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(30 de agosto, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Como defensores de Derechos Humanos, somos los enemigos del Estado, porque estamos buscando justicia, si ya los son las víctimas nosotros somos lo peor porque no dejamos de evidenciar lo que el gobierno a través de sus policías, elementos migratorios y fuerzas armadas le hacen a la sociedad civil. 

Todos somos víctimas en mayor o menor medida, todos hemos sido agredidos cuando se sabe que somos defensores, en este país pareciera que tuviéramos que escondernos, porque decir lo que hacemos y somos es condenarnos a persecuciones, hostigamientos y terror”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO una defensora de Derechos Humanos, quien se mantiene en el anonimato, por represalias. 
La defensora ha manejado casos de tortura en migrantes perpetrada por elementos de seguridad pública y migratorios. Lo cual ha llegado a provocar constantes amenazas contra ella y su familia. Aseverando que “han golpeado a miembros de mi familia, y aunque existe un video del hecho pero no ha significado prueba suficiente, las autoridades se burlan de mí cínicamente y de los hechos que denuncio.

Pero no por eso me detengo. En semanas pasadas me amenazaron por teléfono, me exigen que renuncie y que deje de poner en mal a las corporaciones. ‘Pinche vieja pendeja buena para nada, deja de estar chingado o te va llevar la chingada’, me dijeron. Denuncio y me siento más protegida por las organizaciones que por quienes son los importadores de justicia”, indica.

La fuente, indica que continúa defendiendo a los migrantes que se atreven a denunciar la tortura. “Poco se sabe de estos casos y es difícil que el gobierno pretenda hacer justicia, sino lo ha hace con su puedo, menos con extranjero. A veces poco falta para que se les pase la mano y terminen asesinándolos, en una de esas por asfixia o por los golpes, que podría provocan el estallamiento de órganos a causa de la violencia física. 

Lo que sucede con estas autoridades es que pueden argumentar cualquier cosa, lo más absurdo y se los toman como válido, no importa si tienen pruebas que son más que evidentes”.

La defensora recuerda que recientemente, una persona fue detenida y llevada a los separos, ahí fue severamente golpeada y fue hasta casi 24 horas después que llamaron a los paramédicos quienes indicaron que ya no había nada por hacer. “Los golpes lo acabaron. Esto sumado con la asfixia y la manera en que parecía que lo iban a matar ahorcado fue lo que ya no toleró”, no era migrante pero este tipo de situaciones en un país violento y donde esconden tus heridas o tu misma muerte la entierran no puedes esperar protección para la población migrante”, señala.
En México, además de ser los migrantes una población acechada por las autoridades, ahora también lo son sus defensores. Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado constantemente la política migratoria de contención y persecución de migrantes ejecutada a lo largo del país por el gobierno, misma que se acompaña de un incremento en la violencia contra los activistas. 

“La presencia de agentes estatales y no estatales (como es el caso de las empresas de seguridad privada contratadas por Ferromex en la ruta migratoria) ha incrementado las violaciones a los derechos humanos de migrantes y quienes les defienden”, se ha denunciado.

Casos como la Estancia del Migrante González y Martínez en Querétaro y La 72 en Tabasco, dan cuenta de cómo personas defensoras de migrantes son víctimas de un incremento en las agresiones, intimidación y criminalización debido a su labor de apoyo humanitario y defensa de migrantes”. 

La Red TDT ha documentado al menos 13 casos de agresiones relacionados con personas defensoras de migrantes en tiempos recientes. Por lo que han decidido emitir una Alerta de Defensa de Derechos Humanos, así como la emisión de una Acción Urgente para llamar a las autoridades a garantizar el derecho a defender derechos humanos de estas personas defensoras.

Dichas denuncias tienen antecedentes documentados. Durante su pasada visita a México el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de las personas defensoras de derechos humanos Michael Forst expresó su preocupación respecto a los riesgos que enfrentan los defensores que trabajan con los derechos de los migrantes, principalmente quienes proporcionan ayuda humanitaria y trabajan a lo largo de la ruta del tren. El gobierno, mientras tanto, en sus diferentes niveles, ha mostrado su incapacidad para erradicar la violencia contra migrantes y personas defensoras, se ha señalado.
Tanto en Querétaro como en Tabasco y a nivel federal, las autoridades responsables de prevenir y sancionar las vejaciones a derechos humanos contra migrantes y defensores, no solo se conducen bajo tácticas de simulación y omisión frente a las diversas denuncias derivadas del incremento en la violencia y delitos de amenazas contra defensores y migrantes.

También abonan a un clima mayor de impunidad en el país derivado de la complicidad entre el gobierno, actores no estatales y las empresas de seguridad privada que custodian los trenes y las vías ferroviarias concesionadas a Ferromex, incentivando una política basada en inhibir la migración y en hostigar y criminalizar a defensores de migrantes, a la vez que se favorecen intereses económicos a costa de la vida y dignidad de migrantes y de quienes les defienden, se ha argumentado.

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