SFP inicia proceso contra 3 funcionarios por socavón; se reserva los nombres por el principio de presunción de inocencia

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La Secretaría de la Función Pública, inició un proceso administrativo contra tres funcionarios se la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por los hechos ocurridos en Paso Exprés, en Cuernavaca Morelos , aunque se reserva los nombres por respeto al principio de presunción de inocencia.

La dependencia encabezada por Arely Gómez, informó sobre algunos avances acerca de la indagatoria que lleva a cabo para deslindar responsabilidades de servidores público “Al no acreditarse hasta el momento una adecuada atención a las mismas, y ante evidencia de actuaciones negligentes, se acreditó la probable responsabilidad de tres servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes ya han sido notificados del inicio del procedimiento administrativo disciplinario.”

Indicó, que se investigan probables responsabilidades administrativas de servidores públicos federales, aunque no están excluidas otras líneas de acción que involucren a servidores públicos del orden estatal y municipal. Asimismo, señaló que está en curso de auditoría a la obra del Paso Exprés, y del Centro SCT Morelos, cuya información incluye la documentación de la contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas; los Estudios de Mecánica de Suelos; y el Proyecto Ejecutivo  Bitácoras de Obra.

Además la investigación, incluye los procedimientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionados con la obra, entre ellas las modificaciones al proyecto que contaron con la autorización de la unidad administrativa competente. Por otra parte, se revisan los contratos celebrados entre la Administración Pública Federal y las empresas relacionadas con la obra, esto a través de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades.

“En éste, como en todos los asuntos de su competencia, la SFP refrenda su compromiso de investigar, de manera exhaustiva, cualquier acto que se aleje de los principios de legalidad, honradez, eficiencia e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, e imponer las sanciones correspondientes”

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