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Procedente iniciar investigación sobre relación entre OHL y campañas electorales del PRI en Edomex: SFP

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De acuerdo a la notificación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la organización Ahora, “a raíz de la vista que le dio el Instituto Nacional Electoral (INE) de la queja relacionada con el entramado financiero entre la empresa OHL y las campañas electorales del PRI en el estado de México, y en el que el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya fungía como intermediario, resulta procedente iniciar la investigación administrativa correspondiente’’, por lo que hace a los funcionarios de Pemex, se informó.

Es así como, por medio de un oficio dirigido al ex consejero electoral Alfredo Figueroa y el ex ombdusman capitalino Emilio Álvarez Icaza, integrantes de Ahora, el titular del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la SFP, Celso Castro Vázquez, describe que “le fue turnado un expediente por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en el cual se advierten presuntos hechos irregulares a cargo del ciudadano Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Petróleos Mexicanos”.

De ello se desprende que ‘‘el referido involucrado, en su calidad de director de Petróleos Mexicanos, presuntamente fungió como intermediario y benefactor de la empresa OHL ante el gobierno federal para facilitarle la adquisición de concesiones y proyectos”.

La Jornada, entrevistó a Figueroa, quien señaló que “la notificación de la SFP proviene de la omisión del INE para investigar y el turno que le dio a diversas instancias como la SFP, Banobras, el órgano de control del estado de México y la Auditoría Superior de la Federación”.

Dijo que, “en su momento, Lozoya fue un protagonista importante en las campañas del PRI y el enlace directo entre ese partido y la empresa OHL, de cuyo consejo de administración llegó a ser miembro”.

Figueroa destacó que “posteriormente, ya como director de Pemex, otorgó contratos a la empresa privada en la que había laborado, de lo cual se desprenden las presuntas irregularidades administrativas por conflictos de intereses”, por lo que “las investigaciones de la SFP podrían involucrar a toda la cadena de mando que participó en el otorgamiento de esos contratos”.

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