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“La orden de un juez federal para que la Procuraduría General de la República (PGR) reabra las investigaciones del caso Tlatlaya –por considerar que no investigó la cadena de mando militar responsable e incurrió en diversas omisiones–, sólo confirma las advertencias que ya había hecho en ese sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, declaró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
“Nosotros dijimos desde hace más de un año que tenía que fortalecerse la averiguación previa para ponerla en manos de un juez, y hoy el juez nos da la razón”, dijo el funcionario, en alusión a la recomendación 51/2014 que emitió la CNDH, en donde señala que “el 14 de junio de 2014, entre 12 y 15 civiles fueron ejecutados por los militares y que éstos alteraron la escena de los hechos para simular un enfrentamiento”.
Además, González Pérez recordó que “por el sólo hecho de haber señalado lo anterior, la abogada defensora de tres militares absueltos por falta de pruebas lo denunció penalmente –acusándolo de haber supuestamente violado el derecho de los acusados a la presunción de inocencia–, pero la única finalidad era evitar la impunidad”.
El ombudsman resaltó que, “más allá del caso Tlatlaya, en general nuestro punto de vista es que la autoridad civil es la que debe conducir la seguridad pública”, y aunque admitió que sería “insensato” retirar en este momento a las fuerzas armadas de dicha labor, subrayó que “tiene que haber un plan verificable de retorno de las tropas a sus cuarteles, así como un proceso de capacitación de los cuerpos policiacos”.
En tanto, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, consideró que “la orden del juez a la PGR es una nueva oportunidad para rehacer la indagatoria y encontrar la verdad sobre lo ocurrido el 14 de junio de 2014 en la comunidad de El Limón”.
Además, consideró vital “acotar el papel del Ejército en las tareas de patrullaje de las calles, en vez de seguir insistiendo en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pues si se le dan más facultades a los uniformados, podrían ocurrir otros casos similares a los de Tlatlaya”.
Sobre las deficiencias en la indagatoria de la PGR sobre el caso, el activista consideró que “ello comprueba no sólo la falta de capacidad de dicho órgano para investigar, sino también su falta de voluntad política para hacerlo, debido a la existencia de una ‘alianza fáctica’ para dejar estos crímenes en la impunidad”.
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