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(06 de agosto, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Chihuahua cuenta con una superficie forestal de 16.5 millones de hectáreas, de las cuales, casi la mitad son bosques que se encuentran ubicadas en la Sierra Madre Occidental, un territorio considerado por Semarnat como un área forestal aprovechable, también proporciona a las comunidades de la región y del estado: agua en calidad y cantidad, captura de emisiones de carbono, genera oxígeno, amortigua el impacto de fenómenos naturales, regula el clima, protege la biodiversidad, es paisaje y recreación, pero sobre todo, sustenta la permanencia de la vida comunitaria de los pueblos indígenas que ahí habitan.
Con la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción Sustentable (ENAIPROS) 2013-2018, implementada por el Gobierno Federal, se pretende aumentar de 6 a 11 millones de metros cúbicos RTA anuales la producción maderable del país, lo que significa un aumento del 86% a nivel nacional.
La consecuencia de esta política que aumenta exponencialmente la autorización de permisos de aprovechamiento forestal, implicó que entre 2011 y 2016, en 23 municipios de Chihuahua ubicados en la Sierra Tarahumara, la SEMARNAT autorizara permisos de aprovechamiento forestal por más de 12 millones de metros cúbicos: 60.28% más que en el sexenio anterior, durante el cual la deforestación en el estado alcanzó 31 mil hectáreas por año.
En 2016 la mayor producción forestal maderable de la zona se dio en los municipios de Guadalupe y Calvo (25.84%), Madera (18.25%), Guachochi (13%) y Balleza (7.84%); a este aumento autorizado se le suma la tala ilegal, que según PROFEPA corresponde a un 30% de la superficie forestal que es explotada de manera legal; a la devastación se le suman los incendios forestales, que según la CONAFOR, de enero a julio de 2017, ocurrieron 717 incendios en Chihuahua afectando 70 mil 283.79 hectáreas.
Entre 2005 y 2014 se presentaron 673 denuncias ante Profepa, la mayoría sobre la tala ocurrida en Guadalupe y Calvo; sin embargo, las autoridades no consignaron ni sancionaron a los responsables. Según la misma dependencia, en 2016 se presentaron 26 denuncias por tala ilegal, de éstas, en sólo 12 se multó al responsable.
“Los incendios forestales se relacionan con la tala ilegal y el control regional por el crimen organizado; es el caso del municipio de Bocoyna, de acuerdo a la Denuncia Pública realizada por la Diócesis de la Tarahumara el 1 de mayo de 2016.
Una serie de demandas presentadas ante la Profepa culminó con un expediente de hechos emitido por la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (2005) en el cual se documentan las omisiones sistemáticas cometidas por la PROFEPA ante las denuncias presentadas”, señalan las comunidades y ejidos indígenas.
“A la problemática forestal mencionada, se le añade la presencia del crimen organizado como una amenaza que se cruza con las ambiciosas metas del sexenio de Enrique Peña Nieto, y el control autoritario de los aprovechamientos forestales”, indica.
Por lo que las organizaciones y comunidades consideran que, “no han sido eficaces las acciones de vigilancia y control del transporte de madera, ni las tendientes a salvaguardar e inspeccionar el aprovechamiento de los recursos en los ecosistemas forestales llevadas a cabo por las dependencias federales, estatales o municipales, tan sólo en 2016, según la Dirección Forestal de Desarrollo Rural 50,490 camiones con madera en rollo pasaron por las casetas de inspección y vigilancia que tiene el gobierno del estado en diferentes puntos del estado, sin que durante ese año se haya encontrado ninguna irregularidad”.
Así como que las dependencias federales y estatales abocadas a ello no han ejercido el mandato legal de prevención y combate a la extracción y tala clandestina, el ejercicio de funciones de inspección y vigilancia forestal, imponer medidas de seguridad y las sanciones a las infracciones que se cometan en material forestal.
A su vez, han señalado que la política forestal vigente ha aumentado la brecha entre los que ganan por el aprovechamiento forestal y los que solo viven de la agricultura y la pequeña ganadería, la mayoría de éstos, integrantes de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara; “es más evidente su exclusión, viven un contexto de violencia que aumenta cada día”.
A pesar del derecho a los recursos naturales, “a su uso preferente y del derecho a la consulta libre previa e informada, reconocidos en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en la Ley de Fomento para el desarrollo forestal sustentable del Estado de Chihuahua, en ningún caso la SEMARNAT ha consultado a las comunidades indígenas antes de expedir permisos de aprovechamiento forestal sobre sus territorios. Por el contrario, la explotación forestal no ha significado beneficio alguno para las comunidades indígenas, que no tienen voz ni voto en las asambleas ejidales, aunque vivan dentro de ejidos y propiedades privadas”.
Para poner alto a esta situación, exigen, una revisión y evaluación de la política forestal en el país y especialmente en Chihuahua. La aplicación irrestricta de la ley, por encima de cualquier política de aumento de la productividad, así como la coordinación interinstitucional para la prevención y la persecución de los delitos forestales.
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