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La masacre de los 72 marca un descaro, Los Zetas tenían palancas con gobernadores priistas del norte: Solalinde
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(24 de agosto, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Esperemos que pronto la comunidad internacional, sobre todo la centroamericana pierda el miedo, tome conciencia y actúe con dignidad para defender a sus connacionales porque solamente así, sin duda, va a condenar a México por crímenes de lesa humanidad”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, con referencia a los siete años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
El 24 de agosto de 2010 la Secretaría de Marina hizo público el hallazgo de 72 personas migrantes encontradas sin vida en el rancho “Huizachal”. Esta masacre donde las víctimas fueron 58 hombres y 14 mujeres, ha sido calificado como uno de los sucesos más atroces de violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes en su tránsito por México.
De acuerdo a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, “el Estado mexicano y sus instituciones tienen una deuda histórica con todas las víctimas de esa masacre y con la sociedad en general; México está obligado a dar razones sobre lo que ocurrió en este hecho”.
Porque, hasta ahora, las familias y la organizaciones que le han dado acompañamiento en su búsqueda de justicia, siguen sin saber qué fue lo que sucedió; siguen sin conocer el contenido de las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR); y mucho menos conoces a los responsables.
“Siete años después, las familias continúan con la incertidumbre de no saber si los restos que les entregaron son los de sus familiares, porque siete años después el Estado mexicano no ha podido responder cómo se realizó el proceso de identificación.
El Estado mexicano tampoco les ha reparado integralmente: siete años después y con siete amparos en contra de la negativa de México de reconocer su responsabilidad, las víctimas siguen buscando respuestas y luchando por obtener justicia”, indica la Fundación.
Para el activista Alejandro Solalinde, el ejército sí tuvo participación en aquellos hechos violentos. Y explica que “los Zetas son los antiguos Gafes; gente preparada en el ejército de élite, pero además por Estados Unidos, Israel y los kaibiles de Centroamérica.
Ellos recibieron una formación muy especial como miembros del ejército, después comienzan a participar con el Cártel del Golfo y luego nacen los Zetas; esta masacre de San Fernando la perpetraron varios de ellos. Finalmente a una persona no se le puede quitar la etiqueta y tampoco la responsabilidad de la institución de donde proviene. Por eso es una mentira decir que el ejército no tiene nada qué ver”, agrega.
Además, señala que la masacre de los 72 se ha mantenido y seguirá estando en la impunidad porque quienes han sido detenidos son personas de bajo perfil, “sin embargo, no han tocado propiamente puntualmente al ejército”.
Pero señala que el ejército tiene que reconocer que algunos miembros de su élite se han corrompido y han entrado en el narcotráfico “y en el cartel más sanguinario de toda América Latina, los Zetas”.
En una resolución emitida el 24 de mayo de 2017 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se vio obligada a cumplir con sus facultades por lo que el 20 de junio de 2017 calificó esta masacre como “violación grave a derechos humanos” y determinó que las familias y la sociedad tengan acceso a la investigación.
Sin embargo, a la fecha los familiares siguen esperando que la CNDH cumpla y les entregue las copias del expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q en el que este organismo investigó la muerte de sus seres queridos.
Aunque también se pide se realicen nuevas pruebas de ADN ante la constante duda si les entregaron a sus familiares. “Estamos hablando de un gobierno sucio porque yo he estado en Honduras, la gente ahí abrió un féretro que le habían dicho que no lo hicieran pero me atreví; adentro había carne de perro y otras cosas hasta piedras. Sin duda se mencionó que era otro tipo de carne, no humana”, indica Solalinde.
“En Honduras entregaron varios cuerpos, y muchos de estos presentaron dudas de realmente tener consigo a sus familiares. Esto lo hizo el gobierno de México, porque la gente allá es muy humilde y no tiene la fuerza para protestar contra México.
Sin que falte el hecho que aun quedan cuerpos por identificar, es decir no se ha cerrado la parte forense y tampoco nunca se va a cerrar, porque no hay voluntad política”, indica.
Además, Solalinde señala que como la masacre “dio mucho problema”, ahora “por todos lados encontramos fosas clandestinas. Cabe señalar que la masacre de los 72, mientras esté el PAN o el PRI no va haber justicia y tampoco si están los partidos que se han aliado como el PRD y el Verde.
Necesitamos un gobierno diferente, un gobierno distinto que tenga buena voluntad y que siga el camino correcto con una identificación de restos, una base de datos correcta para empezar a sistematizar los hallazgos que se vayan teniendo”, señala.
Y es que, el sacerdote Solalinde indica que esta sociedad parece que ya se acostumbró a que no se investiguen los hechos y que no se haga justicia. “Si en la masacre se descubre la verdad, se descubriría también todo los lazos de corrupción desde gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto muchos leyes tendré que ir a la cárcel”.
Además, reitera que la masacre de los 72 ha sido un episodio que marcó un parteaguas que llamo la atención al mundo y que abrió la conciencia. Desgraciadamente éste no ha sido el último caso y tampoco el peor; hemos tenido poco a poco un exterminio del pueblo migrante. Hay un holocausto silencioso pero imparable, porque donde quiera encontramos restos de migrantes”, comenta Solalinde.
Quien a su vez señala que es bastante probable que el caso quede en la impunidad y sin justicia, “porque vivimos en un México corrupto y con un gobierno corrupto”. “La masacre de los 72 marca un descaro, porque Los Zetas tenían palancas con gobernadores priístas del norte; ellos se sabían protegidos, que no les iba pasar nada. Porque no se puede esperar justicia para alguien que está en sus nóminas”, puntualiza.
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