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(26 de agosto, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Un grupo de organizaciones de derechos humanos, externaron su preocupación por la libertad, integridad física y psicológica, así como la seguridad jurídica de los defensores de derechos humanos Adela Villalba Ramos, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT).
A quienes se les ha confirmado por parte del Juzgado Primero de Distrito en Tlaxcala la orden de aprehensión en su contra desde el 6 de mayo de 2014. Los defensores son acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad con el agravante de violencia contra servidor público y pandillerismo, en el expediente 19/2014, ahora 773/2015 del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla.
Se ha mencionado que, los defensores llevan ya 39 meses sin acceso a la justicia, pues el expediente de amparo a cargo del Juzgado Primero de Distrito en Tlaxcala, “estuvo colmado de mañas e irregularidades legales”, entre las que destacan:
La falta de reconocimiento de la personalidad en el amparo como defensor de derechos humanos a pesar de que otras autoridades así lo han reconocido; violación a su derecho humano de debida notificación y libertad al retirar las suspensiones definitivas de sus amparos.
Falta de una justicia pronta y expedita al no resolver en tiempo razonable los incidentes interpuestos por los Juzgados de Distrito e inobservancia de todas las pruebas ofrecidas por el defensor de derechos humanos, señalaron las organizaciones.
“Los pueblos del volcán han vivido cinco años de represión en contra del afán de imponer el Proyecto Integral Morelos, ademas viviendo una incapacidad de los organismos defensores de derechos humanos tanto nacionales como internacionales a pesar de haber iniciado procesos de medidas cautelares.
Así, actos como la ocupación policial, encarcelamiento, tortura, amenaza, golpes y despojos han sido la actitud constante del gobierno contra quienes se oponen al proyecto”, denuncian.
Suman que, la resolución del amparo 402/2015 del Juzgado Primero de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla se concede y reconoce a diversos pueblos de Atlixco el derecho a ser consultados como pueblos indígenas sobre la construcción y funcionamiento del Gasoducto Morelos, “sin embargo se violó el derecho a la consulta. La cual debe ser libre, previa e informada”.
La orden de aprensión en contra de los Defensores de Derechos Humanos ejercida el 6 de abril de 2014 a la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan Enedina Rosas Velez y un día después al defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís “evidencia la coordinación de los tres niveles de gobierno para criminalizar a quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos”, añaden.
Y denuncian que el Tribunal Colegiado de Tlaxcala, que es el único en el Circuito donde caerá el Recurso de Revisión del Amparo, no ha sido la instancia que ha mostrado celeridad e independencia al resolver este caso, pues en sus manos estuvo el Incidente de Acumulación 1/2015 de los amparos de Adela Villalba Ramos, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís, el cual tardó en resolver 18 meses.
“Es evidente entonces que no existen las condiciones para restituir el derecho a la consulta, pues ya no se lleva acabo de manera previa a la construcción de la obra, ni tampoco se da en condiciones de libertad pues se sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos que denuncian y se defienden contra las arbitrariedades de este proyecto.
Así como tampoco es informada, pues hasta la fecha las comunidades en zona de riesgo volcánico no cuentan con información sobre las medidas de seguridad y contingencia que deben seguir en caso de alerta volcánica ya que el paso del gasoducto bloquea las rutas de evacuación del Volcán Popocatépetl”, señalaron.
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