Exfuncionarios del equipo de Borge enfrentan órdenes de aprehensión por remate territorial de estado

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Fue el 18 de agosto de 2016, cuando se dio a conocer que el entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, “habría encabezado el remate territorial de la entidad, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE)”, el objetivo, se mencionó, era presuntamente favorecer a familiares, amigos y políticos afines a su círculo de poder, esto, respecto a una extensa investigación realizada por la asociación Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo.

Fue Fabiola Cortés, fundadora de dicha asociación, quien documentó la existencia de 44 predios en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, desincorporados del patrimonio público estatal para rematarse.

Por ahora, el equipo más cercano de exfuncionarios tienen ya órdenes de aprehensión y figuran la extitular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado, Claudia Romanillos, acusada de autorizar la enajenación de predios públicos a precios subvaluados, como parte del remate territorial estatal. Romanillos interpuso un amparo para evitar ser detenida.

Ahí también aparece la excoordinadora jurídica del IPAE, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, cuya orden de aprehensión se giró junto con la de Borge y Romanillos e incluyó a María de Lourdes Pinelo Nieto y a César Celso González, abogado de la familia y socio de la naviera Barcos Caribe, y de la inmobiliaria Caracol 65.

Otros exfuncionarios con orden de aprehensión son Paulina García, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y su antecesor, Mauricio Rodríguez, quien se encuentra preso en el Cereso de Chetumal.

Figuran también el extitular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, quien enfrenta una solicitud de juicio político ante el Congreso local, “por el presunto manejo irregular de recursos para la promoción turística y quien tiene encima varias denuncias penales, una de ellas relacionada con el desvío millonario por privatizar el servicio de agua potable”.

En tanto, la Fiscalía General solicitó a los juzgados de Control órdenes de aprehensión en contra Guillermo Molina y del exsecretario de Finanzas, Mauricio Góngora.
Figuran asimismo los exsecretarios de Gobierno, Román Quian, Luis Alberto González y Gabriel Mendicuti, y el exdirector de la Administración Portuaria Integral, Ercé Barrón.
También aparecen Mario Castro y Fernando Escamilla, exsecretarios de Infraestructura y Transporte; el exsecretario de la Gestión Pública, Gonzalo Herrera, y Víctor Hugo Loyola, procurador fiscal de Sefiplan.

Se ha mencionado que de ese bloque de órdenes de aprehensión sólo se ha cumplimentado –el 5 de junio– la girada contra Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de VIP Saesa, detenido en Chetumal y actualmente preso en la cárcel de la capital del estado. 

Los nombres de los implicados son: 
Claudia Romanillos Villanueva
Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla
María de Lourdes Pinelo Nieto
César Celso González Hermosillo y Melgarejo
Paulina García Achach
Mauricio Rodríguez Marrufo
Juan Pablo Guillermo Molina
Guillermo Molina
Mauricio Góngora
Román Quian Alcocer
Luis Alberto González Flores
Gabriel Mendicuti Loría
Ercé Barrón
Mario Castro Basto 
Fernando Escamilla
Gonzalo Herrera
Víctor Hugo Loyola Corona
Carlos Acosta Gutiérrez

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