En Chiapas y Tabasco, la información continúa como instrumento de control para las poblaciones marginadas

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(14 de agosto, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El derecho de acceso a la información se encuentra muy lejos de ser un derecho universal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hoy en día menos del 10% de la población ejerce su derecho de acceso a la información.

“Los organismos garantes de este derecho no cuentan con mecanismos alternativos de transparencia proactiva que garanticen que las poblaciones en situación de vulnerabilidad ejerzan este derecho y lo utilicen para exigir la garantía de otros. Los resultados de la segunda edición del Índice Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI) exhiben que la promoción es un asunto pendiente para el Sistema Nacional de Transparencia”, señala Article 19.

“Así, a un año de trabajo en las comunidades de la selva norte de Chiapas y los pantanos de Tabasco, y después de 14 años del reconocimiento de este derecho en México, la información continúa como un instrumento de control efectivo para las poblaciones marginadas.

La garantía del derecho de acceso a la información en México no ha logrado que la información gubernamental llegue a las comunidades más alejadas. De esta manera, la falta de información sigue siendo una forma de exclusión y un argumento para la discriminación”, se informa.

Durante 2015, ARTICLE 19 y Casa de la Mujer Ixim Antsetic iniciaron un proyecto de transparencia proactiva con el objetivo de promover la apropiación del derecho a la información por parte de mujeres de los estados de Chiapas y Tabasco, y así fortalecer su trabajo y caminar hacía la exigibilidad de otros derechos.

El proyecto nació con la expectativa de hacer frente a la falta de información en las comunidades, relacionada con programas sociales, servicios de salud, educación, tierra y territorio que se traduce en injusticia social y violencia institucional.

El trabajo realizado en el marco de este proyecto, permite reconocer avances como, la apropiación del derecho a la información de las mujeres y las comunidades así como mayor participación de las mujeres en los problemas públicos como fuentes de información y piezas claves para la organización.

Sin embargo, “falta un compromiso claro de las sujetos obligados y los organismos garantes del derecho de acceso a la información para garantizar efectivamente la accesibilidad y disponibilidad de información en poblaciones donde no existen las tecnologías de información”, se ha manifestado.

El caso de las comunidades de Lázaro Cárdenas y Nuevo Egipto es fundamental, “ya que después de un proceso de diálogo entre mujeres y hombres sobre la necesidad de contar con servicio médico disponible y de calidad, realizaron una solicitud de información pública a la Secretaría de Salud para conocer el presupuesto para el pago de médicos y medicamentos; la respuesta mostró que el presupuesto destinado no había sido ejercido en ocho años, lo que aportó herramientas para la organización comunitaria y la exigencia del médico y medicamentos”, se señala.

A un año de este proceso se han creado redes solidas en 20 comunidades, de la mano de diferentes multiplicadoras, documentadoras, comisariados ejidales y artistas visuales que muestran su trabajo junto con la Red Junco quienes promueven el derecho a la información, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos.

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