En Chiapas, graves violaciones a DH son ejecutas y solapadas por gobierno de Velasco Coello: Activista

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By Redacción Revolución

(31 de agosto, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “El último año de Velasco Coello será uno de los que más recordará Chiapas. O al menos todos aquellos que han padecido y evidenciado las graves violaciones a derechos humanos, que se ven reflejadas en el despojo, tortura, detenciones arbitrarias, hostigamiento, persecución y ejecuciones extrajudiciales”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Sara Mondragón.

Quien también comenta que los defensores de derechos humanos están expuestos a cualquier tipo de ataque o daño, por parte del gobierno u otros grupos, sin que las autoridades puedan garantizar la protección y seguridad de los activistas y defensores.

El día 28 de agosto, aproximadamente a las 13 horas, 17 personas integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC) se presentaron en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Frayba, con el objetivo de protestar en contra de la omisión reiterada y falta de voluntad política del gobierno del estado de Chiapas para atender y resolver sus peticiones, iniciando al interior del Frayba una huelga de hambre.

Ante estos hechos, el Frayba optó por cerrar sus oficinas e inició un proceso de diálogo con quienes ingresaron a sus instalaciones para indicarles que sus demandas y acciones debían presentarse ante las autoridades del gobierno del Estado de Chiapas.

Al tiempo enviaron información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por posibles riesgos a la seguridad de sus instalaciones y de quienes integran el Centro, ya que Frayba cuenta con medidas cautelares de la CIDH.

En relación a la OCEZ-RC, “entendemos que se encuentran en una situación de desesperación ante el incumplimiento de los acuerdos que tienen firmados con el gobierno del estado de Chiapas, y si bien no compartimos las acciones políticas con las que actúan, reconocemos que son pueblos campesinos y organizados, y que el gobierno no ha sabido ni querido resolver sus demandas y peticiones.

Dejamos claro que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas no es el espacio para que la OCEZ – RC pueda y deba resolver sus peticiones; es el gobierno de Chiapas quien está obligado a hacerlo y el Estado mexicano es quien tiene que proteger y garantizar el ejercicio y respeto de sus derechos humanos”, se denunció.

Por su parte, la activista señala que, situaciones como las de Frayba son producto de el desinterés de un gobierno que la primera mitad de su mandato se preocupó por lograr asegurar la silla presidencial, y la segunda al saber que sus posibilidades eran nulas, prefirió dedicarse a cualquier cosa que no fuera gobernar, porque las estadísticas, los testimonios, las cifras de miseria y pobreza solamente son indicadores de un abandono.

O bien era parte de una estrategia para atacar e intentar neutralizar al pueblo de Chiapas, a ese que sí lucha, que sí denuncia y que en determinadas situaciones quiere mantener su territorio a salvo de transnacionales y que por ello son víctimas de ejecuciones extrajudiciales o despojo”.

Además, añade que, “Chiapas vive una escalada de violencia y terror, principalmente contra activistas y por parte de paramilitares, sin embargo estos operan bajo la protección del gobierno estatal. Hemos vivido el temor de correr por nuestras vidas, de salir de nuestros hogares, en algunas ocasiones, porque sabemos que nos vigilan, que nos hostigarán en cualquier momento. Ese es el modus operandi de Velasco Coello y aunque lo niegue, tendría culpa poder el principal protector por omisión”, indica.

Uno de los ejemplos más emblemáticos se suscitó el 22 de mayo a las 4:20, cuando un grupo de activistas fue emboscado en un panteón comunitario por un grupo fuertemente armado con armas de alto calibre provenientes de otra comunidad de nombre Nuevo Guadalupe Victoria.

Se mencionó que el grupo armado acechó durante cuatro horas a los activistas y después de esto, Rodrigo Guadalupe Huet Gomez, se acercó para ver si ya se habían marchado. Fue ahí cuando recibió un tiro en la cabeza. “Pero después de su muerte las propias autoridades bloquearon el paso a los servicios de ayuda, por lo mismo la Cruz Roja no llegó. Los ministeriales taparon el paso. Y el gobierno jamás se pronunció, como nunca lo hace cuando hay muertos y heridos que son defensores de derechos humanos”.

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