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Aproximadamente 10 personas comparecieron ante diputados del Congreso local de Nayarit, donde exigieron una Comisión Especial legislativa “que investigue diversos crímenes graves de los que fueron víctimas, entre ellos, tortura, despojo, secuestro, fraude”, señalaron.
Todos los anteriores, señalaron, fueron presuntamente cometidos por el gobernador saliente Roberto Sandoval; el ex fiscal, Édgar Veytia, preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, además de notarios públicos locales y otros servidores públicos.
Se informó que “los 10 casos que se hicieron públicos fueron los más representativos de 69 que se lograron recabar con las pruebas que les podrían servir para fincar responsabilidades”.
Entre las declaraciones hubo denuncias de tortura ejercida por policías de la Fiscalía General del Estado, supuestamente ordenada por el ex fiscal Veytia, “a cambio de que las personas firmaran traslados de dominio de tierras o distintas propiedades, incluso para que se admitieran culpables de delitos que no cometieron”, se mencionó.
En tanto, el despojo de inmuebles y terrenos fueron los más repetidos, y nombres de notarios públicos como el No. 6,Arturo Luna López; No. 8, Eduardo Velázquez Gutiérrez; el notario suplente No. 9, Carlos Alfaro López; el No.36, Alonso González López -asociado a Édgar Veytia por la licencia que este tenía del Fiat 39-, y el notario No. 18, Jesús Toriz, se repitieron en algunos casos, como responsables de dar fe a los actos de escrituración irregular.
En el caso concreto del notario No. 6, Arturo Luna López, se le acusó presuntamente “de abusar de su autoridad para falsificar la firma de una de sus clientes -que padecía Alzheimer- para nombrarse único heredero y albacea de los bienes de la mujer y despojar a sus hijos de la herencia; además de que fue relacionado de tener tratos con el ex aspirante al gobierno estatal por la vía independiente, Hilario Ramírez Villanueva, ‘Layín’, quien también fue acusado por despojo”, informaron medios de comunicación.
Los afectados señalaron que “cuando lograban que el gobernador del estado, Roberto Sandoval, los recibiera, éste les prometía ayuda; no obstante, nunca hubo atención real sobre sus denuncias”.
Los diputados locales escucharon quejas respecto a la existencia de sitios de tortura dentro de las oficinas de la Fiscalía General de Nayarit, “y en un sector de la prisión estatal ‘Venustiano Carranza’ en Tepic -conocido como área 7-1 y la ‘ratonera’- donde aparentemente se encerraba a enfermos mentales, y servía para torturar física y psicológicamente”.
Dentro de las víctimas que acudieron al recinto legislativo se encontraban empresarios, comerciantes, ejidatarios, amas de casa e incluso servidores públicos del poder judicial y del sector salud que buscaban ascender laboralmente y que, por reclamar sus plazas o pagos, fueron abusados.
Por su parte, el presidente del Congreso estatal, Leopoldo Domínguez González, afirmó que “se retomarán los testimonios ofrecidos por estas personas y se conformará la Comisión Especial de Investigación para atender, y llamar a cuentas a las autoridades correspondientes”.
Finalmente, el vocero de los promotores de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, dio a conocer que “luego de que se instale la instancia legislativa, solicitarán al próximo gobernador, Antonio Echavarría García, que promueva ante organismos internacionales la constitución de una comisión que atienda diversos crímenes de lesa humanidad cometidos en Nayarit”.
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