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ONGs expresaron “preocupación de que autoridades hayan emprendido una ofensiva contra el sistema penal con posturas que son un retroceso”.
Un grupo de organizaciones sociales agrupadas en el colectivo #JusticiaSinPretextos exigieron “un diagnóstico serio y público sobre los resultados del funcionamiento del Sistema de Justicia, a fin de no caer en una contrarreforma penal”.
Durante una conferencia de prensa, representantes de las organizaciones expresaron “su preocupación de que autoridades, como los gobernadores, hayan emprendido una ofensiva contra el sistema penal acusatorio con posturas que son un retroceso.
El colectivo #JusticiaSinPretextos mantiene su compromiso en defensa de la reforma penal y exige a todas las autoridades competentes a que “antes de pensar en reformas legislativas y constitucionales desarrollen un diagnóstico serio, incluyente, y público que permita comprender cómo mejorar el funcionamiento del sistema de justicia”, señalaron representantes de organizaciones”, aseguraron.
“Vemos con inquietud que los servidores públicos mantienen el discurso que imputa al sistema acusatorio el aumento de la incidencia delictiva y la violencia, así como de supuestas liberaciones masivas de delincuentes, sin presentar información confiable y objetiva que demuestre sus afirmaciones”.
En conferencia de prensa en el Senado, indicaron que “las autoridades señaladas no muestran que estén trabajando en desarrollar un diagnóstico que realmente sirva para tomar decisiones informadas y hacer los ajustes que sí requiere la operación del sistema de justicia”.
Indicaron que tras participar en el foro “Reformas para mejorar el sistema de justicia penal en México”, se generó “un consenso de jueces, fiscales, abogados y consultores en torno a que cualquier propuesta de ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva implicaría un retroceso”.
Ello, indicaron tendría como consecuencia una contrarreforma al sistema de justicia penal.
“La misma opinión fue expresada respecto de las propuestas que de forma encubierta buscan retomar reglas del sistema de justicia tradicional con un ministerio público con menos controles, en detrimento de los derechos de las víctimas e imputados, así como del debido proceso”, advirtieron los integrantes del colectivo.
Hay un acuerdo en que falta tiempo para evaluar el funcionamiento del sistema penal acusatorio, pero los principales problemas se encuentran en la capacidad de los operadores del sistema de justicia y no en las reglas del mismo”.
En la conferencia participaron Ernesto Peralta y Mariana Niembro, de Borde Político; Gaby Capó, directora del Instituto para la Seguridad y Democracia A.C, Octavio Arroyo, de México contra la Delincuencia; y Francisco de Villa, de Causa Común. .
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