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A dos años que militares torturaran a cuatro jóvenes, ONU exige a gobierno federal cumpla sus recomendaciones
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(05 de agosto, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2009 medios de comunicación nacionales señalaron a cuatro jóvenes de Rosarito, Baja California como una banda de secuestradores. Quienes fueron exhibidos por las autoridades. Sin embargo antes de esto, habían sido severamente torturados para que se autoinculparan con tal que los soldados pararan a la grave violencia física y psicológica.
“Los 4 de Rosarito” es un caso grave de tortura llevada a cabo por elementos del Ejército mexicano en contra de Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal y Ramiro López Vásquez. El cual le dio acompañamiento la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en conjunto con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH).
Como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO, en la mañana del 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal y Rodrigo Ramírez Martínez, fueron detenidos por elementos de la Secretaría del ejército en el conjunto habitacional Oceana de Playas de Rosarito, Baja California, sin mediar una orden de detención o presentación. En dicho lugar, los militares comenzaron a torturarlos, propinándoles una golpiza, asfixia con bolsa de plástico y descargas eléctricas en los genitales.
Ramiro López Vásquez fue igualmente detenido en la Ciudad de Playas de Rosarito, Baja California en las inmediaciones del primer puente peatonal en la carretera libre de Tijuana-Rosarito mientras se encontraba en las horas de descanso de su jornada laboral. En el receso, se encontraba hablando con su pareja por celular, cuando el convoy se detuvo y lo acusó de ser halcón del crimen organizado.
Ese mismo día, los cuatro detenidos fueron trasladados a dos casas particulares, a bordo de vehículos no oficiales. En el trayecto, así como durante su permanencia en dichas casas, fueron sometidos a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Continuaron siendo objeto de golpes, descargas eléctricas y asfixia. Además, fueron víctimas de tortura psicológica, ya que amenazaban con matarlos, poniéndoles una pistola en la cabeza, si no se declaraban culpables de un secuestro.
En días pasados se hizo público que el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas requirió a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que informara sobre las medidas adoptadas para resguardar la integridad física y moral de las cuatro víctimas de tortura, sus familiares, y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por las represalias sufridas tras visibilizar la práctica de la tortura y fabricación de culpables por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esto en relación a que el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) el 4 de agosto de 2015 emitió una histórica decisión en la que encontró responsable al Estado mexicano por las torturas cometidas en contra de los cuatro hombres por parte de elementos del Ejército Mexicano en el estado de Baja California en 2009.
Dicha decisión no sólo fue paradigmática al evidenciar la práctica de la tortura en el país, sino también por tratarse de la primera decisión emitida por ese órgano sobre un caso individual contra México.
Luego de la decisión del CAT, el 7 de octubre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 33/2015 en la que determinó que elementos de la SEDENA y la Procuraduría General de la República (PGR) son responsables por la violación a los derechos humanos a la privacidad, la inviolabilidad del domicilio, la libertad, la seguridad personal por la detención arbitraría y retención ilegal en instalaciones militares, y la integridad personal por hechos de tortura en contra de las víctimas.
Días después, el 25 de noviembre de 2015, el Poder Judicial de la Federación dictó dentro del proceso penal que seguía en contra de los 4 Civiles de Rosarito, sentencia absolutoria en el que determina que estos no son penalmente responsables de la comisión de los delitos que se les imputó en aquel momento.
Las pruebas que los implicaban fueron obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria y la tortura, por lo que debían ser declaradas ilícitas, lo que dio como consecuencia la absolución de las víctimas.
A pesar de esto, a la fecha no se tiene conocimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México haya respondido al Comité contra la Tortura sobre las medidas adoptadas para revertir las consecuencias de la campaña dirigida a revictimizar, criminalizar y hostigar a las víctimas de tortura, así como dañar la reputación de las organizaciones, que como la CMDPDH se dedican a la defensa de derechos humanos en México.
Por lo anterior, “hacemos un llamado enérgico a Enrique Peña Nieto a cumplir con las decisiones y los requerimientos del Comité contra la Tortura, así como notificarnos oportunamente de las medidas que se tomarán para proteger la seguridad, la integridad física, la honra y dignidad de las víctimas de la tortura y sus familias, así como del personal que labora en la CMDPDH”, señaló la organización.
El de los cuatro de Rosarito es uno en cientos de casos que logró obtener justicia pero a medias. Y con la ayuda de organizaciones, porque ni siquiera debían exigirla, ni siquiera tenían porque ser detenidos y casi pierden la vida con las brutales torturas. Fuera de la cárcel, ¿quién les paga la asistencia psicológica? ¿estarán siendo atendidos constantemente por los médicos para dar el seguimiento adecuado a las secuelas? y qué hay de la familia ¿Está siendo atendida?, cuestiona la derecho humanista Irma Ballesteros.
“Todas las evidencias están expuestas, pero si aún nada queda claro el Estado nuevamente aporta la del abandono. La ONU emitió una condena a México por un caso de tortura en un hecho histórico. Al Estado no le importa, Peña Nieto hizo como si nunca pasó y minimizo las recomendaciones del Comite contra la Tortura de la ONU, hasta el grado de ‘olvidarse’ de los hechos y de las recomendaciones. Porque tomarlas en cuenta e implementarlas es aceptar que su ejército es una banda delincuencial con uniforme. Un grupo armado de sicarios con logotipo oficial”, comenta Ballesteros a Revolución TRESPUNTOCERO.
Hoy las fosas clandestinas son el escondite a donde llevaron a los que torturaron y no aguantaron, las fuerzas del Estado, añade. “Si un caso que tuvo tanta difusión incluso a nivel internacional, el Estado obvio las encomiendas del CAT podemos explicarnos qué tipo de gobierno, por medio de sus instituciones mantiene en el olvido a cientos de torturados, cuyas familias están exigiendo justicia por desapariciones, por tortura, por ejecuciones extrajudiciales.
Estamos asistiendo al sexenio del terror, al sexenio de las masacres y su dirigente el sicario Peña Nieto, culpable directo o indirecto pero siempre culpable. Como lo fue Felipe Calderón en su momento aunque el actual lo haya superado y muy mucho”.
Han pasado dos años, “ellos pudieron salir libres pero no psicológicamente, estos tratos crueles pertenecerán en sus mentes como en las de sus familias, se sentirán acechados incluso podrían estarlo. La vida fue modificada para siempre y encima de esto su agresor finge que no pasó nada y los abandona, cuando es su obligación reparar mínimamente el daño, porque su estabilidad emocional difícilmente lo podrán lograr”, enfatiza.
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