Zetas cortaban cuerpos de víctimas con un hacha hasta que morían; funcionarios de Moreira lo permitían a cambio de mdd

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(12 de julio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Un método muy utilizado de homicidio por el cartel de los Zetas es cortar y “cocinar” a sus víctimas. El proceso consiste en cortar los brazos o piernas de las víctimas, con un hacha hasta que muera la víctima y luego arrojar las partes del cuerpo en una tina de ácido, para desintegrarlo o combustionar las partes bañadas en diesel en cilindros de metal.
Su actuación se puede resumir en la siguiente ecuación: “A más salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades, más silencio en los medios y, aunando todo ello, un control incontestable del territorio donde operaban”. Lo anterior según la investigación del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan Larios en colaboración con otras organizaciones.
En Coahuila, policías municipales y estatales, durante el gobierno de Humberto Moreira guardaron silencio mientras el cártel de los Zetas cometía crímenes en contra de la población civil, los cuales iban desde los secuestros hasta el tráfico de órganos, donde la impunidad también corría a cargo de altos funcionarios del gabinete del gobernador.
Varios testigos detallaron los dineros entregados a Humberto Moreira Valdés; Humberto Uribe Tapia explicó que “el ex gobernador, en ejercicio de sus funciones, recibió cantidades millonarias en dólares de Los Zetas. En su testimonio ante el jurado, Uribe Tapia mencionó que empaquetó alrededor de 2 millones de dólares en maletines y los entregó a un auxiliar personal del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en un hotel en la capital de Saltillo”, de acuerdo a la investigación.
Incluso, señalan que, las mismas autoridades les prestaron vehículos al grupo delictivo para cometer delitos, a cambio de dinero, señalaron detenidos en Texas. Lo anterior fue explicado por las familias de desaparecidos que este martes presentaron el informe México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad.
La conferencia de prensa contó con la presencia del obispo Raúl Vera, quien durante su participación aseguró que quienes han denunciado los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Coahuila, no se encuentran contra nadie, sino a favor de la paz y la justicia, así como del restablecimiento del un orden legal en el país.
“En Coahuila estamos es uno de los escenarios de lo que está pasando en el país, no es una casualidad la criminalidad que se vive en México, nosotros lo estamos evidenciamos con el caso Coahuila y lo decimos con toda claridad, lo hemos documentado ante la Corte Penal Internacional.
Esto no obedece a situaciones fortuitas. Esto proviene de una estructura que tiene como resultado una macrociminalidad. En este estado existen condiciones estructurales donde se prepararon fuerzas de elite poco reguladas, que en diferentes momentos colaboraron con el crimen organizado. Hoy lo sabemos gracias por la clínica jurídica de la Universidad de Texas, quienes nos aportaron testimonios de gente que aseguró que, los funcionarios de Coahuila colaboraron claramente con integrantes del crimen organizado y nos proporcionaron casos”, denuncia el obispo Vera.
A su vez, continúa mencionado que bajo todo lo documentado, es clara y tacita la colaboración del gobierno de Coahuila. Ya que, comentó, bajo la capa de una guerra contra el crimen existe una protección de ese mismo crimen organizado por parte del Estado, con distintas modalidades.
Y es que indica, “no es nada más la ausencia del Estado, es una colaboraron por medio de ataques de la población para sembrar el terror. “Así todos estos criminales tengan todos los negocios criminales posibles que les proporcionan mucho dinero”, indicó Vera. Quien a su vez reiteró que no es una suposición, sino algo que se vive en Coahuila.
Puntualmente las familias de las personas desaparecidas. “Estamos a favor de México y un Coahuila en paz, donde exista el establecimiento de un modo de gobierno que deje de ser lo que es ahora, porque se está haciendo un desvío de poder al servicio de cárteles y al servicio de personas deshonestas que no tienen que ver con la paz y la justicia de nuestro estado”, puntualizó.
Las organizaciones y familias de víctimas denuncian que es el gobierno quien por medio del terror y el miedo controla a la población ya que, “lo hace porque en este momento las reformas estructurales están saqueando al país y Coahuila tiene todo un botín de recursos naturales listos para ser saqueados, siendo una de las zona más ricas en hidrocarburos”.
Así es como el mecanismo de gobierno, el cual señalan han identificado por medio de la desaparición forzada, busca atacar a la población civil, asegurando que en las zonas donde llega el ejército a “combatir” el narcotráfico, es donde “se acelera la violencia y se ha multiplicado el crimen organizado. Todo ello es entonces crímenes de lesa humanidad”.
El informe ha sido escrito sobre la base de entrevistas a víctimas e información proporcionada por familias unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios. En la información se detallan expedientes de casos particulares de víctimas de privación grave de la libertad física, tortura y desaparición forzada en Coahuila.
Logrando así un total de 562 casos de víctimas documentadas. Las familias acudieron a la CPI “porque en estos 10 años de la llamada guerra contra el narco el Estado mexicano ha sido incapaz de investigar y procesar a los responsables de crímenes atroces como los que han documentado en Coahuila”.
A su vez, señalan que si el gobierno mexicano no quiere la intervención de la CPI, deberá establecer entonces con el apoyo de la misma fiscalía y la comunidad internacional, un órgano independiente imparcial, internacionalizado y de carácter extraordinario, con el mandato de investigar crímenes atroces y procesar a los responsables, desmantelando las estructuras de macro criminalidad que tienen sometidas a las instituciones nacionales de justicia.
Cabe señalar que de los 32 casos detallados, quince reportan actos de desaparición forzada de 33 personas en los que es posible presumir que las víctimas han sido asesinadas por el tiempo transcurrido.
De la misma manera es posible presumir un importante número de asesinatos entre las 195 y 367 víctimas identificadas como no localizadas o desaparecidas en los registros de las organizaciones Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

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