Sin pruebas, migrante lleva 5 años en prisión por “extorsión”; exige liberación y lo amenazan y castigan

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(01 de julio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Roberto Carlos, es un sobreviviente de tortura, fue detenido el 22 de mayo de 2013 y cuatro días después es encarcelado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado No. 13 (CERSS No. 13), en Tonalá, Chiapas, acusado de extorsión.

Peritos independientes realizaron valoraciones médicas y psicológicas con base en el Protocolo de Estambul teniendo como resultado que Roberto Carlos sufre de consecuencias físicas y psicológicas debido a hechos de tortura y/o tratos crueles e inhumanos durante su detención. 

A pesar de la denuncia de tortura ante el ministerio público, las violaciones al debido proceso durante el juicio y la falta de asistencia consular fue sentenciado en primer instancia a siete años, dicha sentencia fue reducida a 5 años y 3 días en apelación.

Por lo que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestó su preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos, inmigrante de origen hondureño.

La víctima ha denunciado desde el CERSS No. 13 su detención arbitraria, la tortura a la que sobrevivió, así como las violaciones a los derechos humanos que ha sido víctima dentro de la prisión. 

En 2015 su expediente fue expuesto a la Mesa de Reconciliación del Gobierno de Chiapas para solicitar la revisión de su caso y solicitar su libertad de acuerdo a los beneficios que concede la ley; en febrero de 2017 según información con la que cuenta el Frayba.

Los integrantes de la Mesa de Reconciliación habían determinado otorgarle su libertad, pero “por retraso burocrático desde febrero a la fecha el gobierno mantiene una privación arbitraria que le ha ocasionado angustia y desgaste psicológico por la promesa de libertad”, se informa.

Debido a que aún se encuentra detenido Roberto Carlos ha realizado dos huelgas de hambre dentro del penal como una forma de exigir su liberación, las cuales han derivado en problemas de salud que podrían poner en riesgo su vida dentro de la prisión, señala Frayba.

Cabe señalar que por las acciones y denuncias que ha realizado exigiendo su libertad ha recibido amenazas, castigos, negación de visitas, aislamiento y acciones de intimidación por el Director y personal de custodia del CERSS No. 13, por lo que en mayo de este año fue trasladado al Reinserción Social para Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), en San Cristóbal de Las Casas, en donde se encuentra actualmente y desde ahí ha anunciado una tercera huelga de hambre para exigir su libertad inmediata, que ha suspendido por el momento tras la esperanza de su libertad.

“Chiapas volvió a los años intensos del hostigamiento y la tortura que se vivía en los 90, le ha funcionado a las actuales autoridades, solapadas por un gobierno que provoca y celebra la represión, el despojo, el desalojo y tiene a los grupos paramilitares como brazo violento contra los indígenas, migrantes, y los de abajo en general.

Ni siquiera la ejecución extrajudicial de un menor de 13 años le ha conmovido a Velasco Coello, nunca ha dado lugar a algún pronunciamiento en cuanto a las violaciones a derechos humanos que se han cometido y se siguen cometiendo en la entidad durante su gobierno. Estamos frente a un gobernador inhumano que al mismo tiempo protege a quienes cometen este tipo de acciones sin otro objetivo que el de humillar y degradar a gente inocente”, señala a Revolución TRESPUNTOCERO el defensor de Derechos Humanos Alberto Soto Reyes. 

En 2016, la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos (MODH), dio a conocer el resultado del recorrido que realizó en tres corredores migratorios de la Frontera México-Guatemala. Y presentó un informe preliminar donde señaló que se constató la grave violación a los derechos humanos de la población migrante. 

De acuerdo a un reportaje realizado por Revolución TRESPUNTOCERO, en diciembre de 2015, se produjeron dos muertes de migrantes en la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, municipio perteneciente a la frontera sur del país. Una más se produjo el 10 de mayo de 2016, sumando así tres en cinco meses.

No es la primera vez que se descalifican las condiciones en dicho Centro de Detención, y se manifiesta como “insostenible” en términos de seguridad, hacinamiento, conflictividad interna, debido proceso, limitantes para acceder al derecho de asilo y problemas de salud física y mental derivado de lo anterior.

Manuel Antonio Ventura García, de origen salvadoreño de 32 años de edad, murió en el interior de la Estación Migratoria Siglo XXI, en donde se encontraba privado de su libertad y en espera de su deportación.
En el caso de Roberto, el Frayba considera que la Embajada de Honduras en México no ha otorgado la asistencia consular adecuada, ni las gestiones políticas ni diplomáticas para obtener su libertad, argumentando que no lo tiene registrado como ciudadano de su país, sin embargo Roberto Carlos ha sido deportado por el Estado mexicano en tres ocasiones, por lo que el gobierno de ese país si cuenta con los registros que lo acreditan como ciudadano hondureño.

“Estamos asistiendo a un escenario de desamparo total, las mismas autoridades de su país han dejado a Roberto en el abandono frente a un estado que se caracteriza por darle vía libre a todo aquel que delinca, maltrate y dañe a migrantes, siendo culpables desde las Maras Salvatruchas hasta las mismas autoridades migratorias.

Aquí en este rincón del país el gobierno y su gente practica la tortura, ejecución extrajudicial y desapariciones forzadas, usa militares, policías y paramilitares, sin que, ante lo evidente, la CNDH se movilice, debería de tener ya expedidas más de 10 recomendaciones contra el gobernador”, indica Soto.

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