REDIM exige investigación y sanción por daños a niños víctimas de la “Ciudad de los Niños”

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“Nuevamente niñas niños y adolescentes son motivo de indignación pública al descubrirse víctimas indefensas de violencia física, sexual y psicológica en el centro de asistencia social ‘Ciudad de los Niños A.C.’ ubicado en Salamanca, Guanajuato y que se encuentra a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, otras religiosas y personal sin formación profesional que de acuerdo con testimonios de las víctimas son los responsables directos de las agresiones y vejaciones”, señaló Redim.

Además, exigió al Gobernador del estado de Guanajuato, a la Procuraduría General de la República y a la jerarquía católica demostrar en los hechos que no serán parte del pacto de impunidad frente a este grave descubrimiento. “Aún está en la memoria e indignación por la impunidad en el caso ‘Mamá Rosa’ que en circunstancias similares de institucionalización masiva mantuvieron bajo la complicidad de autoridades locales y políticos de turno un trato inhumano a cientos de niñas, niños y adolescentes enviados a estos lugares por los DIF estatales”.

Ante la evidencia de inacción de las autoridades locales hacemos un llamado a la PGR para atraer el caso y realizar las investigaciones conducentes para sancionar al sacerdote Pedro Gutiérrez y el personal cómplice de los abusos. Es un buen momento para que la jerarquía católica atienda el llamado del Papa Francisco quien ha comprometido a la Iglesia para no tolerar más curas pederastas, por lo que exigimos lo entreguen a las autoridades competentes para que responda a las acusaciones y en su caso sea procesado penalmente, señaló la ONG.

Es importante reconocer el excelente trabajo de la juez Karla María Macías Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, que frente a una resolución de amparo decidió cumplir fehacientemente con el Artículo 4º  Constitucional que establece el “Interés Superior de la Niñez” en todas los actos de autoridad. Lo que tienen que explicar las autoridades de Guanajuato es por qué desde marzo que se emitió la resolución no se atendió sino hasta que el valiente trabajo periodístico develó el cautiverio y maltrato de que eran víctimas cientos de niñas niños y adolescentes.

“En su resolución la jueza solicitó indagar al Ministerio Público si los apoyos recibidos por la organización, tanto de gobiernos como de particulares, han sido utilizados en la mejora de alguno de los cinco centros a cargo o si hay desvío de fondos.

Recordamos las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, al observar que en México: “no existen políticas suficientes para apoyar a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales; el número total de niñas y niños privados de un entorno familiar es desconocido; la institucionalización continúa siendo la opción priorizada sobre los hogares de acogida; y existe una supervisión inadecuada en las instituciones de cuidado alternativo, lo cual resulta en casos notorios de abuso y negligencia, como lo son “Casitas del Sur”, “CAIFAC” y La Gran Familia”.

A su vez, Redim señaló que actualmente en México existen 879 centros de asistencia de los cuales sólo el 9.7% son públicos, mientras que el restante 90.3% están distribuidos en entidades privadas y sociales.  Así mismo, se tiene registrado que existen 30 mil niñas, niños y adolescentes alojados en dichos centros.

Ante lo anterior, “enfatizamos las obligaciones del Estado mexicano de prevenir, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de graves violaciones a los derechos de niñas, niños o adolescentes que han sido separados de sus familias”, sumaron.

“Lamentamos profundamente que  las altas autoridades del país siguen mostrando desdén ante el 32% de la población nacional, invalidando el gran esfuerzo realizado por funcionarias y funcionarios que buscan hacer realidad el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, SIPINNA. El Presidente de la República no ha convocado a la 3ª sesión del SIPINNA desde hace 7 meses. Más de veinte gobernadores han dejado de convocar a las sesiones de los Sistemas Estatales donde se tiene que definir la política pública que garantice los derechos de la niñez”.

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