Pese a la implementación de la AVGM, en Chiapas se han perpetrado 63 muertes violentas en contra de mujeres, en 6 meses

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(22 de julio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Entre enero 3 de este año y el 13 de julio, en Chiapas se han perpetrado 63 muertes violentas en contra de mujeres, de acuerdo a un documentado emitido por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas-Colectivo de Encuentro entre Mujeres (Colem).
Cabe señalar que del total de los 63 casos violentos contra las mujeres, 27 han sido feminicidios, 17 han quedado sólo en intento, nueve en posible feminicidio, cuatro como suicidio y seis como accidentes automovilísticos, se ha informado.
Además, de acuerdo con la información de la organización, los 63 hechos de violencia han ocurrido en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Pijijiapan, Escuintla, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Acala, Chicomuselo, Oxchuc, Jaltenango, San Andrés Larráinzar, La Concordia, Ocozocoautla, Suchiate, Villacorzo, Frontera Comalapa, Sabanilla, Villaflores, Tonalá, San Juan Chamula, Pantelhó y Chenalhó.
El 18 de Noviembre del 2016 en la ciudad de México, la Secretaria de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) decretó la Declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) para Chiapas.
Siendo declarada en: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de la Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; así mismo acciones específicas para la región altos de Chiapas. Sin embargo, organizaciones y sociedad civil han constatado que no los mecanismos a implementar con ésta no han sido llevado a cabo a cabalidad por lo que las muertes violentas de mujeres, continúan al alza.
“En la costa de Chiapas, consideramos que se ha incrementado el índice de violencia contra las mujeres con uso extremo de violencia y perjuicio, estos hechos han sido dados a conocer en diversos medios de comunicación, en donde señalan que la mayoría de las  víctimas  se suicidaron, sufrieron homicidio y hechos de tránsito.  
Muy pocos de estos casos han sido investigados por el delito de feminicidio, siendo la región costa, principal protagonista de dichos actos”, señala el CDH Digna Ochoa.
“No puede existir una política de prevención del feminicidio cuando las mismas autoridades revictimizan a la familia de la persona que fallece violentamente o a la mujer que ha ido a denunciar que sufre violencia.
No hay protección para las mujeres, vivimos en una entidad donde a la mujer se le hace menos y ya desde ahí nada puede estar bien. Se le hace menos en su casa y se le hace menos en el trabajo, en las oficinas de gobierno”, afirma a este medio la activista Abigail Medina.
Quien a su vez, menciona que la alerta de género no ha rendido ningún tipo de efecto, “porque simplemente no se ha implementado. Se decretó para acallar las voces pero eso no ha significado que se refleje en hecho. Se desconoce algún tipo de programa, plan o método, la mujeres siguen siendo asesinadas y lo único que pasa con sus muertes, es que se convierten en una nota más de la sección policiaca de los medios locales”.
El Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH), ha señalado que existe una falta de capacitación, voluntad e interés de fiscales, peritos, policías, traductores y secretarios de la Fiscalía para actuar de acuerdo al mandato que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Otras irregularidades que detectó el CDMCH respecto a la AVG, solicitada hace tres años por esta organización civil, es que no hay espacios privados y adecuados para escuchar a las víctimas de violencia cuando presentan una denuncia, “generalmente este tipo de procedimiento se realiza en áreas de atención inmediata, un espacio abierto que revictimiza a las personas”, señaló la organización.
Además, no se llevan a cabo los procedimientos de actuación inmediata de atención a víctimas. “Esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y requieran atención médica”, dice el Centro.
En tanto, Medina señala que no solamente se necesita implementar programas de información, sino también métodos de protección segura, “que si la mujer ya ha sido violentada haya mayor protección y respuesta inmediata ante un llamado de emergencia. En las zonas peligrosas mayor vigilancia y sobre todo, que se sancione las tragedias pasadas, de lo contrario se está abriendo fácilmente la puerta a la impunidad y a la repetición de hechos”.
El CDMCH, ha observado que las autoridades se tardan en los trámites, no se le da a conocer a la víctima el procedimiento a seguir ni copias o revisión de su declaración, y los tiempos y recursos en la intervención que existen. Todo esto, bajo un trato que no es digno ni sensible por parte de los servidores públicos, lo que reproduce “los perjuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres”.

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