ONU pide a gobierno de México, una investigación transparente, independiente e imparcial en casos de espionaje

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de un grupo de expertos, hizo un exhorto al gobierno de México “a realizar una investigación transparente, independiente e imparcial sobre las denuncias de la presunta utilización del spyware llamado Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas”.

Michel Forst, David Kaye y Joseph Cannataci, relatores especiales sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y sobre el Derecho a la Privacidad; así como Houria es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, indicaron –en un posicionamiento conjunto– que las denuncias de vigilancia ilegal “representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión, expresión y de asociación. Son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”.

Cabe señalar que dicho posicionamiento, llega luego que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló en una investigación que “existen elementos para considerar que dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto habrían utilizado ese malware para hackear e intervenir los teléfonos móviles de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016”.

Cabe señalar que, según los reportes difundidos, “la intervención informática habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a activistas de otras organizaciones, al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –nombrado para participar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa—, a varios periodistas –entre ellos a Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola–, así como el hijo de la primera, y a miembros del Partido Acción Nacional (PAN)”.

“Dada la gravedad de los hechos, el gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia. La posible implicación en la compra y el uso de Pegasus de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación. En ese sentido, llamamos al gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador”, enfatizaron los expertos de la ONU.

Además, “exhortamos al gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo. Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado.”

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