“Me pisotearon el cuello y me metieron en un calabozo”: menor detenido arbitrariamente por policías en Yucatán

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(25 de julio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- José Adrián, de 14 años el año pasado, tiene una discapacidad que le impide escuchar adecuadamente. El 25 de febrero de 2016, salió de la escuela secundaria y caminó de regreso en X‐Can, su pequeña comunidad en Yucatán.
Ese día hubo una riña entre algunos jóvenes y una patrulla resultó apedreada. Al darse cuenta de lo ocurrido, el hermano de José Adrián fue a buscarlo para asegurarse que regresara a salvo a su casa. Pero José Adrián ya había sido arrestado por policías municipales, que lo detuvieron en la calle, acusándolo de “haber dañado la patrulla”, pese a que él no estaba allí cuando sucedieron los hechos, dio a conocer Amnistía Internacional.
José Adrián fue el único detenido. “Cuando los policías lo arrestaron, no le explicaron qué estaba pasando ni por qué lo detenían, tampoco llamaron inmediatamente a su familia”.
Lo que sí sucedió, fue que lo golpearon, lo arrojaron contra la patrulla y le pisaron fuertemente el cuello; le quitaron los zapatos, la camisa y lo esposaron. En esas condiciones de maltrato y violencia, fue subido a una patrulla y llevado a la cercana población de Chemax.
Al llegar ahí, lo colgaron por las esposas en la parte alta de una pared y fue golpeado y amenazado para que se incriminara. Lo amenazaron diciéndole que pasaría muchos años allí. José Adrián recordó: “Me tiraron, me pisotearon. Me metieron en un calabozo”, declaró. Él sufrió varias lesiones, sobre todo en el cuello, que tomaron días en sanar y la atención médica que le brindó el Estado fue deficiente, se argumenta.
Fue hasta varias horas después que los padres de José Adrián pudieron saber de él, y quienes, para poder liberarlo, se vieron forzados a firmar un convenio ante un juez de paz, en él se comprometían a pagar 2 mil 500 pesos “por los daños ocasionados a la patrulla”, además de una multa de 700 pesos.
Además, fueron amenazados, ya que si los padres no pagaban el monto requerido, las autoridades afirmaban que iban a encarcelar a José Adrián. La familia pudo juntar el dinero de la multa y las autoridades acordaron que pagarían los supuestos daños en plazos.
Sin embargo, la familia dio paso a interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y ante la Fiscalía del Estado, pero hasta ahora no hay avances en la investigación y nadie ha sido sancionado.
“Las detenciones arbitrarias en México, no son más que la puerta de entrada a la tortura, la desaparición forzada y/o la ejecución extrajudicial. Vivimos en un régimen violento que conjunta estos elementos para reafirmarse ya sea como un (falso) ‘impartidor de justicia’ o como un ejecutor que busca mantener al pueblo agachado.
Por eso da tanto poder a todos los policías, a todos los elementos de las fuerzas armadas, por eso los protege, porque bajo esa seguridad que no serán juzgados amenazan, hostigan, desaparecen, torturan y matan”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO la derechohumanista Sofía Lara.
En su más reciente informe: Falsas sospechas: detenciones arbitrarias por la policía en México. AI afirma que “la tóxica combinación de un sistema judicial defectuoso, unos agentes de policía sin la formación adecuada y una impunidad generalizada están fomentando las detenciones arbitrarias y dando lugar a tortura”.
Dicho documento da cuenta de la manera en que la policía de México detiene arbitrariamente de forma rutinaria a personas para extorsionarlas. Además, “los agentes a menudo colocan pruebas falsas en un intento de demostrar que están haciendo algo para abordar la delincuencia, o de castigar a personas por su activismo de derechos humanos”.
“El sistema de justicia de México es totalmente inadecuado para su propósito y, por tanto, está fallando masivamente a la población”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Lara, lamenta que “no se le puede pedir al verdugo que tome medidas que garanticen la seguridad y el derecho a la vida de los ciudadanos si lo que precisamente quiere es acallar poblaciones por medio de la violencia, que nuevamente reitero parte de las detenciones arbitrarias. Porque si es amenaza, al menos puedes huir, que es lo único que se puede intentar, pero en el momento en que te detienen no sabes si serás torturado, desparecido o te van a matar, pero una de esas tres te pasará, es la ley del Estado”.
“Aterradora”, afirma Lara, que es la situación en México para las comunidades del norte del país, “y del centro y del sur, sin embargo es el la región de Coahuila, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Sonora, zonas del norte donde se perciben más los cárteles, que se producen más violaciones a derechos humanos.
Posiblemente porque existe margen de justificación, es más fácil convertir a un civil en un falso positivo, como el caso de los ‘4 de Rosarito’, jóvenes que caminaban a sus jornadas laborales y son interceptados y convertidos en una banda de secuestradores”.
El Estado mexicano, señala, usa la supuesta represión del narcotráfico, como pretexto para detener ilegítimamente y juzgar injustamente ya sea a activistas o sociedad en general que sirva como ‘escarmiento’ para otros grupos.
“Hemos vivido ya casi 12 años de una guerra declarada por el gobierno, en contra de los civiles. Somos ciudadanos asediados por un régimen oligárquico que tristemente es responsable por gran parte de una población desinformada que no alzará la voz mientras no les pase a ellos”. indica Lara.

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