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Gobierno priista de Rubén Moreira desvía 423 mdp más intereses, destinados a sanear pensiones y a Protección Civil

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Según una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Gobierno priista de Rubén Moreira desvió 423 millones 256 mil pesos, más intereses, destinados a sanear el sistema de pensiones, a Protección Civil y a la modernización del Registro Público de la Propiedad, entre otros rubros.

La auditoría relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), fue realizada a 654 millones 325 mil 100 pesos, correspondientes al 100 por ciento de los recursos que el FAFEF otorgó al Gobierno de Coahuila en 2016, y que fueron depositados en una cuenta.

“Se determinó que el Gobierno del Estado de Coahuila realizó diversos traspasos de los recursos del FAFEF 2016 a una cuenta bancaria propia de la Secretaría de Finanzas hasta totalizar 550 millones de pesos” – menciona el informe de la ASF.

De los 550 millones de pesos reiterados en 2016 a otras cuentas, la Auditoría encontró que, hasta el 31 de marzo de 2017, la Secretaría de Finanzas únicamente regresó 126 millones 744 mil pesos.

“Está pendiente el reintegro de 423 millones 256 mil pesos, más los intereses correspondientes.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 423 millones 255 mil 996.25 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por transferir recursos del FAFEF 2016 a otras cuentas bancarias” – dice la ASF.

Rubén Moreira deberá, para solventar las irregularidades, acreditar ante la ASF los documentos de destino y aplicación de los recursos.

“Se pone de manifiesto que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza tiene una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia del FAFEF, debido a que se realizaron transferencias a otras cuentas bancarias por 550 millones de pesos, importe que corresponde al 84 por ciento de la muestra auditada” – dice el estudio.

“Se dejaron de atender rubros como el saneamiento financiero y de pensiones; modernización de los registros públicos de la propiedad y de sistemas de recaudación fiscal; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; a sistemas de protección civil, o apoyos a educación pública y al pago a fondos constituidos para apoyar proyectos de infraestructura concesionada”.

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