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En caso Ayotzinapa, Estado ha invertido cuantiosos recursos para espiar a padres de los 43 y sus abogados: familiares
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(09 de julio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “En el marco del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes del Estado Mexicano, presentaron magros avances ante madres, padres, representantes legales y frente al organismo internacional en relación al caso Ayotzinapa”, dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
La audiencia de seguimiento sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, tuvo lugar en Lima, Perú. En ella, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, representados por la señora Cristina Bautista y Mario César González manifestaron que “a más de 33 meses de los hechos como madres y padres no vamos a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos”.
También expresaron que “el gobierno no usa adecuadamente la tecnología para buscar a sus hijos, sino la utiliza para espiar a sus representantes, a las organizaciones que les acompañan y a los propios padres, lo que se agrava al tener sólo los recursos económicos sino también la capacidad técnica que serviría para dar con el paradero de los normalistas”.
Ante los nulos avances, informaron a la CIDH que han tenido que protestar para exigir la verdad y justicia pero la respuesta ha sido la criminalización, amenazas, agresiones físicas, campañas de difamación e incluso el espionaje. A la fecha no existen avances en el análisis de la tecnología celular de los estudiantes, “paradójicamente el Estado ha invertido cuantiosos recursos para espiar a los padres de los 43 y sus abogados”.
Por otra parte, madres, padres y representantes denunciaron que el cronograma acordado por parte de las autoridades mexicanas en cumplimiento del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH sobre el caso no cumple de manera cabal lo requerido por las familias y que no expresa una seriedad en la investigación a casi 3 años.
Existen líneas de investigación que el Estado se comprometió resolver en junio pero a la fecha no han presentado resultados, señalaron. En ese sentido, el cronograma propuesto y acordado ha sido utilizado únicamente como un mecanismo de dilación en las indagatorias realizando oficios y trámites burocráticos desde el escritorio sin presentar avances reales.
Como la detención de los policías municipales de Huitzuco, policías federales e investigaciones y procesamiento de elementos del Ejército Mexicano con presuntos vínculos con organizaciones delictivas y que omitieron dar información de los hechos del día 26 y 27 de septiembre de 2014.
En la audiencia, la CIDH expresó su preocupación por los endebles avances. La relatora para México, Esmeralda Troitiño, y el comisionado James Cavallaro, precisaron que se tienen informes de que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudieron ser víctimas de espionaje telefónico por parte del gobierno mexicano, con el programa Pegasus del cual fueron víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.
El Comisionado James Cavallaro leyó una carta que recibieron de los ex integrantes del GIEI, en el que dan a conocer esta circunstancia, por lo que los comisionados y los representantes de los familiares de los 43 normalistas demandaron a la representación del Estado mexicano una investigación a fondo del espionaje telefónico.
La misma relatora interpeló a la delegación mexicana al preguntarles sobre las autoridades del Estado que estuvieron involucradas. “La respuesta fue muy lacónica por parte del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien se limitó a responder que hay una denuncia abierta contra quienes resulten responsables”, detalla Tlachinollan.
En la audiencia quedaron evidenciados el estancamiento de las investigaciones, la utilización de la tecnología para espiar a las víctimas, no para avanzar en el análisis telefónico y las inconsistencias de su verdad histórica, puesto que reconoce que nueve teléfonos de los estudiantes tuvieron actividad después del 26 de septiembre de 2014.
Una vez más, “el Gobierno mexicano deja expuestos los nulos avances sobre las cuatro líneas de investigación que los padres y madres de familia demandan sean investigadas, al incumplir con los plazos comprometidos en el cronograma referido y pisotea los mecanismos internacionales de supervisión de derechos humanos, faltando a su compromiso de verdad y justicia y al respeto a los derechos fundamentales y compromisos internacionales en esta materia, al espiar a los integrantes del GIEI”.
En esta audiencia, “los padres y madres de familia han podido demostrar a los miembros de la CIDH que no hay un verdadero seguimiento a las líneas de investigación recomendadas por el GIEI y que todo ha sido una postura falaz que construye mentiras sobre mentiras”, se informa.
En tanto, los comisionados de la Comisión Interamericana y las víctimas, urgieron al Estado Mexicano a ampliar las indagatorias y a agilizar los procesos a fin de dar con el paradero de los jóvenes, sancionar a los responsables y llegar a la verdad y a la justicia.
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