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Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se dedicaron a investigar el caso Ayotzinapa, también pudieron ser víctimas de espionaje a través del software Pegasus.
Lo anterior fue revelado por miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual dependía el GIEI, esto, durante una audiencia de oficio del Mecanismo Especial de Seguimiento, en el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH.
Esto se mencionó ante padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y representantes del Estado mexicano, Esmeralda de Troitiño, comisionada especial para México y cabeza del mecanismo de seguimiento, indicó que “recibieron una carta de integrantes del GIEI en la que refieren que recibieron mensajes parecidos a los señalados en los informes de Citizen Lab”.
En ese sentido, los comisionados Luis Ernesto Vargas y James Cavallaro demandaron una respuesta enfática del Estado al respecto. “Quisiera enfatizar una parte que nos informa que varios de los miembros del grupo, así como su secretario ejecutivo, recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado ‘Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México’”, señaló James Cavallaro.
“(La carta) sigue y da más detalles, vamos a comunicarle formalmente sobre esta carta al Estado, acabamos de recibirla, pero como estamos en el espacio y estamos tocando este tema, quisiera, como mi colega el comisionado Vargas y todos acá en la mesa y la sociedad civil, escuchar un poco más sobre estas investigaciones”.
Sin embargo, ningún funcionario se refirió directamente a esta revelación. Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, se limitó a refrendar la voluntad de la Procuraduría General de la República “para investigar las denuncias de espionaje”.
Mientras que Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) que lleva la indagatoria, reiteró que “han pedido a los denunciantes del caso la autorización para acceder a la información de sus celulares, así como asesoría a instituciones de otros países”.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, comentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya dictó medidas cautelares para que las autoridades no empleen la tecnología en contra de defensores o periodistas.
Para Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, “lo que resta de la investigación sobre el espionaje es de carácter técnico que necesita de la colaboración de los que se dicen afectados”.
Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que acompaña a los padres de los normalistas, pidió a la CIDH que se pronuncie sobre el posible espionaje.
“De acreditarse estaríamos ante un caso inédito en la historia de México en donde un mecanismo internacional de derechos humanos habría sido espiado por el Estado”, destacó.
“Para nosotros eso pone en entredicho de una manera profunda e indignante la buena voluntad del Estado mexicano para con la asistencia técnica”.
Mario Patrón, director del Prodh y uno de los espiados mediante Pegasus, pidió que “la CIDH ponga un ultimátum al Estado mexicano para poder dar continuidad al mecanismo de seguimiento.
Si quienes acompañamos a las víctimas somos espiados, si la propia comisión interamericana es espiada, no tenemos duda de que no hay una voluntad política por parte del Estado para llegar al esclarecimiento de los hechos”, sentenció.
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