Defensor de DH fue enterrado en fosa común, luego de ser detenido, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente

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(26 de julio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Han pasado ya ocho años de la detención-desaparición y posterior ejecución del luchador social, defensor de derechos humanos e investigador académico Fermín Mariano Matías sin que hasta el momento existan avances para esclarecer su muerte.
Fermín, fue ejecutado a los 32 años de edad; previa detención-desaparición desde el 24 de junio de 2009. En aquel momento sostuvo comunicación vía telefónica con algunos de sus compañeros; su cuerpo sin vida fue presentado un mes después el día 27 de julio tras una movilización realizada por organizaciones, familiares y amigos. 
No obstante, según los informes periciales de la PGJ del estado de Tlaxcala desde el 26 de junio por la tarde se había realizado el levantamiento de cadáver en el paraje conocido como la Macabrona perteneciente al municipio de San Juan Totolac; su cuerpo presentaba seis disparos de dos armas de fuego distintas calibre 9mm y .380ACP.
Cabe mencionar que hasta ese momento se encontraba en calidad de desconocido, así que fue esta misma dependencia que giró notificaciones sobre el hallazgo del cuerpo a las diferentes procuradurías del país, incluyendo a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla hoy Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). 
Al no responder al llamado ninguna de las homólogas, el cuerpo permaneció en la morgue hasta el 20 de julio y posteriormente sepultado en la fosa común hasta el 28 de julio cuando se realizaron los trabajos de exhumación para ser entregado a sus familiares.
“Tras la ejecución de este crimen se continúa con la violación a derechos humanos, ya que este ocultamiento de la información sobre el paradero de Fermín, muestra la intencionalidad del Estado mexicano de no garantizar el derecho a la verdad y la justicia en crímenes cometidos en contra opositores al régimen”, menciona el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
“La desaparición y ejecución de Fermín, así como el incompetente papel de las autoridades no significan más que la manera en que el Estado promueve una guerra en contra de la sociedad civil, pero principalmente en contra de aquellos defensores de derechos humanos que son uno de los obstáculos para el gobierno.
Finalmente sus voces son las que exhiben ante el mundo la clase política que se encuentra al frente del gobierno. El estancamiento de las investigaciones, esperando el olvido con el paso de los años, en la sociedad sí le ha funcionado a los gobiernos. Ya que para muchos ‘no es nota’, si han pasado más de cuatro semanas. La deshumanización de la sociedad mexicana es lo mejor que le ha funcionado al gobierno”, indica a Revolución TRESPUNTOCERO el defensor de Derechos Humanos, Salvador Rojas. 
El también sociólogo, señala que en el caso de Fermín, el Estado continúa ensañándose contra un ‘enemigo’. “Si estuvo en su contra, si luchó contra los que este oprimió, le significa un enemigo. Si es capaz de desaparecer, torturar y/ ejecutar a sociedad civil lejana a las luchas sociales, qué le espera a un defensor de éstas y de un pueblo que cada vez más se convierte en víctima”.
Además, señala que la impunidad es la base del desarrollo de las detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, todos estos elementos de ataque del gobierno contra quienes no se mantienen acallados.
Hasta hoy la procuraduría de Tlaxcala se mantiene en que “no hay avances en las investigaciones por no contar con la tecnología necesaria para el esclarecimiento del caso”; mientras que la FGE se ha deslindado desde el 2009 al haber sido encontrado el cuerpo en la entidad de Tlaxcala, omitiendo que fue en el estado de Puebla donde nació, residió la mayor parte de su vida y con ello el desarrollo de su actividad y participación política, se ha denunciado. 
Como organización y apelando al marco jurídico se ha reiterado que el caso debe ser atraído por ambas dependencias y trabajar en coordinación permanente; en Puebla, por su actividad política y en Tlaxcala porque se presume es donde aconteció la ejecución extrajudicial y en donde fue hallado su cuerpo.
Desde el día en que se inicia la lucha por la presentación con vida hasta el 28 de julio de 2009, durante los días en que fueron llamados a declarar tanto familiares como compañeros y conocidos de Fermín, funcionarios de las dependencias antes mencionadas poco se enfocaron a la búsqueda de la verdad y la justicia para él y su familia, se ha expuesto. 
Por el contrario, “hubo una revictimización, al someter a interrogatorios en donde hacían aseveraciones sin fundamentos sobre el supuesto vínculo con organizaciones armadas revolucionarias como el PDPR-EPR”.
“Funcionarios vinculados a la rectoría de la BUAP, en ese entonces a cargo de Enrique Agüera Ibáñez, agentes del Estado y oportunistas corrieron diferentes versiones a modo de afirmaciones categóricas que justificaban la ejecución de Fermín” asegura la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH).
En el caso de Fermín, él había sido asediado durante gran parte de su vida como defensor de derechos humanos, agrega Rojas, y es que a decir por las organizaciones, se comprobó que el Estado por medio de sus órganos de inteligencia mostró interés en torno a la investigación, por lo que se evidenció el seguimiento, hostigamiento y monitoreo hacia el defensor de derechos humanos, pero así también lo hace con activistas. 
“La desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Fermín Mariano es un crimen de Estado que debido a las características, el móvil y el contexto en el que ocurre involucran a la estructura del Estado mexicano. 
Se llevó a cabo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, personaje que implementa la supuesta guerra contra el narcotráfico como justificación para la militarización y paramilitarización y la ejecución de crímenes de lesa humanidad en contra de luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas críticos e independientes”, se indica.

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