De 2014 a 2016, de 5 mil 824 delitos contra migrantes sólo existen 49 sentencias; equivale a 99% de impunidad: OSC

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(30 de julio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- En el informe “El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel”, se expone la impunidad que persiste en delitos cometidos contra las personas migrantes que transitan por el territorio mexicano.

De acuerdo con cifras oficiales, en el periodo de 2014 a 2016, de un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes en Sonora, Coahuila, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias, lo que equivale a una impunidad del 99 por ciento, informan organizaciones.

“Aunque en México existen fiscalías especializadas para migrantes, persisten obstáculos graves para denunciar delitos y para investigarlos. La denuncia de delitos se dificulta porque las autoridades no se encuentran accesibles ni en las estaciones migratorias ni en otros lugares donde se cometen los delitos. Además, las víctimas no tienen confianza en las autoridades”.

En el informe se identifican los siguientes obstáculos para investigar delitos cometidos en contra de personas migrantes: la falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías locales, el retraso injustificado de las investigaciones, la falta de fiscales con un perfil idóneo y la falta de recursos materiales y humanos.

En tanto, las autoridades mexicanas justifican la ausencia de resultados con el argumento de que las víctimas no permanecen en el lugar donde están las investigaciones, sin embargo, en el reporte se explica que las autoridades mexicanas tienen a su disposición dos herramientas que no utilizan para investigar estos casos: la recopilación de datos y desahogo de pruebas que permitan continuar las investigaciones aun sin las presencia de los migrantes víctimas o testigos de delitos así como su  regularización migratoria.

El informe indica que el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) que permite denunciar delitos cometidos contra migrantes en México desde el extranjero, funciona gracias al esfuerzo de colectivos y organizaciones de derechos humanos, así como por acciones concretas de algunos servidores públicos.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR no han mostrado la voluntad para que el MAE funcione de forma eficiente, también entre los gobiernos de Estados Unidos y Centroamérica.

“Las y los defensores de derechos de las personas migrantes han sido agredidos, tanto por el gobierno como por la delincuencia organizada. Estos casos también permanecen impunes.

Para transformar esta situación, en el informe se recomiendan medidas para garantizar la denuncia de las personas migrantes, de manera que pueden acceder a la justicia por todo tipo de delitos: la cercanía de las autoridades con personas migrantes y organizaciones que les defienden, así como la reforma de los lineamientos del MAE”.

De igual forma, se exhorta a que exista una mayor coordinación y cooperación entre las unidades y fiscalías en todos los niveles; más voluntad política para atender y continuar con las investigaciones, incluida la dotación de más recursos destinados a este fin así como el establecimiento de un plan de persecución de delitos contra las personas migrantes y la garantía de los derechos de las víctimas y sus familiares.

Por lo que se ha pedido a las las autoridades mexicanas a investigar y sancionar delitos cometidos en contra de migrantes, y dejar de obstaculizar la justicia. Con investigaciones y justicia pueden dejar atrás la idea de que la violencia y la impunidad son un precio que hay que pagar al cruzar por México.

Las organizaciones que denuncian los hechos son: la Casa del Migrante de Saltillo, Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, La 72 Hogar-Refugio para personas Migrantes, la Red Migrante Sonora (Iniciativa Kino para la Frontera, Centro de Recursos para Migrantes, Centro de Atención al Migrante Exodus, Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, y Centro Comunitario de Ayuda a Migrantes), La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).

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