Además de insuficientes, recursos para el combate a la pobreza no se ejercen completamente

Imagen: Alto Nivel
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Aunque los recursos destinados al desarrollo social sigue siendo insuficientes para abatir la pobreza en el país, todavía con eso no se ejercen completamente. De acuerdo a un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica que, “aunque el gasto en salud, educación, desarrollo social y rural es definido como prioritario en los proyectos presupuestales de cada año, a la hora del ejercicio de los recursos, son relegados por otros rubros”.

En 2016, detalla, el gasto del Gobierno federal superó 12.9 por ciento el presupuesto aprobado por el Congreso. Sin embargo, “la mayor parte del sobreejercicio correspondió a ramos como Energía, Presidencia y Función Pública”, se ha dicho.

En cuanto a Salud, Desarrollo Social y Agricultura, no se ejercieron 16 mil 272 millones de pesos. Entre los programas con más subejercicio están el Seguro Popular, Prospera, Pensión para Adultos Mayores y Comedores Comunitarios.

“De 2008 a la fecha, el gasto destinado a funciones sociales concentra más del 50 por ciento del gasto programable de la Federación”, da cuenta el análisis. Y alerta, “ese gasto no ha sido suficiente para reducir la pobreza”. Por el contrario, apunta, “la OCDE ha señalado que el gasto social en México es muy bajo para eliminar la pobreza y hacer que la sociedad sea más incluyente”.

“Resulta contradictorio que aun cuando el Congreso aprueba recursos para las prioridades de gasto, e incluso ampliaciones sobre las propuestas originales del Ejecutivo, éstos no se ejerzan en su totalidad.

Las recurrentes brechas entre los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para las prioridades de gasto en materia de desarrollo social y los montos finalmente ejercidos denotan la necesidad de lograr una mayor congruencia entre ambos, con la finalidad de contribuir a disminuir la desigualdad económica y social que prevalece en el país”, señala.

“(En el caso de) los sectores más vinculados a las prioridades de gasto, tales como salud, desarrollo social y agricultura, a lo largo de los últimos nueve años sus presupuestos ejercidos son inferiores a los que originalmente les aprobó la Cámara de Diputados; mientras que en los ramos vinculados a funciones de gobierno, el comportamiento observado es inverso, esto es que ejercen, normalmente, por encima de lo aprobado”, apunta.

También informa que, “los estados y municipios del país no realizaron o dejaron incompletas la mitad de las obras de infraestructura proyectadas en 2016 para combatir la pobreza.

El año pasado, los gobiernos locales obtuvieron 61 mil 419 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), perteneciente al Ramo 33”.

De acuerdo a un análisis hecho por Reforma a los reportes estatales y municipales entregados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), responsable de coordinar el fondo, muestra que el 50 por ciento de las obras no fueron concluidas y se dejaron sin ejercer al menos 23 mil 870 millones de pesos.

Por su parte, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, explicó que “en ocasiones los recursos de fondos federales no llegan a los gobiernos locales por razones políticas o porque las autoridades deciden no utilizarlos.

Cuando un recurso del fondo no se ejerce, sube al Ramo 23 (de Provisiones Salariales y Económicas). Ese es el recurso que se mueve de manera discrecional”, advirtió.

El autor de “¿Y dónde quedó la bolita?” aseguró que “el FAIS es uno de los fondos federales más opacos, ya que no todos los estados y municipios transparentan el uso que hacen de los recursos”.

Un análisis realizado al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), que es parte del FAIS, arrojó que el Gobierno de Colima no proporcionó información sobre presupuesto disponible ni el avance físico o financiero de sus obras.

Por su parte, el Gobierno de Nuevo León, con 5 millones de pesos en presupuesto para obras a cargo del estado, “no reportó avances físico ni financiero porque las obras estaban repetidas o porque forman parte de otro proyecto”.

Núñez también advirtió que “el FAIS ejerce de forma recurrente fondos en obra innecesaria. Según la Sedesol, 23 por ciento de la inversión del año pasado fue complementaria o especial, es decir, no tiene un incidencia directa sobre las carencias sociales de los mexicanos en situación de pobreza”.

Así, 8 mil 585 obras fueron etiquetadas como “Otros Proyectos”. Los gobiernos usaron recursos para instalar paneles solares, construir bardas y banquetas, y hasta para comprar equipo fotográfico.

Eduardo Calderón, jefe de la Oficina del Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, reconoció que “34 de cada 100 pesos del FAIS no se utilizan en intervenciones que incidan de manera directa en la pobreza”.

Esto a pesar que, “desde 2014, la Sedesol hizo más estricto su catálogo de obras de infraestructura permitidas”. Por instrucción de la Sedesol, los gobiernos dieron prioridad en 2016 a los proyectos para construir techos firmes y pisos de tierra en las viviendas, “pese a que es la carencia social con menor incidencia en el país” se ha informado.

En 2016, las entidades que reportaron la realización de 47 mil 577 obras de infraestructura relacionadas con techos y pisos firmes, equivalente al 40 por ciento de las obras.

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