Yunes combate…. con represión, protestas y movimientos sociales; en tanto homicidios y secuestros se disparan

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El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se ha caracterizado por combatir con represión y violencia las protestas y movimientos sociales. Como ejemplo, la policía de su gobierno ha realizado 7 desalojos violentos en los que han resultado heridos una veintena de veracruzanos.
Según información de Imagen del Golfo, en al menos 3 de estos casos se ha utilizado a la Fiscalía General del Estado, la cual acusa a los manifestantes por el delito de obstruir las vías de comunicación y así poder proceder penalmente en su contra.
En su discurso gubernamental, Yunes habla sobre la apertura al diálogo, sin embargo, en el último hecho violento, en el que intervino la Secretaría de Seguridad Pública, quedó expuesta la intolerancia policial e incluso antes de hablar con los vecinos del fraccionamiento Costa Dorada, los agentes decidieron removerlos a golpes de la autopista Veracruz-Cardel.
Mientras la administración yunista ha volcado sus esfuerzos en neutralizar las protestas y movimientos sociales en vía pública, las cifras de homicidios, secuestros, robos y extorsiones se han disparado.
Otro desalojo ocurrió el 12 de diciembre del 2016, cuando un grupo de policías antimotines de la SSP decidió ir en contra de un grupo de manifestantes de la organización civil ‘ARCO’, liderada por Topacio Citlalli Hernández Ramírez.
Los ciudadanos que protestaban por adeudos y despidos injustificados de maestros, bloquearon la avenida Lázaro Cardenas de la ciudad de Xalapa, a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Los elementos al mando de Jaime Téllez Marié atacaron a los manifestantes, deteniendo a Hernández Ramírez y a 4 personas más que la acompañaban.
Debido a que la FGE la acusó de obstruir una vía de comunicación y extorsión, la activista pasó un par de meses tras las rejas.
Mientras que, en Coatzacoalcos, la SSP ha disuelto 2 manifestaciones por desapariciones forzadas y homicidios. La primera de ellas se efectuó el pasado 22 de marzo de este año, cuando familiares de Gustavo Ruiz Zárate, un joven taxista de 27 años, exigieron justicia por su asesinato.
La segunda fue el 27 de abril, cuando la Policía Estatal violentó una protesta encabezada los familiares de Daniel Vázquez Ocaña, quien desapareció después de que fue detenido por sujetos armados. Antes de dialogar, el gobierno ordenó la liberación inmediata a través del grupo de antimotines de la Policía Estatal.
El reportero Sendic Aguirre, quien daba cobertura a la manifestación, también resultó herido.
Por otro lado, decenas de campesinos del municipio de Soledad Atzompa arribaron a la capital del estado para demandar la mejora de las carreteras en la región montañosa de Veracruz.
Al ver que el gobierno no respondía a sus quejas, decidieron bloquear la avenida Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, lo que colapsó la vialidad en el Centro Histórico de Xalapa.
Luego de que una comisión de manifestantes dialogara con el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, los policías de la SSP utilizaron la fuerza de manera excesiva para desalojar a los campesinos.
Dicha acción dejo heridos al menos 3 veracruzanos que requirieron atención médica de urgencia a causa de los golpes que recibieron por parte de los policías estatales.
Incluso en antes de la elección municipal de Veracruz, en la que resultó ganador Fernando Yunes Márquez, exsenador e hijo del gobernador del estado, la Policía Estatal removió sin piedad a un grupo de simpatizantes de la coalición PRI/PVEM a las afueras del Organismo Público Local Electoral.
Asimismo, el 30 de mayo, mediante una incursión violenta por parte de policías estatales, fue desalojado un grupo de 50 personas que apoyaban a Fidel Kuri Grajales.
El saldo fue de una decena de heridos, entre los que había señoras y jóvenes simpatizantes del proyecto opositor a Yunes Márquez. Pese a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, ningún funcionario ha sido castigado por el abuso de autoridad.
Recientemente, en la región de los Tuxtlas, la policía del gobierno estatal también excedió su fuerza al  golpear a decenas de campesinos adheridos a la Organización del Gobierno Autónomo Indígena que mantenían bloqueada la carretera federal número 180.
El pasado 6 de junio, la policía de Yunes Linares utilizó garrotes y escudos para liberar la carretera para permitir el libre tránsito del resto de ciudadanos.
La actitud represora de la corporación quedó evidenciada en videos y fotografías de los periodistas locales, ya que después de disolver el bloqueo, los policías persiguieron y golpearon a hombres y mujeres hasta conseguir su detención.
Sobre el caso donde el grupo antimotines intentó disolver el bloqueo de la autopista Veracruz-Cardel, Miguel Ángel Yunes dijo que la Policía Estatal actuó conforme a derecho, criminalizó a los manifestantes y aseguró que la FGE procederá legalmente contra los responsables de tomar la autopista.
Insistió en que no habrá tolerancia para quienes los manifestantes en la vía pública o para quienes bloqueen vías de comunicación, desde avenidas hasta carreteras.

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