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Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el sistema de pensiones en México se puede definir como “desigual, insostenible y falto de transparencia”.
Por ejemplo, lo asignado por pensionado a la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la extinta Luz y Fuerza es 8.8, 6.7 y 11.3 veces más, respectivamente, que un pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social.
“Por el diseño de los diferentes esquemas que integran el sistema y las circunstancias de la economía mexicana –bajo crecimiento por ya casi tres décadas– el grueso de los beneficios se concentra en una parte reducida de la población”, expuso el CIEP.
Esta consideración no se basa solo en el hecho de que el presupuesto a pensiones es destinado a un universo relativamente pequeño de población, sino también por su distribución regional e individual.
Este miércoles, la organización presentó el estudio Pensiones en México. 100 años de desigualdad, en donde uno de sus puntos a tratar es la sostenibilidad financiera de los más de mil sistemas pensionarios que existen en el país, los cuales, anualmente, reclaman más recursos públicos que son restados a áreas como la educación o la salud.
El CIEP mencionó que la falta de organización y control en el financiamiento y gasto de las pensiones ha provocado que el gasto por este concepto represente 15.5 de cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2017 y 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), con la tendencia a incrementar en los siguientes años.
El estudio también expone que los recursos públicos destinados al pago de pensiones a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes julio de 1997, consumen 97 por ciento del presupuesto público a este rubro.
Este gasto, argumentó, es inequitativo, sobre todo entre instituciones, tipos de pensión y generaciones.
“Las generaciones pensionadas por el régimen de beneficio definido (antes de la creación de las Afore) pueden recibir, al menos, 40 por ciento de su último salario; en cambio, los de cuentas individuales (que comenzaron a cotizar a la seguridad social a partir del primero de julio de 1997) sólo alcanzan 30 por ciento” – explicó el CIEP.
Añadió que 57 de cada 100 pesos de gasto público en pensiones de los trabajadores jubilados por la ley previa a las Afore son asignados a la Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, mientras que el 43 por ciento restante es repartido entre los otros 27 estados.
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