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Luego que se desatara la violencia en el reclusorio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el saldo hasta ahora es de siete muertos y 13 heridos, de acuerdo a la vocería de Seguridad Pública del estado.
Se dio a conocer que la violencia en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de la capital de Tamaulipas, inició alrededor de las 16 horas del martes, “cuando policías estatales entraron después de una serie de enfrentamientos entre dos grupos de internos, ocurridos sábado y domingo, y fueron recibidos a balazos”.
El tiroteo se mantuvo más de cuatro horas y tuvo como consecuencia que cuatro personas fallecieran. Para las 8 de la mañana de este miércoles nuevamente hubo disparos en el penal.
Esto hizo que hubiera un desalojo de los más de 500 empleados de las oficinas del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ubicadas junto al reclusorio, También al colegio Justo Sierra, que suspendió actividades de prescolar, primaria, secundaria y preparatoria. También fueron evacuadas la Casa Hogar del Niño y la parroquia de San Isidro.
La mañana del miércoles la Secretaría de Seguridad Pública tamaulipeca publicó en su cuenta de Twitter el saldo oficial de los dos días de balaceras: ”#AlertadeRiesgo PGJT y SSP: desde ayer han muerto tres policías y cuatro internos. Lesionados: seis policías y siete internos”, señaló.
Luego de varias horas de tiroteos intermitentes, la vocería de Seguridad Pública aseguró que “se retomó el control del Cedes”. Por la tarde, informó en Twitter que “una comisión de 20 familiares de internos entró al penal para observar la situación en los módulos”.
En la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que “envió visitadores adjuntos al penal y recordó que éste padece deficiencias graves. El organismo nacional informó que su personal recabará testimonios de internos, familiares y autoridades”.
Cabe señalar que el Cedes obtuvo una calificación de apenas 4.50 en el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2016.
La CNDH indicó que “en ese penal han sobrepoblación y hacinamiento, deficiente clasificación de internos y falta de programas para atención de incidentes violentos, condiciones de autogobierno e insuficiente personal de seguridad y custodia, así como insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria”.
También identificó “inadecuados servicios de salud, alimentación, fallas en instalaciones y equipo e insuficiencia de actividades laborales y educativas”.
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