Por Hora Y Media Fueron Torturadas Y La Menor Abusada Sexualmente Por Comandante De Fuerza Tamaulipas

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(22 de junio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Berenice y la menor de edad Nadie fueron detenidas por elementos de Fuerza Tamaulipas a la altura del kilómetro 13 de la Carretera Nacional, aproximadamente a las cuatro de la tarde mientras se dirigían a su domicilio ubicado al sur de la ciudad.
Aquel 24 de enero pasado, las dos víctimas fueron subidas a bordo de las patrullas 907 y 908 de la policía estatal y llevadas a una brecha ubicada detrás del balneario Club Cimarron.
“Durante aproximadamente una hora y media fueron torturadas, humilladas y la menor abusada sexualmente por el Comandante Cobra, además de robarles sus pertenecías, documentos personales y causar daños materiales a la camioneta que manejaban”, informó el Comite de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Que describe que las jóvenes también fueron amenazadas con llevarlas a Ciudad Mier para entregarlas al Cártel del Golfo para que les “mocharan la cabeza” en caso de presentar alguna denuncia.
La información también señala que los agentes estatales internaron ingresar a las dos mujeres al hotel César Palace pero otros policías de Fuerza Tamaulipas les negaron el paso justificando que ahí adentro “había mucha muleta”, siendo enviadas a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, de acuerdo a información aportada a Revolución TRESPUNTOCERO.
En aquel sitio fueron internadas en una celda y finalmente liberadas por una multa administrativa de  300 pesos. Cabe mencionar que por estos hechos existe una denuncia formal en la Agencia del Ministerio Público con el número de Carpeta 92/2017 y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y quedó radicada con el número de expediente 031/2017.
En tanto, el Comité de Derechos Humanos De Nuevo Laredo envió un escrito al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca así como al presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, para solicitar la protección de las víctimas y sus familias ante la posibilidad de ser objeto de represalias y daños que puedan ser irreparables, mismos que hasta el momento, no han contestado, se informó.
Además, dicha denuncia ya fue enviada también a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Ciudad de México y a la representación en nuestro país de Amnistía Internacional.
En los últimos años, desde la llegada de la Policía Estatal Acreditable “Fuerza Tamaulipas”, en distintas zonas de Nuevo Laredo se han denunciado violaciones a Derechos Humanos por parte de los elementos que la conforman. 
De acuerdo a lo informado a Revolución TRESPUNTOCERO por parte del Comite de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en la región existe la presencia de trescientos elementos de Fuerza Tamaulipas. 
Por el contrario esto “no ha contribuido a mejorar el clima de paz y seguridad que demandan las familias fronterizas, por el contrario, sus acciones, arbitrarias y violatorias de los derechos humanos, están ocasionando un grave malestar entre familias de bajos recursos, por la pasividad del gobierno municipal y estatal para frenar sus abusos”.
El Comité de Derechos Humanos ha documentado casos de violaciones graves a los derechos humanos que radican en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violación sexual, mismas que ya fueron notificadas al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y  al procurador, Irving Barrios Mojica, así como al secretario de seguridad publica Luis Felipe López Castro y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, José Martin García Martínez.
De acuerdo al informe Atrocidades de la policía estatal Acreditable Fuerza Tamaulipas, realizado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, se indica que entre las víctimas de estos abusos se encuentra el abogado del Comité, Martín Alvarado García, detenido a las puertas de su domicilio por “insultos a la Autoridad” y “Alterar el orden Público”, luego de ser sometido a una revisión de su vehículo mientras se encontraba acompañado de su familia.
Desplegados en este municipio desde el pasado 7 de enero, los agentes estatales han sido acusados además de robo de pertenencias, agresiones a menores de edad, allanamientos y amenazas de muerte e incluso de extorsionar a propietarios de discotecas, bares y cantinas mediante inspecciones ilegales, según el informe.
Cabe resaltar que hasta el momento ninguna autoridad estatal o municipal se ha pronunciado públicamente por investigar las quejas de los ciudadanos o mucho menos proporcionar ayuda a las víctimas, a pesar de estar obligados constitucionalmente y a través de la Ley de Protección a las Victimas para el Estado de Tamaulipas.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha solicitado, por escrito, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que abra un espacio en su agenda de trabajo  para sostener una reunión directa con familiares de las víctimas, como se comprometió siendo candidato del Partido Acción Nacional (PAN), pero hasta la fecha no ha respondido.
El informe da cuenta que se exhortó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas hacer inspecciones en las celdas de Seguridad Pública Municipal para evitar que menores de edad sean ingresados así como al hotel Cesar Palace en donde se hospedan los agentes de Fuerza Tamaulipas, “ya que existen denuncias que es utilizado como centro de interrogatorios, tortura y prisión clandestina”.
El informe denuncia hechos documentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en contra de elementos de Fuerza Tamaulipas, “muchas de las cuales han sido difundidas como un grito desesperado de las víctimas para obtener justicia y exigir, a las autoridades estatales y de procuración de justicia, castigar a los responsables”.  
De estos hechos se ha dado parte a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y a otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.
Cabe señalar que hasta la fecha, ninguna carpeta de investigación, de más de 200 iniciadas en la Procuraduría General de justicia del Estado, ha sido turnada a un juez de control, lo que evidencia una impunidad absoluta para los agentes estatales, acusados de abuso de autoridad de gracias graves a los derechos humanos, denuncia el Comité, a cargo del Licenciado Raymundo Ramos. 
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