Mientras peritos argentinos exhumaban cuerpo de niño ejecutado extrajudicialmente, miembros del FNLS eran agredidos

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(30 de junio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Hace cuatro meses, Humberto Morales, de trece años de edad, fue encontrado muerto después de varias horas de búsqueda, en un patio baldío. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y tenía un disparo en la cabeza, tal como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO.
Sin embargo, el menor de edad también presentaba signos de tortura a decir por sus padres y testigos. Tenía golpes en los testículos, en el pecho, además de una fractura en el brazo derecho.
“Mi hijo salió a buscar leña, como siempre lo hacía. Se ve que murió mientras apretaba hiervas y zacate. Él estaba tirado con la cabeza volteada hacia un lado y con un disparo”, narró a Revolución TRESPUNTOCERO Alfredo Morales Sántiz, padre de Humberto Morales, quien cursaba el primero de secundaria y fue ejecutado extrajudicialmente el 28 de febrero pasado, en el ejido El Carrizal, perteneciente a Ocosingo, Chiapas. 
Hace cuatro meses, Alfredo, fue al Ministerio Público para interponer la denuncia, pero se encontró con la negativa del Fiscal, quien le dijo que “como padre no tenía derecho de hacer denuncia alguna y tampoco el derecho de darlo conocer a los medios de comunicación”, mencionó. 
Además, el Fiscal argumentó que “solamente se pueden denunciar los casos que tienen que ver con mayores de edad” explicación que también usó para el caso de darlo a conocer a los medios de comunicación. 
Cuatro meses han pasado de los hechos y ante la nula aplicación de la justicia y estancamiento de una investigación pobre, la familia del menor de edad decidió pedir ayuda al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para que fueran quienes realizaran la exhumación del cuerpo del menor y los siguientes estudios a fin de obtener pruebas en torno al caso y la exigencia de justicia.
De acuerdo con lo declarado a Revolución TRESPUNTOCERO por el Coordinador del Área de acompañamiento en Comité Cerezo México, Héctor Cerezo, desde las siete de la mañana miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), dieron inicio a una actividad de volanteo en la caseta de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, para dar a conocer la exhumación del cuerpo de Humberto Morales.
“Durante la actividad detuvieron a 13 personas, entre ellos cuatro mujeres, además del grupo ocho son indígenas; los detuvo el mando único, quienes llegaron sin hacer algún tipo de interlocución ni mediación y de inmediato los desalojaron y detuvieron a las personas”, señala Héctor Cerezo.
Hasta las cinco de la tarde, los detenidos se encontraban en la Fiscalía de Chiapa de Corzo, donde rendían su declaración ante el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mientras una médico legista revisó a uno por uno a los detenidos, ya que presentaron golpes severos en las costillas y en otras partes del cuerpo, comenta Cerezo, ya que incluso los atacaron con las puntas de los escudos.
A los detenidos, explica el defensor de Derechos Humanos, los están acusando de pandillerismo y ataques a las vías de comunicación; “el martes que salió la caravana con los forenses argentinos y la oficina del Alto Comisionado rumbo al ejido el Carrizal, algunos miembros del FNLS realizaron un mitin informativo y también fueron desalojados con gas y golpes”.
Javier Pérez Pérez miembro del FNLS, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, que en días pasados habían hecho otra actividad de volanteo, en esta ocasión en San Cristóbal de las Casas, donde también llegaron por lo menos 300 elementos policiacos y como este jueves, no mediaron palabra y rociaron gas pimienta sobre los manifestantes, afectando también a una menor de edad.
“Este miércoles se cumplieron cuatro meses de la ejecución del menor Humberto Morales, donde hasta la fecha las autoridades no tienen ni siquiera una línea investigación, tampoco han hecho diligencias, es decir la carpeta de investigación está casi vacía.
Anteriormente se exigió que se le hiciera la necropsia de ley al menor de 13 años, la cual no se hizo en su momento porque las autoridades la omitieron y ahora culpan a los familiares que ellos ‘no permitieron la realización’ lo cual es una absoluta mentira porque ni siquiera se les consultó, porque es lo que quieren ellos para saber qué pasó realmente con su hijo”, indica.
Héctor Cerezo, señala que cuando sucede la ejecución del niño Humberto Morales, ni la Fiscalía Especial en Asuntos Indígenas ni el Ministerio Público hicieron la necropsia oficial, por lo que los padres pidieron un peritaje independiente, el cual hoy está a cargo del equipo de forense argentino, “afortunadamente aceptaron y se hizo la gestión legal, jurídica y política para que se aceptara el proceso”.
Además, Cerezo enfatizó que quienes realizaron la exhumación y necropsia fueron los peritos argentinos y los del Estado solamente observaron. “Hubo un retraso en el proceso porque la autoridad fiscal de Chiapas en reunión con PGR se habían comprometido a tener una máquina de rayos X, sin embargo el día miércoles cuando iniciaron los trabajos forenses ésta no estaba.
En el forense de Tuxtla Gutiérrez tampoco había una máquina portátil, entonces se paró todo el trabajo y se tuvo que hablar nuevamente con el gobierno de Chiapas y el federal y fue horas después que llegó un aparato portátil”.
Pérez Pérez menciona que con los resultados obtendrán certeza de muchos datos “porque se presume que antes de ser ejecutado el niño padeció tortura, debido a los signos de violencia en su cuerpo”. “Hoy lo que exigimos es verdad y justicia a los tres niveles de gobierno, pero ellos siempre responden con agresiones y represión”.
Cerezo detalla que, con los resultados se sabrá la mecánica del homicidio, ya que el saber que lo mataron con un disparo en la cabeza, no se conoce desde que distancia y qué tipo de arma fue la utilizada. Sumando a esto los golpes y fracturas en el cuerpo del menor.
Sobre los hechos, Cerezo refiere que en Chiapas “existe una política de agresiones y de represión no solamente en contra de esta organización sino generalizada. Y en el caso de Humberto tiene antecedentes; un año antes desapareció de manera forzada Fidencio Gómez Santis, quien vivía en la misma comunidad, dos años antes fue ejecutado Héctor Santis López vivía en esa comunidad”.
Incluso, agrega, existen nueve carpetas de investigación en contra del grupo paramilitar Los Petules, quienes son acusados de atacar constantemente a la comunidad El Carrizal de manera sistemática. En dichas carpetas se encuentran los casos de dos jóvenes muchachas que sufrieron intentos de desaparición y otro tipo de agresiones pero en ninguna de las nueve han avanzado en investigación.
“Tampoco han hecho que comparezcan las personas que han sido señaladas como autores materiales e intelectuales; la comunidad ha sido severamente agredida y Humberto fue la gota que derramó el vaso, por la gravedad de ser un niño y también porque es la primera vez que actores como la oficina del Alto Comisionado y del grupo forense argentino se involucran en un caso como éste”, indica Cerezo.
Pérez Pérez señala que “todo indicaba que no querían que se hiciera el peritaje, por eso las acciones de este jueves y al inicio de la jornada en contra de nuestros compañeros. Aún así los peritos argentinos dijeron que probablemente para el mes de agosto podrían tener ya resultados certeros”.
Sobre el grupo paramilitar a quienes señalan como presuntos responsables del homicidio, indica que mantienen al pueblo acosado en colaboración con policías y militares. “Realizan acciones conjuntas haciendo disparos al aire, patrullajes alrededor de la comunidad, nada más por citar algunos ejemplos. Pero también operan drones para espiar a toda una comunidad, por eso hemos denunciado que es un campamento policiaco-militar-paramilitar”, indica Pérez Pérez.
De acuerdo con Cerezo, el gobierno de Chiapas ha cometido una omisión al no hacer investigaciones de las nueve carpetas, además más allá de la omisión “pudimos constatar que en el campamento donde se encuentra el grupo paramilitar hay una casa donde están destacamentados policías del Mando Único incluso tienen un retén la policía junto con civiles armados”.
El defensor de Derechos Humanos explica que El Carrizal tiene dos entradas, en una se encuentra ubicada la policía del Mando Único junto con los paramilitares y entonces los habitantes de esa comunidad tiene que usar la otra entrada que está cerca de otra comunidad, esto con tal de resguardar su seguridad.
“En cuanto a la justicia son omisos pero hay una adyacencia porque el gobierno del estado está utilizando civiles para cometer graves violaciones a derechos humanos”, señala.
Este viernes a las seis de la mañana saldrá de Tuxtla Gutiérrez la caravana con el cuerpo de Humberto Morales hacia su comunidad El Carrizal, ahí finalmente podrá ser enterrado con los ritos propios de la población, los cuales no se habían llevado a cabo porque esperaban que se hiciera el trabajo forense.
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