“Me jaló la ropa interior, él me abusó, cuando se quitó le habló a otro, después me mandaron a bañar los militares”

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“De momento me dejaron de asfixiar y empecé a sentir que me despojaban de mis botas, pantalones y ropa interior y sentí como metían mis pies dentro de un recipiente de metal con agua. 
Estando yo de pie y con las manos atadas colgando y en esos momentos empecé a escuchar como chocaban algunos cables con electricidad y de repente sentí una fuerte descarga eléctrica que me provocaron con algo metálico en mis testículos”. Testimonio.
El anterior es uno de los testimonios que sustentan los 30 casos, donde más de un centenar de civiles fueron afectados padeciendo tortura por parte del ejército y policías en Baja California, de acuerdo al Informe sobre presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Baja California, el cual fue documentado en colaboración de las organizaciones FIDH, CMDPDH y CCDH.
“Hicimos una visita de documentación jurídica sobre casos de tortura. Lo que encontramos fue un patrón de comisión de actos de tortura al analizar 30 casos con un total de 95 víctimas. Los cuales denotaban que no habían sido cometidos al azar sino que formaban parte de una política establecida en Baja California. 
La cual tenía como principal propósito el incriminar a personas como parte de grupos de la delincuencia organizada y con base en ello mostrar resultados como parte de la política de seguridad pública que se había implementado a razón del Operativo Conjunto”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO la directora de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Nancy López.
Señala que tanto policías como ejército han hecho detenciones en contra de civiles en las calles, para después trasladarlos a cuarteles militares en los cuales eran torturados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al interior de estos sitios se encontraba una serie de autoridades civiles que no se justificaba su presencia.
Desde médicos civiles que certificaban las lesiones hasta agentes del ministerio público “que ya ni siquiera se tomaban la molestia de recibir declaraciones después de ser detenidos en los lugares competentes, sino que ellos eran los que se trasladaban a los cuarteles militares”, continúa López.
A su vez, asegura que de acuerdo a lo documentado los testimonios iban acorde a todas las declaraciones que Sedena los obligaba a firmar como consecuencia de actos de tortura. Es así como, agrega, se estaba perdiendo claridad entre competencia civil y competencia militar, “porque estas autoridades civiles de procuración de justicia ya se encontraban al interior de los cuarteles militares ayudando a la comisión de estos actos de tortura”.
Las características de los detenidos son siempre las mismas. Las víctimas en su mayoría son hombres jóvenes, de clases sociales bajas y en los casos en los que hubo mujeres detenidas, el común denominador es que además de haber sido víctimas de tortura, sufrieron violaciones sexuales, añade López.
[…] él me empezó a jalar la ropa, yo le decía que no, él me decía que no me hiciera, que eso era lo que yo quería, me jaló el pantalón y la ropa interior; él me abuso, cuando se quitó le hablo a otro, después me mandaron a bañar los militares […] AP/PGR/FEVIMTRA-C/139/2011
Cabe señalar que también se trata de mujeres jóvenes de clase social baja. Algunas de estas víctimas se encontraban trabajando o caminando por las calles cuando pasaban camiones militares. 
“Ellos las detenían y se las llevaban sin ninguna razón, sin ninguna orden de aprehensión, sin ninguna orden de comparecencia únicamente eran detenidos para el traslado a cuarteles militares”. Mexicali, San Felipe, Ensenada y Tijuana son las cuatro zonas en las que las organizaciones trabajaron documentando los casos de tortura, con información directa de las víctimas. 
Sobre la gravedad de la tortura, Raúl Ramírez Baena, Director ejecutivo y presidente de la mesa directiva del Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), la única organización en aquella región que además de dar acompañamiento a las víctimas es defensa jurídica de sus casos, señala a Revolución TRESPUNTOCERO que una víctima de tortura por parte de las fuerzas armadas y policías se caracterizará siempre por haber sido capturado a través de detenciones arbitrarias, de allanamiento, siempre sin evidencias.
Para después ser arraigados en un cuartel militar. “E incluso al llegar ahí los agentes del ministerio público es contrario a los tratados internacionales, es así como se constitucionaliza una medida ilegal, se viola la presunción de inocencia y promueve la tortura. 
Entonces nos encontramos con que estas personas eran arraigadas en el cuartel ante los vacíos de la ley y ahí les arrancaban la confesión bajo tortura en presencia del ministerio público y del defensor público qué es lo más grave”, comenta Bahena.
Estos hechos se encuentran con frecuencia en Tijuana, pero también en el municipio de Mexicali, particularmente en el puerto de San Felipe. “Ahí los militares realmente cometieron muchísimos actos de tortura y otros más en Ensenada, donde incluso le costó la vida de una persona un octogenaria”, declara el defensor de derechos humanos. 
La CCDH ha sido la única organización, de aquella región, que ha denunciado al ejército y la política del Estado de Baja California en el municipio de Tijuana. “Dichas denuncias fueron interpuestas hace tres años cuando asistió a la entidad el Relator Especial sobre tortura de la ONU, el señor Juan Méndez, Tuvo oportunidad de hablar con las víctimas directamente o sus familiares”, indica.
También, Bahena ha señalado que de todos los casos que documentaron (los cuales son alrededor de 35) toda las personas están en libertad por el poder judicial Federal, lo cual, dice, “no es una casualidad nos muestra un patrón que significa que tanto los policías como las Fuerzas Armadas incurrieron no sólo en errores procesales, sino también en violaciones graves a los derechos humanos. Esto dio lugar para que nosotros en 2015 presentáramos una comunicación a la corte Pena Internacional documentando 32 casos aquí en Baja California que implicaba poco más de 130 personas como víctimas directas en todos éstos”. 
El defensor de Derechos Humanos, señala que las tres organizaciones que sustentan el informe, presentaron una comunicación que está todavía pendiente de resolver por la Fiscalía de la Corte Internacional. “Nosotros solicitamos el inicio del examen preliminar en virtud que acreditamos el carácter sistemático y generalizado de la tortura en Baja California como crímenes de lesa humanidad”.
También se ha señalado que de todos los casos de tortura que se conocen en Baja California sólo uno ha sido consignado a la justicia local y aún no se otorga la orden de aprehensión de los agentes consignados, los cuales son de la policía estatal preventiva”.
Y es que después que se retiró el ejército principios de 2013, de las actividades de prevención e investigación de los delitos, “ocupó su lugar en la comisión de la tortura la policía estatal preventiva y que continúa hasta la fecha con esta práctica”, indica Bahena.
Es contundente cuando señala que “no ha habido poder humano a pesar de las denuncias, de recursos locales jurisdiccionales o quejas ante las instancias internacionales que puedan detener la práctica de la tortura sobre todo por parte de la policía estatal preventiva en Baja California”.
Argumentado que es la impunidad otro de los elementos que preocupa ya que existe en un 100%, lo cual indica, es absolutamente alarmante y confirma las preocupaciones de los órganos de tratado de Naciones Unidas, del alto Comisionado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de AI y HRW”.
La abogada Nancy López añade que en todos los casos donde hubo confesiones autoinculpatorias ha quedado evidencia de la tortura, sin embargo con respecto a las autoridades, “no había una labor de investigación por parte de la Procuraduría que sostuviera que estas personas permanecieran dentro de las prisiones, sin duda alguna todos estos procesos fueron un fracaso para la PGR”.
Baja California fue uno de los primeros lugares donde se aplicó Operativos Conjuntos donde se visualizaba el arraigo en cuarteles militares, los cuales también fueron observados por Amnistía Internacional y HRW, ahí se observó cómo se implementó el arraigo dentro de dichos sitios.
Por lo que, comenta la abogada, existen elementos que pueden demostrar que estos son crímenes de lesa humanidad y no solamente violaciones a derechos humanos. “Cuando viene el Relator contra la tortura de la ONU en 2014 también acude Baja California y tiene una serie de entrevistas con víctimas de tortura.
Ahí escuchó sus testimonios y además acudió a los centros federales donde también tuvo contacto con víctimas de tortura y junto con su equipo pudo certificar las consecuencias físicas y psicológicas que tuvieron que pasar tanto la familia como la víctima de tortura”, indica López.
Aunque la problemática de la tortura es altamente grave, los medios de comunicación locales no han dado voz a las víctimas y sí a los boletines de las dependencias, tanto de policías como del ejército, señala Bahena. Asegurando que no existe interés y tampoco se le otorga al problema la importancia que se merece. 
“Exhiben a las personas con drogas y armas aunque tengan visibles muestras de tortura, los sacan a la luz pública mucho antes de ser presentados al ministerio público, lo cual significa un rosario de violaciones a todas estas personas y así es como se quedan con el estigma y por eso mucha gente no se atreve a denunciar, por eso mucha gente prefiere quedarse callada o irse hasta del estado”, añade Bahena.
Es por esto que las víctimas y sus familias en muchas ocasiones prefieren mudarse de entidad y permanecer en silencio. A esto se suma que “por lo general reciben amenazas del ejército y la policía. Que si hablan y denuncian van a ir contra ellos i van a tener repercusiones. A la gente le entra muchísimo miedo”. 
Baja California fue una de las primeras entidades del país en ser escenario de los llamados “operativos conjuntos” por medio de los cuales las Fuerzas Armadas fueron enviadas a los estados para emprender acciones de policía como parte de la estrategia de combate al crimen organizado. 
Así, el Estado Mexicano ha presentado la disminución de la violencia en Baja California como resultado de un “Modelo Exitoso de Seguridad” como parte de la “guerra contra el crimen organizado”, que contaba con el apoyo del gobierno Federal, los militares y los principales empresarios de Baja California.
Sin embargo, los resultados de la lucha contra el crimen organizado por parte del Gobierno mexicano son cuestionables, “no solo respecto a su efecto en la disminución de la violencia, sino y sobretodo, por los costos en vidas de civiles, la violaciones contra los derechos de la ciudadanía, en particular a la integridad física y a la libertad de las personas”, indica el informe realizado por las tres organizaciones.
“Nos daban descargas eléctricas con un aparato que nos hacía brincar, tanto en las piernas como en los costados y el estómago, pidiéndoles que por favor nos dejaran y preguntándoles que por qué hacían eso, que nosotros no habíamos hecho nada y nos contestaban preguntándonos que dónde estaba (…) y nos soltaban, y nosotros les dijimos que no teníamos comunicación con él, (…) que por favor no nos torturaran pero no nos hicieron caso, y así nos tuvieron como unas dos horas dejándonos de golpear y dar toques de electricidad por unos ratos, para luego volver a hacerlo”. Testimonio CMDPDH.
En Baja California, a partir del año 2009, se evidenció un incremento alarmante en los casos de tortura y desaparición forzada. Ya en el año 2008, la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California recibió 26 denuncias por tortura. En el año 2013, las denuncias nuevas por tortura llegaron a 110. 
Organizaciones de derechos humanos han documentado la participación directa de elementos de seguridad en algunos casos emblemáticos, en particular de las Fuerzas Armadas y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California. No se cuenta con estadísticas sobre el número de detenciones ilegales y torturas que se registraron en Baja California entre los años 2006 y 2012.
“En México existe una cifra negra importante respecto de la comisión de la tortura, y no hay razón para considerar a Baja California como una excepción. Por otra parte, entre la población de Baja California, no existe un difundido conocimiento sobre la tortura y lo que implica. 
En muchos casos, los entrevistados califican inicialmente su experiencia como de haber recibido ‘golpes’, además durante la entrevista describen técnicas de tortura como ahogamientos, conocida internacionalmente como ‘waterboarding’. Asimismo, el Estado suele calificar las detenciones ilegales, tortura y desapariciones como ‘levantones’, secuestros o abuso de autoridad”.  

Imagen: Informe sobre presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Baja California
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