Gobierno De EPN Otorgó A Rey De Los Dragones Contratos Por 850 Millones De Pesos

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El gobierno federal otorgó obras por montos de 850 millones de pesos a Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como El Rey de los Dragones. Cabe señalar que un mes antes de ser detenido en Estados Unidos recibió un último pago.
Con un retraso de nueve meses, fue el 6 de marzo de 2017, cuando tres secretarios de Estado y el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, realizaron una reinauguración del puente de Barra Vieja, dicha construcción se encuentra en la carretera de Pinotepa Nacional, la cual cruza el Río Papagayo y une esa zona con el puerto de Acapulco.
Al acto asistieron los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles; y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Fueron momentos de esfuerzo, quizás hasta de sufrimiento, pero también de privilegio. Aquí está el puente que le va a dar una carta de presentación a Guerrero”, dijo el secretario Ruiz Esparza durante la inauguración de la obra.
Cabe señalar que el dueño de dicha empresa fue contratado en 2014 para reconstruir el puente que fue destruido por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, sin embargo el llamado Rey de los Dragones no apareció en la foto. Esto porque cuatro meses había sido detenido en Estados Unidos.
Frente a las autoridades del país del norte confesó haber utilizado el sistema financiero de ese país “para lavar dinero proveniente de sobornos y malversación de dinero público de México”, dijo Luis Carlos Castillo Cervantes, llamado El Rey de los Dragones.
De acuerdo a una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que “Luis Carlos Castillo Cervantes recibió, a través de su empresa Logística de Calidad en la Construcción y Comercio, al menos 127 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción del puente Barra Vieja-Las Lomas”.
El documento informa que “casi la mitad de ese monto, 50 millones de pesos, fue pagado sin licitación, de forma directa, y del resto, 77 millones de pesos, no existen documentos que justifiquen su entrega dos años después y justo un mes antes de ser capturado en territorio estadounidense”.
Sin embargo existen otros pagos que la SCT otorgó en la actual administración al empresario que hoy permanece detenido en Estados Unidos. “Un total de 723 millones de pesos en diferentes obras habrían sido pagados mediante concursos simulados”, se agrega.
Además, se añade que durante 2013 y 2014, fue por medio de sus delegaciones estatales en Nuevo León y Tamaulipas, que Comunicaciones y Transportes pagó a empresas ligadas a El Rey de los Dragones contratos por 79 millones de pesos. Cabe señalar que documentos oficiales en poder de MCCI y Ejecentral evidencian que “las tres compañías que compitieron en esos convenios estaban directamente vinculadas a Castillo Cervantes, por lo que sería un concurso simulado que la Ley de Obras prohíbe”.
En tanto, “en licitaciones de la SCT restringidas a tres participantes, Castillo Cervantes ganó obra por 644 millones de pesos en San Luis Potosí, Colima y Zacatecas”. Pero, los documentos muestran que “Castillo Cervantes colocó en la puja a dos de las tres empresas que participaron”. Aunque dicho mecanismo se encuentra prohibido por la legislación.
La investigación también señala que “Luis Carlos Castillo Cervantes cuenta con una historia larga de trabajos con dependencias del Gobierno federal y local. Casi todas se enumeran en adjudicaciones directas. El mecanismo empleado es la constitución de empresas, en total seis, en tres de ellas aparece directamente como propietario y en el resto sus familiares o representantes legales”.
Es así como desde 2008, después de obtener una concesión para México de máquinas Cutler para la repavimentación en un solo paso (llamadas Dragones y de ahí el mote con el que sería conocido varios años después), Castillo Cervantes logró tener contratos con gobiernos estatales encabezados por políticos de diferentes partidos.
En 2000 constituyó la empresa Multiservicios Immex, según la escritura 691, que se encuentra en el Registro Público de Tamaulipas. Para después crear las filiales Lucamax, Impulsora Mexicana de Comercio y Construcción e Impulsora Internacional de Equipos. Las cuales se encuentran en dos direcciones: Río Nazas 311 en Monterrey, Nuevo León, y en Insurgentes 435 en la colonia Longoria, en Tamaulipas.
Como ejemplo, la investigación cita que “para las obras de reencarpetamiento en Nuevo León, en El Encino, por un total de nueve millones de pesos compitieron Impulsora Internacional de Equipos, representada por Efraín Cueto; Lucamax, con Antonio Mata como representante legal, y Proyecto Constructivo Muke, en la que Alejandro Martínez Leyva se identificó como representante legal mientras laboraba en la empresa Lucamax, según las mismas referencias laborales de Martínez publicadas en Internet.
Efraín Cueto aparece también como representante legal de Insumos y Maquinaria, así como de Logística de Construcción y Calidad en el Comercio”.
Para el caso de Lucamax, además que presenta la misma dirección fiscal de Impulsora Internacional de Equipos, “comparte representante legal cuando se trata de Humberto Pérez Orozco. En la Secretaría de Infraestructura de Oaxaca, de acuerdo al Padrón de Contratistas 2016, en esta compañía aparece registrado como socio Bruno Maximiliano Castillo Martínez, hijo de El Señor de los Dragones”.
Dicho patrón es repetitivo en varios concursos por invitación restringida como en la licitación IO-009000963-N115-2013, “para trabajos que se efectuaron en el Ramal de Tlamacas, donde el contrato fue por 10 millones de pesos. También en la licitación LO-009000012-N50-2015, por un total de 55 millones de pesos pagados por la SCT de Tamaulipas, por los trabajos realizados en la carretera Tula- Ciudad Victoria”.
Fue así como Castillo Cervantes obtuvo por medio de dichas empresas, distintos convenios en varios estados, lo que hizo aumentar sus ingresos y con ello su fortuna.
“Un ejemplo son los contratos de obras obtenidos con Rodrigo Medina mientras éste fue gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015; así como los que obtuvo con el gobierno de Coahuila durante el breve periodo de Jorge Torres, sucesor de Humberto Moreira en 2011.
También las obras que le fueron otorgadas en la Administración del panista Luis Armando Reynoso, gobernador de Aguascalientes de 2004 a 2010”, se hace mención.
Con respecto a sus contratos con el gobierno de Coahuila y Aguascalientes, Castillo aceptó en este 2017, durante el juicio que se le sigue en Corpus Christi que había entregado sobornos “para que las obras que contaban con un sobreprecio, le fueran adjudicadas”.
Por medio de dicha acción el llamado Rey de los Dragones habría obtenido una obra por poco más de mil millones de pesos. Sin embargo, en ninguno de los montos se incluyó la obra que se inauguraron tres secretarios de Estado y el gobernador de Guerrero en marzo pasado.
Al inaugurar el puente Barra Vieja-Las Lomas Enrique Peña Nieto dio por terminados los trabajos que tenían que ver con la reparación de los daños perpetrados por las tormentas Ingrid y Manuel que tocaron esta parte del país en 2013.
Para dicha reparación se contrató a la empresa Logística de Calidad en la Construcción y el Comercio, de la que se asegura “antes no existe registro público de algún contrato con la Federación”.
Se menciona que en 2008, “con un capital de 200 mil pesos, Luis Carlos Castillo y María de Lourdes Martínez Díaz crearon esta empresa con el folio mercantil 1278-2 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, estado en el que nació Castillo Cervantes. Dio fe de esa apertura mercantil el Notario Mario Alfonso López.
Con las mismas iniciales que su dueño (LCCC), el objeto social con el que se registró la empresa fue la compra-venta y renta de maquinaria, abrir y cerrar cuentas bancarias, realizar toda clase de actos y toda clase de contratos compatibles con su objeto social, así como participar en sociedades en carácter de accionista”.
De acuerdo a la base de datos disponible en Compranet, desde la fecha de su apertura como empresa no había tenido ningún contrato con el gobierno federal, fue hasta octubre de 2014, cuando la SCT anunció “la adjudicación directa del puente. Con el número SO-00900085-NI83-2014, Logística de Calidad en la Construcción”, siendo ese su debut en las bases de datos de contratos del gobierno.
A dicha empresa, la cual estaba representada por Humberto Pérez Orozco, se le pidió que presentara una propuesta económica para Trabajos de Reconstrucción del Puente (Primera Etapa) “Barra Vieja las Lomas”, km 38+040, tramo: Cayaco-Las Horquetas, carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, en el estado de Guerrero.
Según la invitación extendida por el Centro SCT Guerrero 6.I2.412.I.O.T-296.
De acuerdo a las condiciones de la invitación, se estipuló que presentaría una cotización para los trabajos el 3 de noviembre de 2014.
Sin embargo, la misma SCT Guerrero apuntó en la carta de invitación que “no habría visita en el lugar de ejecución de los servicios, no se efectuaría una junta de aclaraciones y la proposición que presentara la empresa no podría ser negociada. Los trabajos tendrían una duración de 10 días e iniciarían el 11 de noviembre de 2014”.
El 10 de noviembre de 2014, la SCT a través de la Unidad Guerrero firmó el contrato 2014-12-CB-A221-W-00-2014, por un monto de 49 millones 999 mil 999 pesos “para actividades que tendrían una duración de 10 días”.
Cuatro días después, el 19 de noviembre de ese mismo año, un día antes de concluir el plazo fijado para los trabajos, la constructora emitió la factura por los 49 millones 784 mil 482 pesos, después de que se le dedujeran 215 mil 517 pesos bajo el concepto de “inspección y verificación”. Y el pago lo obtuvo de manera inmediata.
Fue así como en menos de un mes la empresa de Castillo Cervantes logró la adjudicación de 49.7 millones de pesos, elaboró un proyecto, ejecutó los trabajos y superó los procesos burocráticos para que le pagaran a tiempo su dinero por un trabajo que le requirió 10 días, señala la investigación.
“El dinero se entregó en una sola exhibición”, según demuestra la misma factura, y también según marcaba el contrato, se indica. “Dos años después de cubierto el pago por esta obra, y según lo detectado a través de solicitudes de información, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó otros 78 millones de pesos a LCCC en pagos fraccionados; todos ligados al mismo contrato firmado en 2014”.
El objeto del contrato, obtenido vía transparencia, explica que la empresa efectuaría “Trabajos de reconstrucción del Puente” en una primera etapa, “sin que se conozcan más detalles del monto o las funciones que se requerirían para esta empresa”, continúa explicando la investigación.
También se menciona que “de los contratos y documentos oficiales a los que se puede acceder de manera pública, ninguno especifica porqué el precio final de la obra ascendió a 700 millones de pesos, según los reportes de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Informe sobre acciones relevantes de la SCT de enero de 2013 a junio de 2015”.
De ese monto, se da a conocer que a LCCC se le pagaron 127 millones. “El resto del costo total del puente, SCT respondió a través de transparencia que tocó a Banobras el financiamiento total de la obra, debido a que ‘el Banco Nacional de Obras y Servicios, quien es el operador de los recursos y da el seguimiento correspondiente’”.
Por medio de una solicitud vía transparencia a la SCT los documentos que justificaran los pagos y solo se entregaron las facturas liquidadas a LCCC, “pero sin la justificación de los proyectos”.
También se informó que “después de varias semanas de lidiar con las oficinas de transparencia de la SCT, se llamó el martes al director de Comunicación Social de la dependencia, Rodolfo González, quien enterado de la temática del reportaje dijo estar fuera del país y transfirió la llamada a su colaboradora Carlota Serna.
Hasta el cierre de la edición Serna no había respondido a las llamadas para aclarar los montos de lo entregado a LCCC o el hecho de que solo haya un contrato sin anexos o ampliaciones, y lo referente a si otras empresas estuvieron involucradas en la obra”.
Mientras que en agosto de 2016, autoridades estadounidenses mantenían una investigación donde reunían elementos para detener a Luis Carlos Castillo Cervantes, él recibía más pagos del gobierno federal por esa obra en Guerrero.
El reportaje menciona que “la cronología de los pagos de 2016 inició el 12 de agosto, con 13 millones 891 mil 914 pesos. El concepto marcado en la factura fue ‘pago de Estimación Uno BIS por asignaciones derivadas del contrato original de adjudicación directa”.
Además se explica que “los siguientes tres pagos están referidos por la SCT con fecha 16 de agosto de 2016, las facturas presentadas por la empresa muestran algunos días de diferencia.
Un pago por 4 millones 999 mil 999 pesos se facturó el 10 de agosto de 2016, bajo el concepto ‘estimación 01 Ter’. Sin dar mayores detalles sobre las implicaciones o trabajos cumplidos ligados al pago”.
“Ese mismo día se emitió otra factura con valor de 28 millones 113 mil 279 pesos por una estimación nombrada UNO (sic). También ese día por la estimación DOS (sic) se facturaron 12 millones 916 mil 914 pesos.
El 31 de agosto de 2016 se liberó otra factura por 5 millones 535 mil 955 pesos, misma que fue pagado por la SCT Guerrero el 19 de septiembre”.
En tanto, el 12 de octubre se pagaron 4 millones 329 mil 465 pesos por la “estimación 1-A”, bajo el desglose de presupuesto que tiene que ver con Carreteras Seguras y Eficientes, con una clave de acción prioritaria que tiene que ver con la reconstrucción de puentes.
“El detalle del origen de los recursos se desglosa en los papeles, pero ni el contrato ni a factura dan reporte de los trabajos que justifican el recurso. El 19 de octubre se recibió el último pago por un monto de 8 millones 53 mil 573 pesos, mismos que cubrieron otra estimación relacionada con la obra de Guerrero y con referencia al mismo contrato firmado en 2014”.
De acuerdo a solicitudes a través de la plataforma de transparencia realizadas a la SCT, el contrato con la empresa no tuvo modificaciones o anexos. “Y ninguna otra división de Comunicaciones y Transportes contrató a la empresa de Castillo Cervantes. Aunque se solicitaron los documentos de justificación para la asignación del contrato a la empresa del tamaulipeco, ni la dependencia federal, ni la delegación en Guerrero entregaron la relación de los estudios o documentos con los que se respaldó la asignación de los trabajos a Logística de Comercio”.
Sobre la versión de la SCT por la adjudicación directa del contrato del Puente en Guerrero “se solicitó el martes por la tarde a la dependencia, pero hasta el cierre de la edición, no se obtuvo respuesta.
Veintitrés días después del último pago hecho por la SCT, el 11 de noviembre de 2016, Luis Carlos Castillo Cervantes fue detenido en Texas. En el juicio se declaró culpable y en enero de 2017 confesó que entregó sobornos a los gobiernos en turno para ser favorecido en las concesiones de construcción y obras de repavimentación desde 2004 hasta la fecha”, se puntualiza.

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