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Nuevas revelaciones llevan a considerar que el reportaje de The New York Times en el cual se acusaba al gobierno mexicano de utilizar un programa de espionaje llamado Pegasus, del fabricante NSO Group, para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, está mal enfocado. El autor intelectual del espionaje es otro, muy diferente, y todo parece indicar se trata de la filial de una compañía trasnacional comercializadora de Coca-Cola en México, Femsa. De raíz, los objetivos del espionaje tenían un denominador común: se habían manifestado públicamente a favor de un impuesto nacional a los refrescos en México.
Los encargados de investigar y escribir el reportaje “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, Azam Ahmed y Nicole Perlroth, revelan en una nueva publicación del NYT detalles que llevan a esa conclusión. A principios del 2017, Ahmed se reunió con Mario Patrón, un abogado director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien le explicó: “Están monitoreando nuestros teléfonos”. Amplió que él y dos abogados más de su equipo en el Centro Prodh, entre ellos el que representaba a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, habían sido blanco de un programa espía muy sofisticado que puede intervenir un teléfono celular, incluido el micrófono”.
Dicho software era Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group. Amed y Perlroth pensaron que también sus teléfonos eran blanco de Pegasus, el sistema de rastreo móvil que vigilaba de manera invisible las actividades del teléfono, con acceso a llamadas, conversaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, calendario y detalles bancarios que el usuario revisaba. “Mi teléfono fallaba seguido. Llamaban y colgaban, las llamadas no se conectaban, las aplicaciones se cerraban de pronto. Me desespere tanto que borré el contenido de mi teléfono”, cuenta Ahmed.
NSO Gruop siempre había dicho que sus herramientas sólo se utilizaban para rastrear actividades criminales y terroristas, y que seguían un estricto proceso de investigación para determinar a qué gobiernos les venderían su herramienta. Pero la realidad indica esto no se cumple al 100 por ciento. En México, cada vez más personas eran objetivos del programa espía de NSO Group y no son criminales ni terroristas. “En la mayoría de los casos, eran expertos en política y defensores con buena reputación, algunos de los cuales habían trabajado en el gobierno, pero todos tenían algo en común: se habían manifestado públicamente a favor de un impuesto nacional a los refrescos en México”, destacaron los autores del reportaje.
Una investigación de nuestro colega, Francisco Rodríguez, amplía estos hechos a partir de las interrogantes: “¿A quién interesaba saber qué llamadas recibían o hacían, qué mensajes intercambiaban los activistas Simón Barquera, director e investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública; Luis Manuel Encarnación, ex director de la Fundación Mídete; y Alejandro Calvillo, fundador de El Poder del Consumidor? ¿Al gobiernito de EPN? ¿O a los refresqueros, quienes se sentían afectados por la iniciativa que éstos empujaron? ¿Tiene algo que ver el hecho de que el vendedor de Pegasus y de otros software espías sea Rodrigo Ruiz de Teresa, hijo del ex coordinador de Puertos y Marina Mercante, miembro de la pandilla que capitanea Emilio Gamboa y en la que son tenientes (Genaro) Borrego y (Jorge) Juraidini?”
Ruiz de Teresa, destaca, es también el agente vendedor de otro programa intrusivo conocido como Remote Control System (RCS) de la italiana Hackin Team, el más comprado por dependencias del gobierno federal, gobiernos estatales y empresas privadas. “Es más que probable, sí, que el gobiernito haya mandato a espiar a algunos de los blancos que se han hecho públicos, pero a partir de la información recabada entre expertos, más pareciera que se trata de un esfuerzo “personal” o “institucional”, en donde los enanos le crecieron a Peña Nieto, a quien han dejado sólo”, subraya Francisco Rodríguez.
Mientras todas estas interrogantes finalmente llegan a aclararse, el escándalo sigue en los niveles internacionales. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el FBI y otros organismos internacionales apoyarán la investigación del presunto espionaje a periodistas y activistas, pero a la fecha la Embajada de Estados Unidos en México no tenía conocimiento de una solicitud en ese sentido del gobierno mexicano. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Branda Velázquez Valdez, presentó una denuncia ante la PGR por “las amenazas perpetradas contra los periodistas y activistas que han acusado al gobierno como culpable de diversos ataques a la privacidad de sus comunicaciones utilizando el malware Pegasus”.
El Ejecutivo federal juzgó y ordenó una investigación contra quienes han denunciado ser víctimas de espionaje, por lo cual la legisladora estimó que “está actuando con excesos de su función, al tratar de intimidar a los profesionales de la comunicación” y subrayó: “no se puede permitir que se siga violando de manera impune el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión”.
Para los integrantes de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción la respuesta del gobierno mexicano a los señalamientos en contra de algunas dependencias de realizar espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos no puede limitarse a persecución penal bajo el enfoque de afectaciones a la libertad de expresión. Lamentan que Peña Nieto haya desestimado la denuncia de varios afectados por un presunto espionaje, pues con ello “se evidencia que los gobernantes mantienen una política de responsabilizar a las víctimas de las violaciones de que son objeto”.
Organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana y defensores como Abel Barrera o Edgar Cortez, consideraron que las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal “pretenden ignorar que es estricta responsabilidad de las instituciones de procuración de justicia y administración esclarecer hechos como los denunciados y deslindar responsabilidades. En este caso la acusación recae directamente sobre el Ejecutivo y la única posibilidad existente es pedirle al mismo que investigue”.
El grupo de apoyo técnico para las indagatorias -anunciado el lunes por la PGR- “se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control de daños, pero no el esclarecimiento de los hechos”, señalaron. También exigieron que los órganos internos de control de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la visitaduría general de la PGR, “realicen las respectivas investigaciones internas para determinar qué funcionarios, e incluso particulares, tuvieron acceso al uso de cualquier programa de espionaje y la utilización realizada del mismo”. Asimismo, demandaron se transparenten los contratos respectivos a fin de determinar su apego al marco jurídico y saber quiénes fueron las personas que pudieron acceder a esta información.
FEMSA, la embotelladora más grande del país, tuvo en sus filas, como empleado vendedor al ex presidente Vicente Fox; se recordará fue expulsada por el finado presidente venezolano Hugo Chávez; contar con toda la información recabada ¿a quién le sirve? ¿Nada más al gobierno mexicano? ¿A uno por uno nos están rematando, vendiendo, alquilando? ¿El poder económico que representan le impide al mexiquense actuar? ¿Cuál ha sido el papel desempeñado por sus socios cuyas plantas se encuentran en diferentes entidades del país? ¿Alguien quiere pedir chamba en este grupo o se prefiere la imaginaria con el teléfono colgado y tal vez descompuesto?
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