Exige ONU a gobierno mexicano no violar derecho a la consulta, previa, libre, informada, en comunidades

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(14 de junio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU declaró en su Informe que: “la urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad”.
Además, durante su visita Dante Pesce, integrante del Grupo de Trabajo, señaló que se necesita un cambio en la cultura empresarial. En tanto las organizaciones de la sociedad civil subrayaron que, si bien se analizan en el Informe Final de la visita 6 casos emblemáticos de abusos a derechos humanos, desde sociedad civil documentamos más de 68 casos de abusos relacionados con el sector minero, de la construcción, agroindustrial y energético en el Informe “México: Empresas y Derechos Humanos”.
Las violaciones más frecuentes fueron: al derecho a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). En más del 62% de los casos hubo amenazas y ataques a personas defensoras de derechos humanos. Por lo que, los 6 casos descritos en el Informe de Naciones Unidas son representativos de una problemática generalizada.
El Grupo de Trabajo de la ONU exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. A su vez constató: “la ausencia de diálogo con las comunidades, en la tradición y en la práctica, en el contexto de los proyectos a gran escala, así como la gran necesidad de establecer mecanismos eficaces de consulta y fortalecer una cultura de diálogo social”.
Además señaló que: “las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”.
En el Informe, el Grupo de Trabajo establece que: “Los defensores de los derechos humanos y los periodistas deben estar mejor protegidos para que puedan desempeñar su importante función.
En vista de la generalización de las agresiones y los casos de intimidación contra las personas que defienden sus derechos, los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán”.
Las organizaciones de la Sociedad Civil, durante una conferencia de prensa, compartieron los testimonios del caso de Atenco, en donde las comunidades se oponen a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
Las amenazas y ataques en contra de personas defensoras, en Oaxaca, en el contexto de los proyectos eólicos, y las agresiones en el caso de la autopista Toluca-Naucalpan en donde: “la constructora, junto con unos 800 agentes de la policía estatal, destruyó varias propiedades, entre ellas la casa de un líder de la oposición al proyecto de la autopista…” (conforme al Informe del Grupo de Trabajo de la ONU).
El Grupo de Trabajo de la ONU también recomendó que se refuerce la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales. El Grupo de Trabajo recomendó al Estado mexicano que: “haga de las evaluaciones de los efectos sociales que integran las normas de derechos humanos un requisito para los grandes proyectos de desarrollo… y que fortalezca la capacidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar la observancia de las normas ambientales”.
Las organizaciones denunciaron como el río cubierto de espuma y el fuerte hedor de los gases causaron una gran impresión a los miembros del Grupo de Trabajo en su visita al río Santiago en Jalisco, denominando a este caso como una catástrofe ambiental.
De igual forma, es importante mencionar que el Grupo de Trabajo también retomó el caso del Río Sonora, el peor desastre ambiental en la historia de la minería en el país que ha afectado a más de 250 000 personas, en donde “se consideró que las autoridades federales no asumían sus responsabilidades.”
Por lo que hicieron un llamado para que el Estado mexicano y las autoridades responsables se reúnan con las organizaciones de la sociedad civil para diseñar una estrategia participativa, transparente y pública en donde se establezca claramente cómo se dará seguimiento a las recomendaciones generales y de los casos  del Informe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.

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