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La Oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en su Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, expresa repetidamente que una grave preocupación es que el Estado mexicano está sujeto a los intereses de las empresas y que en la práctica no se aplican los marcos de políticas ni se cumplen los compromisos, ello con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Otras preocupaciones del organismo internacional están relacionadas con los derechos laborales y la capacidad del gobierno de supervisar de manera eficaz el cumplimiento de las normas laborales y ambientales.
En este sentido, la urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente han creado un entorno en el que los derechos humanos podrían ser vulnerados con impunidad.
La ONU-DH recalcó que el gobierno no ha trazado pautas claras, ni fijado expectativas para la empresa de acuerdo a su la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, tanto nacional como internacionalmente.
Por esto, el Grupo de Trabajo hizo una recomendación al gobierno para fomentar la capacidad de los funcionarios públicos y los legisladores sobre los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Esto con el objetivo de volverlos más conscientes de estos principios y se garantice la celebración de consultas previas e informadas con las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales.
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