En una democracia resulta inadmisible el espionaje; es una práctica ilegal propia de regímenes autoritarios: Amedi

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En México, hasta el momento, se ha confirmado que 16 personas han sido víctimas de espionaje con el malware Pegasus, una herramienta de hackeo antiterrorista comprada por instancias del gobierno mexicano a la empresa israelí NSO Group, un programa que permite intervenir todas las comunicaciones del teléfono celular de un usuario-objetivo.
De acuerdo a las organizaciones especializadas en derechos digitales, el uso de herramientas de espionaje está completamente acreditado, por lo que piden que se regule y se respeten las leyes en la materia.
Un caso anterior se suscitó el 23 de mayo, cuando una decena de organizaciones de la sociedad civil rompió con el gobierno de Enrique Peña Nieto, al anunciar su retiro de la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa de la ONU que vela por la transparencia gubernamental. El rompimiento se dio luego del espionaje contra defensores del derecho a la salud.
La Secretaría de la Función Pública respondió con un comunicado en el que pidieron a los activistas presentar las denuncias formales de sus casos de espionaje. El pasado 19 de junio, activistas y periodistas presentaron nuevas denuncias de espionaje, “esta vez ante la PGR, y aseguraron que estas intervenciones se han convertido en una forma de acoso”, se denunció.
“Lo peor del espionaje del gobierno no es que use herramientas invasivas de alta tecnología, sino que las usa contra defensores de derechos de las personas y no para el combate al crimen organizado”, aseguró sobre el tema Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.
“El gobierno ha estado espiando a quienes estamos luchando por la justicia, por el derecho a la salud y por los derechos humanos”, denuncia. Además resaltó que “el gobierno tiene el derecho de emplear tecnología en labores de inteligencia, pero no de usarla ilegalmente”.
Aunque la PGR ha admitido la adquisición de este programa, ha rechazado que lo esté utilizando; sin embargo, para Calvillo no hay duda del uso que se le está dando a esta herramienta.
“Este tipo de acciones, no puedes pensar más que vienen de adentro del gobierno mexicano, de funcionarios del gobierno mexicano, que te están tratando de espiar; no solamente tener acceso a tus llamadas, es tener acceso a tus archivos, tus fotos, a tu teléfono, tu cámara”, asegura.
En su experiencia, “este tipo de espionaje ha implicado más que saberse víctima de una escucha telefónica, los dos mensajes que le enviaron tratando de instalar malware se convirtieron en una intimidación.
Sientes inseguridad por lo que te puede pasar. Saben dónde estás, saben la información que tienes, saben tus contactos, saben si tienes otros familiares; tienen acceso a todo. Te sientes totalmente vulnerable”, resalta.
Los mensajes enviados a Alejandro Calvillo remitían a un sitio en el que se alojaba el malware Pegasus. El envío de los mismos se dio en un momento en que Calvillo trabajaba en contra de una regulación en materia de salud (julio de 2016), lo que para el investigador es una muestra de que la corrupción dentro del gobierno ha permitido a las empresas actuar contra activistas vía espionaje.
“Tienes funcionarios dispuestos a actuar a favor de intereses económicos. Esto se ha utilizado contra muchas organizaciones que trabajan en otras áreas de derechos o en cualquier área que moleste al Estado”, detalla.
Además del peritaje de la Universidad de Toronto que confirma que se utilizó esta herramienta, la inacción de la autoridad ante la denuncia es, para el investigador, una señal de que el gobierno fue descubierto.
Considera que su caso sirvió para que otras personas espiadas supieran lo que estaba pasando y también denunciaran. Espera que, además de los 12 casos documentados por R3D, Citizen Lab y Social Tic (difundidos la semana pasada en The New York Times), más organizaciones y periodistas denuncien.
“Lo único que nos toca a nosotros es salir a la luz y denunciarlo. Y fue una buena noticia que el grupo de gobierno abierto saliera a denunciar. Es sentirte que no estás solo y que la sociedad civil diga: tenemos que estar unidos en contra este tipo de prácticas”, pide.
Por su parte, la periodista Carmen Aristegui, declaró que Peña Nieto, “como jefe de Estado, es el responsable de todas las instancias de gobierno que tienen en sus manos la utilización de estos mecanismos de espionaje. El Presidente no puede estar ajeno a la conducta de sus agentes del Estado, y mucho menos puede estar ajeno al producto de sus espionajes”, declara.
La periodista considera que si el Presidente no sabía del espionaje y es inocente, debe decirlo. “¿Por qué no sale a decir que está indignado?, ¿por qué no sale a decir lo que esperaríamos de un presidente inocente? Me parece que todo lo incrimina, que todo conduce a él. Que los temas relacionados con las personas que han sido atacadas están relacionados, todos, con asuntos de primer orden del gobierno federal; por eso, cuando de comparecencia se habla, claro que tiene que ir el director del Cisen, el procurador General de la República, tiene que ir Osorio Chong; claro que tendría que ir el presidente de la República”, expone.
El reporte de Citizen Lab precisa que Aristegui, su hijo y dos de sus colaboradores —Rafael Cabrera y Sebastián Barragán—, recibieron al menos 56 mensajes de un total de 76 intentos de infección comprobados.
En tanto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) exigió a las autoridades correspondientes “una investigación seria y objetiva para dar con los responsables de los presuntos actos de espionaje cometidos en contra de comunicadores, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, miembros de la sociedad civil organizada y personajes de la vida pública, y frente a las desafortunadas declaraciones sobre este tema, de Enrique Pena Nieto”.
A través de un pronunciamiento, la Asociación recordó que “el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la libertad de manifestación de las ideas, la cual no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa salvo que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público”.
Asimismo, indicó que el artículo décimo sexto de la propia Ley Fundamental, en su parte conducente, establece categóricamente que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
Señala que “diversos comunicadores, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, miembros de la sociedad civil organizada y personajes de la vida pública presuntamente fueron objeto de intervención indebida de sus teléfonos por parte de órganos del poder público mexicano, en un práctica que considera, repudiable y constitutiva de delitos, porque no habría orden judicial que justificara dicha intervención”.
Ante estos actos de gravedad, la Amedi comentó que “Enrique Peña Nieto envió un mensaje que se consideró amenazante para quienes fueron víctimas del espionaje y luego se retractó, circunstancia que ha generado un ambiente de incredulidad en torno de la investigación por espionaje a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR)”.
Por esta situación, la Amedi enfatizó que rechaza firmemente cualquier tipo de espionaje, aún más si proviene contra quienes legítimamente ejercen su libertad de expresión. Subrayó que “en una democracia resultan inadmisibles tales prácticas, las cuales sin orden judicial son ilegales y propias de regímenes autoritarios. Actos de tal naturaleza” que afirmó “minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y socavan la credibilidad de los gobernantes”.
La Amedi lamentó las declaraciones de Enrique Peña Nieto y apuntó que “no es aceptable que frente a presuntos actos de espionaje, el titular del Ejecutivo Federal actúe con irresponsabilidad”.
De esta forma, hizo un llamado para que el Congreso de la Unión defina reglas claras sobre el uso específico de sistemas informáticos de vigilancia para que los órganos del poder público no cometan abusos y no espíen a quienes libremente ejercen su derecho a la información y libertad de expresión, como presuntamente ocurrió, o cualquier otra persona que no se encuentre bajo una investigación judicial claramente definida por las leyes, y cuyos delitos requieran la utilización de un software de vigilancia.
De igual forma, se sumó “a lo solicitado por otras organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que dicha indagatoria sea acompañada por un panel independiente de expertos que en todo momento hagan escrutinio de la acción o inacción de la PGR”, pues consideró que “autoridad no puede ser juez y parte en una investigación que podría involucrarla en la comisión de hechos ilícitos”. La Amedi, además, sugiere que “a este grupo de expertos se sume la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que formule la recomendación correspondiente”.
Juan Pardinas, Director del IMCO, dice que “un gobierno que espía a quienes están luchando contra la corrupción tiene que ser un gobierno corrupto, argumenta Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Usar tecnología del gobierno para intervenir las comunicaciones de promotores de políticas anticorrupción, defensores de derechos y periodistas es convertir a estos promotores en enemigos del gobierno.
Somos tratados como enemigos del Estado, pero no somos los enemigos del Estado. Los enemigos del Estado son los huachicoleros, el crimen organizado y, por el absurdo de la prohibición de las drogas, los narcotraficantes”.
Confirmado el uso de la herramienta de espionaje en contra de 16 personas, Pardinas pide que el Congreso promueva y no bloquee las indagatorias. Y fija la responsabilidad en dos personajes clave.
“Uno es Pablo Escudero, del Partido Verde, presidente del Senado, y otro es César Camacho, líder del PRI en la Cámara de Diputados. Ellos dos, del PRI y el Verde, los partidos que conforman la coalición que gobierna desde Los Pinos, deben dejar de comportarse como guardaespaldas del espionaje realizado desde el gobierno.
“Esperaría que se llamara a una comparecencia al secretario de Gobernación, como encargado de los órganos de inteligencia del país; al procurador general de la República, que tiene el acceso a este software y tiene la responsabilidad de investigar la denuncia ya presentada”.
Compara el escándalo mexicano de Pegasus, con lo que sucede en Estados Unidos: al conocerse la probable intervención del gobierno ruso en las elecciones de ese país, se llamó a comparecer ante el Congreso a funcionarios del gabinete de Donald Trump.
“Aquí no tenemos este fogueo de cuestionar a los funcionarios, y el PRI y el Verde lo que hacen es evitar que se les toque con el pétalo de una pregunta incómoda”.
Para el director del IMCO, “la división y equilibrio de poderes que debe prevalecer para esta investigación pone sobre la mesa el debate que asegure que el próximo fiscal general de la República cuente con autonomía”.
“Es como el conflicto de interés de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, que tenía que investigar a su jefe. Aquí, la PGR va a tener, punto A, que investigarse a sí misma o, punto B, investigar a un compañero de gabinete del procurador”.
Cabe destacar que entre los años 2013 y 2015, R3D presentó 3 mil 182 solicitudes ante autoridades judiciales para conocer la cantidad de intervenciones (mil al año); sólo 573 tuvieron respuesta. Para 2016, la organización incrementó a 3 mil el número de solicitudes.
Se indica que “el espionaje con este tipo de herramientas se ha incrementado, pues no se necesita la colaboración de empresas de telecomunicaciones. Se compra el software y se lanza la estrategia. La cantidad de ataques depende de la cantidad de dinero que se tenga”.
“Se supo que muchas autoridades en el país, incluso que no tienen facultades, como Pemex, gobiernos estatales, como los de Puebla, Jalisco, Tamaulipas y Querétaro, no tienen facultades para vigilar. Los únicos que pueden llevar a cabo una intervención de comunicaciones privadas para prevenir delitos son la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y las procuradurías locales y el Cisen, cualquier otra autoridad que haya adquirido estas herramientas, de entrada, es ilegal su adquisición, y hay mucha evidencia de que otros han comprado y no ha habido una investigación oficial”, se asegura.
Sergio Araiza, Especialista en SocialTic indica que “el gobierno mexicano lleva varios años comprando tecnología de espionaje de manera sistematizada; además, participa en círculos en los que se busca dotar de tecnología nueva, sofisticada e intrusiva para obtener, de manera ilegal, datos de las personas”, asegura.
Comenta que la evidencia muestra que el programa Pegasus sí puede ayudar en labores de vigilancia, pero lamentablemente esta herramienta no se está aplicando a cuestiones de seguridad, por lo que urge a transparentar y reglamentar su uso.
“El problema no radica en el acceso a esta tecnología, pues todos los gobiernos requieren de acciones de inteligencia para combatir todo tipo de amenazas que atenten contra la seguridad nacional o la seguridad del interior, el problema radica en que no existen mecanismos de control, de auditoría y, evidentemente, de impartición de justicia donde se hagan revisiones sobre quién tiene acceso a esta tecnología, cuándo se está usando y contra quién se está usando.
“Y por lo menos una clase de evaluación del resultado del uso de esta tecnología. Si pensamos desde esa perspectiva, lo cierto es que el gobierno se ha pasado cualquier cantidad de candados constitucionales con el ánimo de utilizar este tipo de herramientas”, detalla.
Comenta que se sabe del uso del programa vendido por NSO Group, pero seguramente hay otros en manos del gobierno.
“No sólo se remite a este proveedor, sino a otros. Teníamos el caso de Think Spy; el año anterior teníamos el caso de Hacking Team, y éste tenemos el caso de NSO Group. Hay evidente inversión de los gobiernos en alta tecnología de espionaje y de que ésta se utiliza fuera del marco de la ley”, asegura.
Explica que la denuncia de las organizaciones no sólo se queda en exponer los casos de espionaje sino en la demanda de una actuación por parte de las autoridades.
“Está en sus ámbitos, tanto del INAI como de la PGR, tienen capacidad para activar investigaciones independientes sin necesidad de presentar denuncias. El llamado es a transparentar esta situación. Se sabe que el gobierno ha adquirido tecnología, hay documentos en donde existen conversaciones y negociaciones del gobierno para comprar esta nueva tecnología, la misma empresa israelí ha mencionado que sólo se vende al gobierno. Esperamos que esto no sólo se remita a los casos denunciados por las organizaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto. Estamos seguros que se ha afectado a otra capa de personas, de todos los niveles en toda la República”, detalla.
En tanto, Cédric Laurant, Director de SonTusDatos.org. indica que “el espionaje no sólo se hace con alta tecnología, sino también se propicia porque empleados de compañías telefónicas entregan metadatos y clonan los teléfonos celulares sin ninguna autorización judicial”.
“Idealmente, la información de los metadatos de los celulares tendría que utilizarse con el propósito de evitar crímenes como el secuestro o el terrorismo, pero, por el tema de la corrupción, se utilizan sin ninguna justificación o autorización de un juez”, detalla.
Explica que, los metadatos de cada celular que está en funcionamiento en México los guardan las empresas de telefonía por dos años. Esta información permite conocer todas las actividades de un usuario sin instalar un programa de espionaje. Paradójicamente, los datos no están disponibles para los propios usuarios.
La organización SonTusDatos ha hecho el ejercicio de solicitar los metadatos, pero las compañías telefónicas se niegan a proporcionarlos. “El derecho a los datos personales no es proporcional a la facultad que se le da a las autoridades. Se dio la facultad a las empresas de telecomunicaciones de que guardaran estos datos y se dio la facultad al gobierno para pedirlos para casos de terrorismo, narcotráfico, pero las facultades no son respetadas”, asegura.
Detalla que personal gubernamental, sin tener las atribuciones, los solicita y después de obtenerlos los utiliza para labores de espionaje o los vende a quien se los solicita.
Adicionalmente, destaca que “existe otro mercado, el de clonación de líneas de teléfonos celulares, algo que también se da por la corrupción”. Se hace la clonación para escuchar, para recibir los mensajes SMS o para obtener los registros de todas las llamadas de una línea, lo que se conoce como sábana telefónica.
Laurant denuncia que “un informante del que tiene el compromiso de resguardar su identidad le mostró otro programa de espionaje comprado por el gobierno. El sistema se llama “Lighthouse” y permite la geolocalización, obtener datos personales del objetivo. El programa no es detectable en el aparato.
Basta tener el número IMSI (International Mobile Subscriber Identity), que es el código asignado por un operador de telefonía a la línea de una persona, este número funciona como si fuera la dirección del teléfono, por lo que a partir del mismo se puede hacer la geolocalización del usuario”.
La falla, detalla Laurant, “es que en México se permite el almacenamiento de los metadatos, algo que en Europa quedó prohibido para evitar la vulnerabilidad de la información”.
“En Europa, hubo un error de permitirlo; en 2006, se estableció los criterios bajos los cuales se podía acceder a esos metadatos. Dependiendo del Estado miembro, se podían tener de seis a 24 meses, pero esta directiva fue invalidada en junio de 2014 por la Corte de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. Un mes después de este fallo de la Corte Europea de Justicia, el legislador, aquí, con la Ley Federal de Telecomunicaciones, toma disposiciones que permiten almacenar los datos por dos años”, detalla.

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