En Queretaro, indígena es torturado por agentes estatales; proceso jurídico viciado y violatorio a DH: Centro Prodh

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Raymundo Pascual García, indígena ñañú de San Ildefonso Amealco, Querétaro, fue detenido de manera arbitraria, el 5 de enero en su casa y torturado por agentes estatales.

Las autoridades lo acusaron del delito de sedición y se le siguió un proceso ‘‘viciado y violatorio a los derechos humanos’’, se denunció. Lo anterior lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Además, indicó que el indígena “fue aprehendido como reprimenda por haber participado en manifestaciones contra el gasolinazo y la falta de combustible a principios de año en la entidad”.

El inculpado enfrenta el proceso en libertad, pero la juez Yazmín Marisela Huerta Martínez ‘‘dio valor a los juicios de valor presentados por la Fiscalía del estado’’ y le impuso prisión.

Posteriormente, “se le dictó libertad bajo medidas cautelares injustas, en virtud de que son restrictivas de sus derechos humanos a la libertad de expresión, a la protesta social y de reunión”, como no poder salir del estado ni acudir a manifestaciones.

El Centro Prodh dio a conocer que “para este caso documentó que Pascual García fue detenido arbitrariamente, torturado por agentes del estado, estigmatizado y tratado como delincuente al ser llamado ‘incitador, sedicioso y persona peligrosa para la comunidad y el estado de Querétaro’, con lo que se violaron sus derechos humanos a la libertad personal, a la integridad y a la seguridad personal”.

Para la organización civil, “no existe el soporte probatorio idóneo ni suficiente contra su representado, lo que es una franca violación al principio de presunción de inocencia”.

Será este jueves cuando el tribunal colegiado en materia penal con sede en Querétaro resolverá un amparo en revisión interpuesto por Pascual García en contra de la sentencia.

Este tribunal tiene la oportunidad de resolver el caso con base en los más altos estándares de derechos humanos en materia de libertad de expresión, protesta social y el derecho de reunión, y con ello “reconocer la violación a los derechos humanos de Pascual García. De hacerlo, obtendría su inmediata libertad” se informó.

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