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De acuerdo a un reporte de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) se concluye que, “en las indagatorias penales que usan espionaje autorizado por un juez, las escuchas son en su mayoría sobre personas que no participaron en un delito.
(Lo) más preocupante, es que en una gran cantidad de casos las autoridades investigadoras utilizan herramientas de vigilancia en contra de personas respecto de las cuales no existe evidencia de que hayan participado en la comisión de un delito”, indica.
Agrega que, “En el mejor de los casos, la utilidad y eficacia de las medidas de vigilancia para fines de investigación criminal ha sido exagerada”.
R3D alerta que “la inmensa mayoría de las intercepciones de comunicaciones privadas no concluye con una acción penal contra presuntos criminales”.
Cabe señalar que únicamente en el 8.73 por ciento de las averiguaciones previas en las que se usó una medida de vigilancia entre 2013 y 2015 se ejerció acción penal, señala el reporte “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”.
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