Ante tala de 2 mil 800 árboles en Tepoztlán, CIDHM denuncian que acción no fue consultada a pueblo indígena

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La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, ha denunciado la destrucción de cerca de 2 mil 800 árboles de diversas especies en el tramo de la autopista que atraviesa el territorio de Tepoztlán a la altura del poblado de Santiago Tepetlapa.
Acción que fue llevada a cabo por la SCT para la ampliación a 4 carriles de la autopista La Pera-Cuautla, lo cual, denuncian, “se realizó sin respetar las mínimas normas ambientales ni se consultó a la población de manera previa y documentada, como lo establece la normatividad, con transparencia y publicidad, misma que se requiere para someter a consideración de la población afectada por la ampliación de la autopista que se está ejecutando por el gobierno estatal y federal en el área de reserva ecológica antes mencionada”.
También han informado que una fracción significativa del Parque Nacional El Tepozteco, incluyendo miles de árboles, así como la biodiversidad asociada a éstos, fue arrasada en Tepoztlán por una empresa contratista que trabaja para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de ampliación de la autopista Siglo XXI, en el trayecto que cruza por el Parque Nacional El Tepozteco.
“El territorio pertenece al núcleo agrario de Tepoztlán, considerado como comunidad indígena, y éste no ha otorgado un consentimiento o permiso a las autoridades para construir en su territorio. La SCT argumenta que los trabajos se realizan en terrenos federales que fueron expropiados al pueblo hace décadas, pero los pobladores consideran que ese proceso fue un despojo y que el territorio es parte de las tierras comunales de Tepoztlán”.
Cabe señalar que las autoridades municipales a través de sesión de cabildo pública, acordaron interponer una demanda de hechos ante la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales, sobre tierras del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas donde, por decreto, se prohíbe la construcción de este tipo de infraestructura.
Por lo anterior, La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, exigió a las autoridades federales y estatales cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas y obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de emprender acciones y proyectos que puedan afectar a sus derechos.
En el marco del ejercicio de la diligencia debida, “mejorar la vigilancia e incluir el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en las evaluaciones ordinarias de los proyectos. Velar por que la información obtenida mediante la vigilancia y la presentación de informes sea transparente y accesible”.
También llamaron a que se revise el proyecto de comunicación y transporte en Tepoztlán, para reducir el impacto ambiental y solucionar el problema de movilidad humana.
“Sin duda el transporte es una necesidad, pero la búsqueda de soluciones sustentables que no destrocen el ambiente, que no violen los derechos de las comunidades y que no enfrenten a la sociedad, es una obligación de las autoridades respectivas”, declararon los activistas.

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