A 33 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no hay justicia ni verdad para los familiares

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Este lunes se cumplen ya 33 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, sin exista avances en las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), los cuales brinden confianza a las familias de las víctimas, lo que ha hecho imposible que hayan podido acceder a la verdad y la justicia.
Ante los nulos resultados en las indagatorias sobre el caso, los padres de los 43 normalistas desaparecidos han emplazado a la dependencia de procuración de justicia del gobierno federal a entregar, a más tardar en la segunda semana de agosto, resultados concretos sobre los avances en las cuatro líneas de investigación que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó agotar.
Por lo que este lunes se realizará una acción global más por Ayotzinapa, la número 33, que recordará que han pasado dos años y nueve meses “sin mayores avances en las indagatorias, sin que haya castigo para los responsables, sin que se conozca la verdad y los porqués de los hechos, y con una prolongada ausencia de los 43 normalistas”, dieron a conocer los familiares de las víctimas.
De acuerdo a lo informado, las líneas de investigación en las que exigen mayores avances son: la probable participación del Ejército en la agresión contra los 43 estudiantes, el análisis de los datos de telefonía celular tanto de los jóvenes como de sus agresores, el supuesto involucramiento de policías federales y municipales de Huitzuco (municipio cercano a Iguala) en la desaparición de algunos alumnos y que se explore la hipótesis de que la agresión del 26 y 27 de septiembre de 2014 contra sus hijos estuvo motivada porque tomaron accidentalmente un autobús de pasajeros que transportaba droga del trasiego de Iguala a Chicago, Estados Unidos.
En tanto, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, ha señalado en varias ocasiones que “la falta de resultados en las investigaciones sobre lo ocurrido hace 33 meses es parte del continuo de impunidad que se vive en México desde hace décadas para dejar sin castigo múltiples casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos”.
Cabe destacar que los padres pudieron ser escuchados por autoridades del gobierno, solamente después que los primeros mantuvieron un plantón por 26 días (del 20 de abril al 16 de mayo de este año).
Debido a esa medida de presión funcionarios gubernamentales hicieron el compromiso de retomar las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI.
Aunque, en la más reciente reunión (el 31 de mayo pasado) entre los familiares y representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, estos últimos entregaron a los padres un cronograma que fija fechas para dar avances y algunas se postergan hasta octubre.
Se espera que durante la manifestación de este lunes a las cuatro de la tarde, que irá del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en Ciudad de México, demanden una vez más “la entrega de esos avances, así como verdad y justicia sobre el caso”. Y es que, insistieron, “ya han pasado muchos meses y las indagatorias ya deben ser dadas a conocer. Hemos dado el suficiente tiempo y espacio para avanzar en esos puntos”, dijo Rosales.

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