En Guanajuato han aumentado 100% los ataques a periodistas; Congreso tiene congelada ley para protegerlos

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Las agresiones contra reporteros en el estado de Guanajuato han aumentado 100 por ciento de 2008 a 2016. El Congreso local tiene congelada, desde hace casi tres años, iniciativa de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

De 2008 a la fecha, La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) ha integrado 42 quejas por agresiones contra los comunicadores, amenazas, bloqueo informativo, suspensión de difusión oficial, arrestos y agresiones físicas.

Por años, las investigaciones abiertas fueron: en 2008, cinco investigaciones; en 2009, tres; en 2010, cinco; en 2011, dos; en 2012, dos; en 2013, cinco; en 2014, tres; en 2015, siete y en 2016, 10. En lo que va de 2017, el organismo ha investigado tres agresiones contra periodistas.

Del total de las querellas, la PDHG emitió 30 recomendaciones, 10 al ayuntamiento de León; siete al de Silao; cuatro al de San Miguel de Allende; dos al de Cuerámaro y dos al de San Luis de la Paz.

Las recomendaciones restantes se dirigieron a los gobiernos de Celaya y Huanímaro, al sistema de agua de Silao, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Entre estos casos resalta el de Karla Silva Guerrero, periodista de Silao quien fue golpeada por orden de Enrique Benjamín Solís Arzola, alcalde priísta de 2012-2015 , y quien se encuentra actualmente sujeto a proceso penal.
Solís Arzola gritó a la reportera: “¡Bájale de huevos a tus pinches notas o te va cargar la chingada!”, luego de golpearla el 4 de septiembre de 2014 en la redacción del diario regional El Heraldo.

Después de la golpiza que recibió Karla Silva, periodistas del estado exigieron una nueva ley, pero el gobernador panista Miguel Márquez Márquez afirmó que no era necesaria.

Otro de los casos más grave fue el de Gilberto Navarro Basaldúa, reportero de AM Express, quien el 7 marzo pasado viajaba en una motocicleta y fue embestido por el vehículo que conducía Jorge Rodríguez Rocha, servidor público del ayuntamiento de Guanajuato.

El periódico AM publicó “Atenta funcionario contra reportero” y también reveló que una semana antes Gilberto Navarro escribió una nota según la cual Rodríguez Rocha peleó con un comerciante e insultó a ancianas.

Por otro lado, el 19 de abril, Ignacio Camacho Flores, director de comunicación social del gobierno panista de León, pidió a los directivos de la estación de radio La Poderosa que la periodista Socorro Bernal no se entrevistara en vivo con el alcalde Héctor López Santillana, debido a que podía hacer preguntas embarazosas.

Tras esto, la reportera se colocó en la boca una cinta que decía censurada, tomó una foto y la subió a sus redes sociales. En el fondo se veía al alcalde durante una entrevista en la cabina de radio.

La PDHG mandó cuatro recomendaciones al ex edil priísta de San Miguel de Allende (2012-2015) Mauricio Trejo Pureco (las cuales no cumplió), por violar el derecho a la libertad de expresión de Jorge Rodríguez Medrano, director de la estación Tv Independencia, de su hijo, Jorge Rodríguez Rocha, y de los reporteros Juan Jesús Zepeda Neri, José Antonio Mijares Ruiz, José María Gerardo Sierra Cruz, Juan Alarcón Martínez y Francisco Javier Zavala Ortiz.

Según el catedrático y defensor de derechos humanos, Raymundo Sandoval Bautista, en Guanajuato se denuncia únicamente una de cada 10 agresiones contra periodistas. También mencionó que durante 2015 la PDHG recibió siete quejas y en 2016, 10; aunque en realidad, la organización internacional Artículo 19 documentó 13 agresiones en 2015 y 12 en 2016.

Durante el Día de la Libertad de Expresión en 2014, Guadalupe Torres Rea, coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó ante el Congreso estatal la primera iniciativa de Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

También, en la legislatura de 2012 a 2015, se organizaron mesas de trabajo con periodistas y activistas, aunque las propuestas que se realizaron no fueron tomadas en cuenta y la iniciativa fue desechada en la actual legislatura.

Por su parte, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, y del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo, presentaron el año pasado una iniciativa, la cual no prevé la creación de un mecanismo estatal de protección. Hicieron la propuesta de que la Secretaría de Gobierno sea una ventanilla de trámite para el mecanismo federal.

Asimismo, Irma Leticia González Sánchez, presidenta de la comisión de derechos humanos del Congreso local, incorporó una iniciativa que incluye un mecanismo estatal y prevé la destitución de funcionarios que violen la libertad de expresión.

Los diputados no se han puesto de acuerdo sobre el contenido de la iniciativa, aun y cuando organizaron dos foros de consulta. Los comunicadores, por su parte, solicitaron que se tipifiquen los atentados contra la libertad de expresión como delito y falta a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como la derogación del delito de difamación.

La diputada priísta González Sánchez y la panista Sagrario Villegas, integrantes de la comisión legislativa de derechos humanos, así como el diputado del PRD, Isidoro Basaldúa, prometieron que la norma sería aprobada en este periodo de sesiones.

La presidenta de la comisión de derechos humanos, que analiza las dos iniciativas, declaró que “no se ha dictaminado porque se ha estado analizando con todos los partidos para que realmente salga una ley bien consensuada con todas las opiniones que nos hicieron llegar los periodistas en los foros. No es falta de voluntad”.

Mientras, periodistas, activistas y ciudadanos protestaron, el pasado 2 de abril, en las escalinatas del Teatro Juárez. Exigían la aclaración de los asesinatos de periodistas en el país y la aprobación por parte del Congreso de Guanajuato a la ley que los protegería.

Verónica Espinoza, corresponsal de Proceso, dijo que “los diputados no tienen voluntad política para que exista un mecanismo estatal de protección. Además, consideró lamentable que los diputados pretendan aprobar una ley muy acotada cuando en Guanajuato las agresiones a periodistas van en aumento.

En este sentido advirtió que “el Congreso ha sido negligente; piensan que estamos jugando y no hay una ley que nos proteja –aseguró la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez–. Si el Legislativo aprueba una ley de vanguardia, con una política pública que garantice el libre ejercicio del periodismo y el trabajo de los defensores, habrá valido la pena la espera, pero si no incluye las aportaciones de comunicadores y activistas, será rechazada”.

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