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(02 de Mayo, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” manifestó su preocupación ante la estrategia implementada por empleados mineros para enfrentar a campesinos del ejido Ricardo Flores Magón, municipio de Chicomuselo, en Chiapas, quienes se opongan a la actividad minera.
El Comité de Derechos Humanos tuvo conocimiento que el domingo pasado a las 4:00 horas de la tarde, se presentó el señor Alfonso Alarcón ante un grupo de ejidatarios y pobladores de dicho ejido, para informar que actualmente tiene concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo y que pretende explotar en los próximos meses si la comunidad lo apoya en facilitarles el paso por su territorio.
“Toda vez que en la inmediaciones de este poblado se encuentra la carretera que conduce al Ejido Grecia del mismo municipio, y es el lugar donde hasta el año 2009 la canadiense Blak Fire mantuvo extrayendo el mineral conocido como Barita y que hasta la fecha se encuentra suspendido”, explica el Comité.
A cambio del permiso de paso la persona ofreció regalos para el día del niño y 50 mil pesos para que la comunidad “festeje el 10 de mayo, día de las madres”, además de esto ofreció la construcción de obras sociales como son: agua potable, clínica, Cobach,(Colegio de Bachilleres) entre otros.
Ante unas 70 personas solicitó que para lograr estas obras para su comunidad deberán apoyar firmando un acta de acuerdos donde le permiten el paso que deberá estar sellado por un notario público, además solicitó nombrar una comisión de personas que se encargue de protegerlo en su paso por las comunidades de cualquier imprevisto.
Cabe señalar que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomuselo por proyectos mineros inició en el año 2008 ante las afectaciones ambientales ocasionado por la minera canadiense Blak Fire, y actualmente se han organizado como sociedad civil para realizar operativos de vigilancia para detener la entrada de empresas mineras.
Es así como de aceptarse la propuesta se estaría promoviendo un enfrentamiento entre campesinos que podía terminar en un problema mayor, denunció el Comité de Derechos Humanos.
Esto sucede a poco más de un mes que fue retenido en la misma comunidad de Flores Magón el empresario Eduardo Cleofás Trujillo Tovar por parte de habitantes inconformes con la actividad minera y a la vez fueron amenazados de muerte con arma de fuego por el guardaespaldas de éste, de nombre Isidro López Alvarado.
“Es importante señalar que ante el abandono gubernamental en las comunidades los empresarios mineros aprovechan para promover servicios sociales a cambio de que acepten el proyecto minero, dejando a un lado la responsabilidad del estado”.
En diversas ocasiones este Comité de Derechos Humanos ha insistido a los distintos niveles de gobierno su intervención en la problemática, toda vez que la actividad minera sigue provocando la división en algunas comunidades e incrementando el riesgo de un enfrentamiento entre campesinos.
Por todo lo anterior, es que nuevamente han solicitado al gobierno estatal el cumplimiento de los acuerdos firmados entre Comisariados Ejidales, ejidatarios inconformes y dependencias involucradas a fin de lograr el restablecimiento de la paz social en el municipio.
Ya que reiteran, es el Estado quien tiene la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos plasmados en normas nacionales e internacionales.
Además, agregan, de garantizar la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y país.
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