“No a la Ley de Seguridad Interior; México se ha convertido en un cementerio clandestino. Somos un país en luto”: Frayba

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(07 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (Frayba), al igual que otras organizaciones de la sociedad civil, desde hace varios años han denunciado de manera puntual las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas, a consecuencia de su ocupación militar en el territorio de Chiapas y México.

“Esta ocupación, representa la expresión de un gobierno civil que ha fallado en su acción de gobernar. Es por ello que consideramos un grave error las propuestas de legislar la Ley de Seguridad Interior, que de principio anuncia la profundización de violaciones de derechos humanos en el país bajo el paradigma de guerra”, señala la organización.

En la historia reciente, desde enero de 1994, las actividades militares en Chiapas han significado la ocupación del territorio sobre todo en los municipios de la Selva, Altos, Frontera y Costa.

Señalan que la implementación de bases de operaciones mixtas, las incursiones militares en territorio de los pueblos originarios, así como retenes militares, aún están presentes en diversas carreteras y caminos del estado. “Esto constituye violaciones a los derechos humanos de manera cotidiana y permanente”.

“Con la presencia de las Fuerzas Armadas en lógica de guerra, se aplicó de facto el estado de excepción que es la implementación de la estrategia de contrainsurgencia en un despliegue táctico territorial llamado ‘el yunque y el martillo’.

Esta ocupación militar se dio con el objetivo de cercar el territorio del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), acción definida en el Plan de Campaña Chiapas 94, manual de contrainsurgencia de la Secretaria de la Defensa Nacional; situación que generó crímenes de lesa humanidad que hoy en día se mantienen en la impunidad”.

Posteriormente fue la lógica de la guerra en otras dimensiones, bajo la política belicista del gobierno mexicano de ocupar el territorio mexicano de norte a sur, con el argumento de combatir al crimen organizado. En consecuencia el país se ha convertido en un cementerio clandestino, con cientos de personas ejecutadas y al menos 30 mil personas desaparecidas. Somos un país en luto, señala Frayba.

“Hace poco más de diez años el Estado mexicano tomó la decisión de enfrentar los serios y muy graves problemas de inseguridad, criminalidad y violencia recurriendo a sus Fuerzas Armadas, en razón de la credibilidad de las mismas y la debilidad estructural de las corporaciones civiles.

Dicha decisión no atendió una de las principales preocupaciones de los organismos internacionales de derechos humanos: la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad que incumben exclusivamente a las autoridades civiles.

De manera constante se ha dicho que las Fuerzas Armadas carecen de la formación y especialización funcional adecuada para combatir la inseguridad y la violencia de manera eficiente y con estricto apego a los derechos humanos”.

Para el Frayba, la legislación e implementación de una Ley de Seguridad Interior es apostarle a la continuidad de la violencia y aumentar la crisis de derechos humanos, tal como lo han advertido organizaciones de los derechos humanos, académicos, víctimas y sobrevivientes de esta absurda guerra que está fracturando a comunidades y pueblos en el territorio mexicano.

A esto hay que añadir un factor de grave preocupación y es que las iniciativas pretenden ampliar, todavía más, las formas en las que podemos ser objeto de espionaje en nuestro país y dar las condiciones jurídicas para la implementación de un régimen totalitario y dictatorial, explica la organización.

Por lo que se unen a las voces internacionales que han manifestado que la presencia del Ejército en seguridad pública refuerza la idea errónea de que las Fuerzas Armadas son idóneas para resolver los problemas de seguridad pública, cuando al contrario, dicha función corresponde estrictamente a las fuerzas civiles.

El Frayba hace un enérgico llamado al Congreso de Unión, para que cualquier propuesta legislativa en materia de seguridad pública se base en el respeto a los derechos fundamentales, se ciña a las recomendaciones, resoluciones y sentencias de organismos internacionales de derechos humanos, para evitar la profundización de la impunidad y la generación de graves crímenes de lesa humanidad cometidas por las Fuerzas Armadas.

“La aprobación de una Ley de Seguridad Interior, en los términos que proponen los legisladores marcará un signo más de este gobierno represor y autoritario”, puntualiza.

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