miércoles, 5 de abril de 2017

Mientras se discute Ley General sobre desaparición forzada, Estado Mexicano niega justicia a miles de víctimas: ONG’S

Mientras se discute Ley General sobre desaparición forzada, Estado Mexicano niega justicia a miles de víctimas: ONG’S
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(05 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “A casi tres años que se reformó el artículo 73 constitucional, México sigue sin contar con una Ley General en materia de desaparición forzada. El Senado y la Cámara de Diputados han incumplido, hasta la fecha, con el mandato constitucional, aunque justo es decir que, como Estado mexicano, la deuda legislativa lleva por lo menos 18 años, cuando la exigencia de una ley contra las desapariciones forzadas se escuchó por primera vez en voz de familiares y organizaciones de víctimas de desaparición forzada”, denuncian las organizaciones que conforman la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México.
En el 2010, como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, retomó la exigencia de una Ley contra la desaparición forzada, y redactó una propuesta de Ley en el 2012 que culminó en 2015 cuando fue presentada en el Senado y en el 2016 en la Cámara de Diputados.
“Proceso que llevó a cuestas tres años de sistematizar diversas experiencias de lucha, de estudio, debate y consenso con las víctimas y organizaciones que desde el 2012 creyeron que era necesario elaborar una propuesta desde las víctimas y desde las organizaciones de derechos humanos y populares.
Llevábamos 5 años exigiendo una Ley General contra la desaparición forzada cuando en el 2015 la reforma al artículo 73 permitió que se pudiera legislar una Ley General en la materia, lo cual saludamos al igual que el interés de muchas víctimas y organizaciones de derechos humanos de sumarse en ese año a la exigencia de una Ley General.
La propuesta de Ley General de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada tiene como objetivo: Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición cometida por particulares”, señalan.
La campaña asevera que existe una clara participación del Estado en la comisión de la desaparición forzada, la cual reiteran “es un crimen de Estado y una grave violación a los derechos humanos, así como una política que muestra generalidad y sistematicidad, la cual se convierte por lo anterior en un crimen contra la humanidad”.
Señalan que, las desapariciones forzadas son cometidas por corporaciones policiacas o militares y en muchos de los casos se cometen a través de particulares, llámese crimen organizado, guardias privadas o civiles armados que actúan bajo el mandato, consentimiento o aquiescencia del Estado.
“Sin embargo, la estrategia del Estado ha sido diluir su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas, sosteniendo la falsa idea de que la mayoría de las desapariciones forzadas son realizadas por particulares sin relación con el Estado, en este sentido una de las formas de eludir su responsabilidad ha sido desdibujar la desaparición forzada de la Ley General y tratar de meter en la Ley General, delitos como secuestro y trata de personas.
Los cuales son graves y deben ser sancionados pero que no corresponden a la naturaleza de la ley general) y figuras que no constituyen ni una violación de derechos humanos ni un delito como el término de personas no localizadas, extraviadas o ausentes (las cuales no corresponden a la naturaleza específica de la desaparición forzada) lo cual no solamente contraviene el mandato de la Ley General establecido en la reforma al artículo 73, sino que también va en contra de lo que establece la Convención Internacional para protección de todas la personas contra las desapariciones forzada de la ONU y lo que establece el Comité y el Grupo contra la desaparición forzada, en las cuales se menciona que dada la naturaleza de la desaparición forzada tiene que haber una legislación específica en la materia”.
Como Campaña han pugnado porque la búsqueda sea a la par que la investigación, es decir que no debe estar separada de manera tajante la búsqueda y localización de las víctimas con la sanción a los responsables. Informan que la ley General debe garantizar el derecho a la verdad que implica conocer el paradero real de las víctimas, quiénes fueron los perpetradores, las razones de la desaparición forzada, los facilitadores y los beneficiarios de esta grave violación a los derechos humanos, así como garantizar el derecho a la justicia que implica la investigación y la sanción a los responsables intelectuales y materiales.
Aeguran que, como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada seguiremos exigiendo al Estado mexicano que cumpla con las demandas de las víctimas ; que la Ley General se apegue al más alto estándar internacional en materia de derechos humanos, que se presente con vida a las víctimas de desaparición forzada y que se castigue a los autores materiales e intelectuales de esta grave violación a los derechos humanos.
“El pretexto del gobierno federal de no contar con recursos para implementar la Ley General que se propone desde las víctimas y organizaciones sólo muestra su falta de voluntad política para no dar pasos firmes en la erradicación de la desaparición forzada.
El argumento que el gobierno no va a hacer ni implementar nada más allá de lo que actualmente está haciendo (que ha sido nada en materia de verdad y justicia) no sólo nos indica que realmente no está preocupados en atender la grave problemática de las desapariciones forzadas en México sino es un mensaje de impunidad para los perpetradores de dichas desapariciones”, denuncian.

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