Edomex: gana Delfina primer round; Del Mazo IV, caballero de pacotilla; corrupción hunde a Vázquez Mota

Edomex: gana Delfina primer round; Del Mazo IV, caballero de pacotilla; corrupción hunde a Vázquez Mota
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De existir el imperio de la ley en México, el candidato de la coalición encabezada por el PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, estaría descalificado para participar en la contienda del próximo 4 de junio. Los miles de millones de pesos del presupuesto federal y estatal volcados a su campaña deberían obligar a las autoridades electorales a anular su candidatura. El primazo del presidente Enrique Peña Nieto sólo cuenta con la decisión del grupo Atlacomulco, hoy en el poder federal, de no perder el control en la entidad mexiquense, cueste lo que cueste. No tiene cualidades políticas, ni tablas, ni presencia para ser mandatario de la segunda entidad más importante del país. Así se exhibió durante el primer debate televisivo entre los cuatro principales candidatos a la gubernatura mexiquense, donde se constató que la abanderada de Morena, Delfina Gómez es la puntera: sus competidores se enfocaron en atacarla para intentar bajarla en la intención del voto, la cual encabeza holgadamente.
Un remoto y poco probable triunfo de Del Mazo sería amañado, ilegal, ilegitimo e inmoral. En esta elección, los candidatos a gobernador tienen un tope de gastos de campaña de 285 millones de pesos. Hasta el momento, y desde que Peña Nieto decidió hacer gobernador a su primo, autoridades federales y estatales han repartido al menos 500 millones de pesos en monederos electrónicos, computadoras, despensas y otras dádivas. Esta cuantificación se hace tan sólo a partir de los propios datos divulgados por el gobierno mexiquense en las giras donde el gobernador Eruviel Ávila estuvo acompañado por funcionarios federales.
Pero existen otros beneficios no cuantificados por nadie: la afiliación de 360 mil mexiquenses a programas como Prospera; la entrega de 23 mil computadoras portátiles, 13 mil créditos para ampliación de vivienda y 4 millones de vales para estudios de laboratorio, entre otros. Además, en el último semestre, el gobierno federal y el mexiquense han entregado obras de infraestructura en la entidad por 6 mil 765 millones de pesos. Tan sólo lo anterior, es motivo suficiente para la anulación de su postulación en una democracia funcional y donde imperará el Estado de Derecho.
Existen grandes diferencias en las formas de pensamiento, en los objetivos, en las expresiones y, por supuesto en la autenticidad de los aspirantes a gobernar el Estado de México. Alfredo del Mazo IV no evita demostrar se siente galán y ha sido entrenado para las cámaras, para fingir, para la actuación cuando se busca el voto. Todos y cada uno de sus movimientos es revelador de la farsa montada para engañar a los mexiquenses… otra vez. El trato hacia las mujeres ahí presentes fue de patán. El ser adversarias políticas no justifica el lenguaje utilizado hacia sus personas. Ni Delfina Gómez ni Josefina Vázquez Mota, le valieron un solo rasgo de caballerosidad a semejante espécimen adiestrado para hacer valer referencias estéticas por encima de valores y capacidades buscadas en los políticos con aspiraciones de gobernantes. El Ayuntamiento encabezado por otro miembro de la dinastía Atlacomulco es Huixquilucan cuyos habitantes son propietarios de grandes mansiones, es colindante con la capital del país y cuenta con todos los servicios públicos y la vigilancia privada y pública necesaria y no por su labor como alcalde sino por el grado de influencia de quienes ahí viven.
Así, mientras que Del Mazo y la propia Vázquez Mota dieron una clara muestra de las mañas aprendidas para lograr el voto, tanto Delfina Gómez de Morena como el perredista Juan Zepeda, se manejaron auténticos. Doña Josefina, por si no se recuerda, estuvo nominada como candidata a la presidencia en pago al manejo y registro de mexicanos en el programa de dádivas de la Sedesol. Ha sido desde siempre consentida con nombramientos encabezando dependencias del primer círculo del gabinete presidencial en los tiempos panistas. Primero como titular de la SEP, gestión en la cual no dejó ninguna huella y sí suficientes chismes y contraposiciones con otros sectores como el Sindicato de Maestros. La única incursión en busca del respaldo popular, del voto, resultó un fracaso. Es a vistas de muchos ciudadanos una perdedora, eso sí, millonaria y con capacidad todavía de influir en las filas de su partido.
Delfina Gómez tuvo bajo su responsabilidad un municipio con características muy especiales y por supuesto problemáticas. En Texcoco durante muchos años se asentaron empresas fabricantes de quesos, cremas, la existencia de terrenos para la crianza de vacas y por lo tanto productoras de leche, le dieron durante décadas ubicación negada a la educación y con niños, con menores de edad, formaban cuadrillas de trabajadores. Sacar al municipio del rezago le significó otro gran reto. La proliferación de pulquerías y la fama adquirida por la Feria del Caballo no resultaba un incentivo. Netzahualcóyotl es otro punto dentro de la geografía mexiquense en el cual el esfuerzo ciudadano ha sido permanente y su desarrollo, el crecimiento registrado más tiene que ver con los pobladores que con las autoridades municipales. A este lugar asisten quienes pretenden la gubernatura de Oaxaca, un número importante de quienes ahí habitan tiene sus raíces en esa entidad. El abogado Zepeda tuvo también grandes retos al encabezar a ese Ayuntamiento.
AL DAR LA CARA
En el debate organizado el miércoles por Noticieros Televisa, los protagonistas no fueron propiamente los candidatos, sino las acusaciones de corrupción, opacidad y desconocimiento de los problemas de la entidad. Quienes mejor salieron librados fueron precisamente Delfina Gómez de Morena, y Juan Zepeda del PRD; la panista Josefina Vázquez Mota demostró fue postulada para perder y sólo para restarle votos a la oposición; el priísta Alfredo del Mazo fue vapuleado por sus adversarios, particularmente por el ex alcalde de Nezahualcóyotl, a pesar de exhibir el “entrenamiento de medios” al cual ha sido sometido para actuar frente a las cámaras y mostrar su mejor rostro.
Sin capital político en la dirigencia nacional de su partido, con Enrique Ochoa Reza, Del Mazo se comprometió a que ningún funcionario del gobierno federal, incluido su primo, visiten al Estado de México durante el resto de la campaña; a cambio pidió a la puntera, Delfina Gómez, se comprometa a pedirle a Andrés Manuel López Obrador tampoco vaya a la entidad; y a Josefina Vázquez Mota, haga lo propio con Ricardo Anaya. Lo tramposo de la propuesta fue evidente: él no tiene respaldo real en Ochoa Reza, mientras Delfina si en el principal dirigente opositor del país y puntero en las encuestas hacia la Presidencia de la República en el 2018. La candidata de Morena no se enganchó en esta trampa y la rechazó abiertamente: Hasta la desprestigiada Vázquez Mota logra mayor respaldo en Anaya.
La candidata de Morena centró su intervención en el combate a la pobreza en la entidad donde viven 8 millones de personas en esa condición y la mitad de estos habitantes sobreviven en condiciones miserables. “Esto obedece a una mala administración de gobernantes que no generan empleo y se han dedicado a ensancharse el bolsillo a costa del sufrimiento de los mexiquense”, comentó Delfina Gómez. También el candidato del PRD, Juan Zepeda, criticó que actualmente siete de cada diez familias viven con cinco mil pesos al mes. “Es lamentable como los gobiernos priístas no han invertido un solo peso para mejorar la movilidad de las familias mexiquenses, que ganan poco y tienen que gastar 30% de sus ingresos en trasladarse diariamente a sus lugares de trabajo”.
Poco pudo debatir en esta materia Del Mazo, quien se concentró en prometer hacer más obras de infraestructura en la entidad, en lo suyo, pues, los negocios (construcción de tres rutas más de Mexibús, así como la ampliación de los Mexicables). Vázquez Mota no logró concretar propuestas creíbles en la materia dados sus antecedentes en el gobierno de Felipe Calderón.
Tema relevante sin duda fue la inseguridad en la cual está hundida la entidad mexiquense. Ésta provocó ataques entre los participantes en el debate. La panista Vázquez Mota se lanzó infructuosamente al cuello de Delfina Gómez y cuestionó su labor al frente del municipio de Texcoco. Incluso en varias ocasiones y con un lenguaje poco apropiado para quien luce una blusa de 400 dólares y un traje de marca, acusó a la ex alcaldesa de llevar a su municipalidad al primer lugar en secuestros, tema eminentemente federal y del cual los panistas no han logrado erradicar los calificativos en su contra.
Gómez la eludió elegantemente: “¿Quién más que la ciudadanía me puede evaluar?, fuimos un equipo que trabajó, nosotros tuvimos buenas observaciones de las instituciones que nos evaluaron, hubo muy buenas notas”. La abanderada de Morena se enfocó en el tema de los feminicidios y propuso declarar la alerta de género en los 125 municipios.
A su vez, Juan Zepeda le dio un repaso a Alfredo del Mazo. Presumió haber logrado en Netzahualcóyotl, durante su gestión como alcalde, reducir en un 63% el índice delictivo, mediante el modelo de policía vecinal. “Si hacemos una comparación, cuando Alfredo del Mazo gobernó Huixquilucan hubo mil 825 delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Neza se registraron 822 por cada 100 mil habitantes”. Zepeda dijo él vivió en carne propia el alto índice delictivo mexiquense, cuando le robaron su camioneta en un asalto a mano armada en 2011. Precisó presentó su denuncia ante el MP, lo que aprovechó Alfredo del Mazo para resaltar que el perredista fue asaltado en Nezahualcóyotl. Ahí lo atrapó el perredista: “¡qué bueno que te enganchaste, Alfredo! porque ¿quién crees que gobernaba Neza cuando me asaltaron? El PRI. Eso muestra tu absoluto desconocimiento del movimiento político del estado”.
Y en el tema de corrupción, fueron barridos tanto la panista Josefina Vázquez Mota como el priísta Alfredo del Mazo. Delfina Gómez ni siquiera fue tocada y salió victoriosa. El perredista Juan Zepeda se lanzó contra los gobiernos priístas y destacó lo escándalos a los que se ha enfrentado el presidente Peña Nieto y su equipo de trabajo. “Parece que estamos en el país de las cosas que no se pueden explicar: vemos al candidato del PRI hablando de honestidad cuando tenemos la Casa Blanca, la relación entre el gobierno y Grupo Higa y los múltiples negocios familiares de políticos en el Estado de México”. Las acusaciones también se dirigieron a la ex candidata presidencial del PAN: “en materia de corrupción la candidata del PAN no ha podido contestar un escándalo de lavado de dinero que involucra a su familia, esto agravia a la ciudadanía, ni tampoco los millones de pesos que recibió la iniciativa de migrantes que encabezó, Juntos Podemos”.
Josefina intentó responder: “Que pena Juan, que hayas decidido ser la comparsa de esta camarilla a través de mentiras”. Pero el revire fue peor: “Quien está mintiendo eres tú –respondió Zepeda-. Sabes que la Auditoría Superior de la Federación sólo hizo una auditoría administrativa de las metas de Juntos Podemos, por eso sería difícil poner en tus manos un gobierno dados tus antecedentes”. Delfina solamente los contemplaba. Antes expuso era inexperta, no sabía, no conocía… de corruptelas, negociaciones, tratos en lo oscurito. Pero en cuanto a las acciones de gobierno contaba con pruebas de eficiencia.
IMPUNIDAD SOBRE TODO
La red de complicidades para encubrir los casos de corrupción en México es tan amplia y densa que abarca a los tres poderes de la Unión en México. El escándalo internacional de Odebrecht es el mejor ejemplo de ello. En países como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y otras naciones, se ha difundido información de los funcionarios que recibieron sobornos de esa compañía para conseguir contratos de obras de petroquímica. Pero en México, la Procuraduría General de la República, a cargo de Raúl Cervantes, quien hace unas horas ocupó la silla vacante de Fiscal Anticorrupción, reservó hasta por un periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con este caso en el cual están involucrados presuntamente 10 ex altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes fueron sobornados para beneficiar a la empresa brasileña y su subsidiaria Braskem, compañías a las cuales se les asignó el complejo petroquímico de polietileno Etileno XXI, cuya planta entró en operación en 2016.
Tras una información pública presentada por un particular, la PGR negó cualquier documento relacionado que acredite el pago de sobornos a funcionarios mexicanos por largos cinco años. Esa dependencia, encargada supuestamente de procurar justicia en el país, respondió mediante el oficio PGR/UTAG/01304/2017: “Las expresiones documentales solicitadas (…) se encuentran clasificadas como reservadas”, acorde con lo establecido en los artículos 99 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 34 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, “así como para la elaboración de versiones (…) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, podría permanecer con tal carácter hasta por cinco años”.,
Mientras en nuestro país se encubren unos a otros en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en otros países los sobornos se ventilan. En Perú fue detenido Edwin Luyo, ex presidente del comité de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, por haber recibido más de 8 millones de dólares por asignar obra a Odebrecht; en Colombia, fue detenido el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, por aceptar un soborno de 6.5 millones de dólares, cantidad que valió le asignara a la empresa brasileña un tramo carretero de 500 kilómetros.
El escándalo se detonó desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre pasado, cuando directivos de Odebrecht admitieron haber entregado sobornos a funcionarios de Venezuela, Perú, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Guatemala, además de Mozambique, Panamá, República Dominicana, entre otras, a fin de que se les asignaran contratos de obra pública.
CONTRATOS DE PEMEX CON ODEBRECHT
Se han identificado entre 15 y 19 contratos de Pemex con Odebrecht en la Cámara de Diputados, pero los grupos parlamentarios no han podido conocer su contenido. Al escribir estas líneas se analizaba un punto de acuerdo para pedir a los gobiernos federal y estatales la rescisión de contratos con la empresa brasileña y sus filiales. Los legisladores tienen conocimiento de los siete contratos más importantes de Pemex con Odebrecht, por 6 mil 119 millones de dólares, firmados tanto por la actual administración de Enrique Peña Nieto como en los dos gobiernos anteriores del PAN, el de Vicente Fox y de Felipe Calderón.
Uno de los más cuantiosos, no sólo en México, sino en diversos países, es el conocido como Etileno XXI, firmado por 2 mil 500 millones de dólares para la creación de una planta de etileno en Coatzacoalcos, Veracruz. Otros contratos ubicados son Refinería Minatitlán, Veracruz, por 289.5 millones de dólares; Refinería de Tula, Hidalgo, por mil 055 millones de dólares, y Refinería de Salamanca, Guanajuato, por 85.2 millones de dólares. También Gasoducto Los Ramones, segunda etapa Nuevo León-San Luis Potosí, de mil 200 millones de dólares; Gasoducto Transfronterizo Quetzal, México-Guatemala, por 800 millones de dólares; y Presa Francisco J. Mújica, planta de energía eléctrica en Michoacán, por 190 millones de dólares.
De acuerdo con Rocío Nahle, coordinadora de Morena, al menos siete ex funcionarios deben ser llamados a cuentas como posibles receptores de sobornos de Odebrecht, empezando por el ex presidente Felipe Calderón: Jordi Herrera, ex director de Pemex-Gas; Rafael Beverido Lomelí, ex director de Pemex Petroquímica; y los ex directores generales de Pemex, Luis Ramírez Corso y Juan José Suárez Coppel. Y de la actual administración: el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y Miguel Tame, ex director de Producción de Transformación Industrial de Pemex.
El punto de acuerdo señala: “La Cámara de Diputados del Congreso solicita a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos y a sus empresas subsidiarias y filiales, y a los gobiernos de los Estados de Veracruz, Hidalgo y Guanajuato a que, en el ámbito de sus atribuciones rescindan todas las concesiones, los contratos y los proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgadas a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y sus subsidiarias, en virtud de las denuncias de corrupción presentadas en su contra y en los que están involucrados servidores públicos mexicanos”.
El dictamen es de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y solicita también a la Secretaría de la Función Pública que dé la lista de contratos que haya identificado hasta la fecha entre la empresa, sus filiales o subsidiarias con cualquier ente de la Administración Pública Federal; propone instruir a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar las investigaciones correspondientes, para revisar la legalidad de los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y asociaciones públicas y privadas en las que estén participando las empresas Odebrecht.

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