Ante grave aumento de feminicidios en Chiapas, ONG denuncia irresponsabilidad de Velasco Coello para atender AVG

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(27 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado viernes 21 de abril una representación de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas asistió a la reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) realizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres en el estado.

Dada la gravedad por el incremento de actos violentos y feminicidios en Chiapas, la Campaña decidió dar a conocer las valoraciones con respecto al nivel de cumplimiento que han observado como Campaña a más de 5 meses de haberse declarado la Alerta de Género por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Entre éstas resalta que pese a los compromisos adquiridos por las instituciones del gobierno estatal y federal para la implementación de acciones inmediatas para atender la AVG, señalan “la falta de compromiso en acciones claras y contundentes para atender las múltiples denuncias presentadas por hechos de violencia y feminicidio hacia las mujeres en las distintas regiones de Chiapas”.

También expresaron su desacuerdo en torno a no incorporar de manera oportuna y completa las observaciones que han hecho tanto las organizaciones peticionarias de la AVG como las que integran la Campaña Popular.

“Lamentamos la falta de interés y ausencia del gobernador, Manuel Velasco Coello, y funcionarios con capacidad de decisión al no asistir a esta reunión ordinaria del GIM programada con suficiente antelación dada la importancia de atender el tema en el estado ordenado por la federación.

Denunciamos que a más de 5 meses de la Declaratoria de AVG no se han instalado las mesas de atención de casos, salud y coordinación de municipios pesé a la urgente necesidad de atender los eventos de violencia contra las mujeres que se siguen sumando en la entidad”, denunciaron.

Sorprende a las organizaciones, que la desarticulación entre dependencias del gobierno estatal y entre los representantes de los 
siete municipios que presentaron programas de trabajo ya que no constituye acción estratégica para atender los problemas de fondo pero tampoco para resolver las emergencias que se están demandando, denunciaron.

Además, exigieron que se observe “la posible instrumentalización y desvío de fondos en la realización de diagnósticos previos y creación de protocolos institucionales a nivel estatal cuando ya existen ordenamientos claramente establecidos en el Informe de la AVG y la Norma 046, por citar un par de ejemplos”, señalaron.

Pese a que la AVG fue declarada para siete municipios de Chiapas y todos los de la Zona Altos (16 localidades), “nos preocupa la ausencia de todos los municipios de esta zona demostrando el desinterés y discriminación de integrar a estas localidades con presencia de pueblos indígenas dejando el vacío de posibles acciones orientadas a estas comunidades”.

Además, ven con preocupación la falta de transparencia y compromiso al no estar representadas instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la asignación de recursos que garanticen la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo en Chiapas, informaron.

También reprocharon la declaratoria parcial de AVG para 23 municipios, la cual informan, “omite las graves violaciones a derechos humanos de las mujeres que se están cometiendo en el resto de municipios de la entidad que no fueron consideradas como parte de la Declaratoria; siendo esta una oportunidad para que el gobierno estatal reconozca y atienda de manera integral el alto costo humano que representa la violencia especifica, en todas sus formas, contra las mujeres en Chiapas”.

Es por lo anterior que a la Campaña, “nos preocupa que pese al grave incremento de violencia contra las mujeres y los feminicidios en Chiapas, la autoridad asista sólo por cumplir con estas reuniones que son de carácter político, vital para atender la violencia directa y estructural que miles de mujeres denunciamos en esta entidad.

Reprobamos el uso y abuso que el gobierno estatal, servidores públicos y personas de la política interna hacen de los recursos públicos para instrumentalizar a mujeres beneficiarias de programas asistenciales, como el Prospera, para fines político electorales violentando su derecho a decidir y participar libremente sin condicionamiento alguno”.

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